La reforma de mayor impacto fiscal y probablemente político, de los últimos años, fue aprobada por una mayoría aplastante la noche de este lunes en la Cámara de Representante.
No hubo sorpresas, con 134 votos por el sí y 2 por el no se aprobó la iniciativa que aumenta progresivamente, en 15 puntos porcentuales la plata que la Nación les gira a las regiones, en un periodo de 12 años, y que ha encendido las alarmas de técnicos y las calificadoras de riesgos internacionales.
Se trata de un proyecto que congregó a toda la clase política del país, que dividió al Gobierno entre el sector técnico – encabezado por el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla- y el político liderado por Juan Fernando Cristo (por el que finalmente tomó partido el presidente Gustavo Petro)y que modifica el Sistema General de Participaciones (SGP), una iniciativa que pasó desapercibido en sus primeros cinco debates, pero que ha tenido todos los reflectores en su recta final.
En la Cámara se repitió lo que ya se vivió en Senado, una votación aplastante en favor de la iniciativa que ya venía siendo promovida por el ministro Cristo, desde antes de llegar al Gobierno y que tenía el apoyo de la mayoría de gobernadores del país.
Ahora se viene la conciliación con el texto del Senado. Pero su entrada en vigor dependerá de una ley de competencias que deberá tramitarse máximo en dos años (ver nota anexa).
Juan Fernando Cristo en el debate de la reforma al SGP Foto:César Melgarejo. EL TIEMPO
Las advertencias del sector técnico
El ministro Cristo dijo en la plenaria que se había dado un paso trascendental hacia la descentralización en Colombia.
A él se le sumó el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano. “Esto marcará un antes y un después en nuestra Nación. Durante décadas, los municipios y los departamentos han sido relegados a un segundo plano porque no tienen los recursos. La centralización de los recursos y del poder ha generado profundas desigualdades en las regiones. (…) Es necesario destacar que este proyecto no va a quebrar a Colombia. Hay que darles a paso a las entidades territoriales y para ello es necesario disminuir el tamaño del Gobierno central”, señaló
Sin embargo, pese al consenso político las alertas promovidas, desde los sector técnicos advierten el impacto fiscal que la modificación de la trasferencias podría desestabilizar las finanzas de la Nación.
El Banco de la República prevé una reducción del PIB del 12 %, la caída en el consumo privado del 18 %, reducciones de la inversión 2 privada en un 34 % y la imposibilidad de comprar bienes y servicios mediante importaciones con una reducción de estas del 28 %”.
De hecho en la plenaria de este lunes, la representante Katherine Miranda aseguró que es una reforma que desfinancia y que se necesitarían nueve reformas tributarias.
¿Qué busca el proyecto?
El proyecto busca, básicamente, aumentar del 23,8 a 39,5 por ciento los recursos que el Gobierno central les gira cada año a los departamentos de los ingresos corrientes de la Nación, de manera gradual. Según sus autores, este es un paso trascendental para avanzar en la descentralización de Colombia, tal como lo estableció la Constitución Política de 1991. El periodo de transición será de 12 años, a partir del año siguiente a la expedición. Así lo establecen sus tres artículos que fueron aprobados por la mayoría de la Cámara.
Y aunque desde la academia y los gremios han lanzado serias advertencias sobre las consecuencias negativas que la iniciativa podría traer para las finanzas del Estado, congresistas y gobernadores de distintas corrientes se montaron en el bus de esta reforma.
Los gobernadores de Atlántico y Boyacá, Eduardo Verano y Carlos Amaya. Foto:César Melgarejo/ El Tiempo
“Aquí quienes dicen que qué se hará con la plata que les pasen a las regiones deberían preguntarse primero de dónde salen los recursos para pagar el PAE, que era una competencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (…). Ojalá hubiese sido o sea más el porcentaje, pero este proyecto sin duda va a ayudarnos a cumplir una promesa”, dijo por su parte Carlos Amaya, gobernador de Boyacá y presidente de la Federación Nacional de Departamentos.
No en vano es uno de los pocos proyectos en lo que va del actual Congreso que puso a votar en el mismo sentido al Pacto Histórico y al Centro Democrático. Eso lo ha definido el ministro Cristo como el “verdadero acuerdo nacional”.
Para eso primero Cristo libró una batalla de la que salió victorioso en el gabinete. Durante los seis primeros debates, el Ministerio de Hacienda, en cabeza de Ricardo Bonilla, se negó a dar el aval fiscal para la iniciativa y recomendó su archivo. En la misma línea estaba Alexánder López, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Cristo, sin embargo, logró revertir la situación y el propio presidente Gustavo Petro salió a respaldar el proyecto. “He tomado la decisión de apoyar el proyecto de reforma constitucional que adelanta el Congreso al Sistema General de Participaciones, es decir, el dinero de la Nación que va a los municipios”, señaló el mandatario de cara al sexto debate.
Para el respaldo del jefe de Estado fue clave un cambio en la cifra de transferencia. Se bajó del 45 por ciento, como lo establecía el texto original, y se llegó a un acuerdo del 39,5 por ciento. Sin embargo, voces como la senadora Angélica Lozano señalaban que debía ser del 36 por ciento, pero su propuesta fue derrotada en el sexto debate. Hubo proposiciones en ese sentido ayer, pero fueron derrotadas por las mayorías.
Carlos Ardila, representante liberal Foto:César Melgarejo. EL TIEMPO
Las voces a favor y en contra de la reforma al Sistema General de Participaciones
Si bien desde el inicio de la discusión había buen ambiente, y las mayorías eran sólidas, no faltó la controversia. “Tenemos una deuda histórica con departamentos y municipios. En la Constitución del 91 fuimos generosos en materia de descentralización. Partimos del principio de que ese modelo centralista era un verdadero fracaso. Siempre se dijo que debíamos tener una mayor autonomía en las regiones para de esa manera corregir una desigualdad que existe en los territorios”, aseveró el representante liberal Carlos Ardila, ponente del proyecto. Mientras que la representante de Alianza Verde, Katherine Miranda, quien presentó su ponencia de archivo, la cual fue derrotada, insistió en que el proyecto es irresponsable.
La representante Katherine Miranda. Foto:César Melgarejo/ El Tiempo
“El presupuesto para el próximo año será de 523 billones de pesos ¿y saben en cuánto va a ser inflexible? En un 91 por ciento. Y nos echan el cuento de que van a generar una ley de competencias. ¿Saben cuáles son las competencias que le van a terminar transfiriendo a los territorios? Que terminen pagando la deuda externa, pensiones, defensa y seguridad, eso es lo que van a transferir, porque si no se necesitarían 9 reformas tributarias”, opinó Miranda, quien además reclamó el aval fiscal y recordó que la Corte Constitucional tumbó la ley que creó el Ministerio de la Igualdad por no cumplir con ese requisito.
Su compañera de bancada Catherine Juvinao cuestionó el umbral de 39,5 por ciento. Dijo que fue “sacado de la manga” y no tenía sustento. Por eso propuso el 37 por ciento, pero fue derrotada.
Hay un buen ambiente para la conciliación
Tras ser aprobado el proyecto de reforma del Sistema General de Participaciones (SGP) en la plenaria de la Cámara de Representantes, se espera que en las próximas dos semanas se lleve a cabo la conciliación con el texto aprobado en el Senado. Para ello, ambas corporaciones designarán un grupo de congresistas, quienes se encargarán de unificar los textos. Hay que tener en cuenta que en ese trámite no se puede cambiar ni una coma.
Por lo general, las conciliaciones son un procedimiento que no tiene mayores complicaciones y, en esta ocasión, la votación de ayer deja claro que la iniciativa tendría las mayorías para votar a favor de un texto definitivo. Eso sí, debe estar listo antes del 16 de diciembre, pues al tratarse de una reforma constitucional no puede ser discutida en sesiones extraordinarias. Si no hay un texto conciliado para esa fecha, el proyecto se hunde por falta de trámite.
Varios gobernadores llegaron a acompañar el último debate de la reforma al SGP. Foto:César Melgarejo/ El Tiempo
Es importante destacar que dicho paso no significaría que la reforma entre en vigor, pues será necesaria una ley de competencias. Según el proyecto, en los dos siguientes años después de aprobado el acto legislativo se deberá tramitar dicha norma. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ha insistido en este punto, por lo que la ley es clave, aunque poco se ha hablado de su articulado porque primero se debía aprobar el acto legislativo.
En esta norma, que podría ser radicada en febrero –anoche se discutía si el plazo máximo para presentarla era de 6 o 12 meses–, se dejará claro cuáles serán las funciones de la Nación que se trasladan a las regiones. Incluso, se habla de que desaparecerían algunas entidades que hoy dependen del Gobierno Nacional. “El Congreso tendrá que expedir una ley de competencias que transfiera a departamentos y municipios muchas de las responsabilidades que hoy tiene el Estado central y no ha sido capaz de cumplir. De eso se trata la autonomía territorial. Lo otro es seguir con el mismo centralismo exacerbado que fracasó”, señaló el ministro Cristo.
Al respecto, el representante liberal Carlos Ardila, ponente de la reforma, dijo que si se promulga la norma requerida en un periodo de dos años, el nuevo SGP arranca en 2027. “Con eso quitamos varios temores y fantasmas que han venido rondando en la discusión, como que haremos que el nivel central no vaya a poder cumplir. La ley de competencias le dice al nivel central que tiene que adelgazar”, sostuvo. “Lo que haga el territorio no tiene por qué hacerlo la Nación”, añadió.
JUAN PABLO PENAGOS Y MATEO GARCÍA
Redacción Política