Corte Constitucional estudia objeción presidencial a ley que garantiza fecundación in vitro – Cortes – Justicia


Este miércoles, la Corte Constitucional estudiará un tema clave para quienes siguen buscando tratamientos de fertilidad. Esos procedimientos aún son negados por las EPS pues hace más de un año en el Congreso se cayó la ley Sara, que creaba una regulación para tratar la infetilidad, y garantizaba el acceso a servicio de salud como la fecundación in vitro, con cargo a los recursos públicos. 

La Sala Plena de la Corte estudiará si acepta o no la objeción presidencial que el pasado gobierno de Juan Manuel Santos hizo a esa ley. La ponencia en este caso la tiene la magistrada Cristina Pardo Schlesinger. 

En su negativa a promulgar la norma, el pasado Gobierno dijo que si se permitía que la fecundación in vitro o la inseminación artificial se pagaran con recursos públicos, esto podría costarle unos 13 billones de pesos anuales al erario, un 32,5 por ciento de lo que se destina en un año para financiar todo el sistema de salud. 

Estos procedimientos siguen siendo reclamados por unas 235.914 parejas infértiles y, según un estudio del Ministerio de Hacienda, al menos 52.609 de esas parejas están clasificadas en estrato 1, por lo que sería esta población la que no tendría con qué sufragar esos servicios de salud. 

En el país hay 235.914 parejas infértiles. Garantizar sus tratamientos de fertilidad costaría 13 billones de pesos al año

A la Corte le han llegado varios conceptos claves. Como lo reveló este diario el pasado 15 de septiembre, uno de ellos es el del actual ministro de Salud, Juan Pablo Uribe Restrepo, quien le dijo al alto tribunal que está de acuerdo con las objeciones que la administración pasada le hizo al proyecto.

A juicio del Ministro, no es constitucional ordenar que se garanticen los tratamientos, técnicas y terapias de reproducción asistida con recursos públicos, ya que el Ministerio de Salud los excluyó en la Ley Estatutaria del 2015.

El otro concepto clave conocido por este diario es el de la Procuraduría, que aseguró que la ley Sara es constitucional y se deben tumbar las objeciones presidenciales porque la norma tiene un alcance limitado, que  no se entromete en la capacidad del Minsalud de regular el acceso a dichos tratamientos con una política pública. 

Los ponentes de la ley Sara le han dicho a la Corte que esa norma es necesaria porque en el país hay una regulación insuficiente en la materia, y porque no garantizar estos servicios a parejas sin recursos,  viola sus derechos a la reproducción humana y la salud.

En otro concepto enviado a la Corte, el Ministerio de Hacienda aseguró que la ley Sara se aparta de la ley Estatutaria de Salud del 2015, porque ésta última norma exige que las inclusiones de procedimientos con cargo al erario “surtan un proceso técnico científico, para cada tecnología en salud, proceso que no se ha dado” para los de fertilidad que estaban en la ley Sara. 

Según el Ministerio de Hacienda, el cálculo de los 13 billones sale de lo que costarían los tratamientos para el total de parejas que sufren de infertilidad, es decir las 235.914, porque la salud debe ser progresiva y no se puede limitar sólo para quienes no tienen recursos.

“La progresividad es un criterio para determinar las tecnologías en salud a que tiene derecho la población afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud y no podría entenderse como un esquema de acceso progresivo a ciertos grupos de la población, por ejemplo, primero estrato 1 y progresivamente el resto de estratos“.

¿Podría la corte revivir los tratamientos de fertilidad?

Una reciente decisión del alto tribunal no muestra un panorama favorable para los tratamientos de fertilidad como la inseminación artificial o la fecundación in vitro, pagados con recursos del Estado. 

En una tutela pasada, que también estaba a cargo de la magistrada Cristina Pardo,  la Corte dijo que ni las EPS ni el Estado están obligados a garantizar estos tratamientos en los que no hay una regulación por parte del Congreso.

En esa tutela, la Corte dijo que “la maternidad no genera por sí sola una obligación estatal en materia de fertilidad asistida” y señaló que el Estado se debe abstener de “intervenir en las decisiones relativas a la procreación”, pues sus obligaciones con la maternidad  “no incluyen el deber de suministrar tratamientos que permitan la procreación” con recursos del erario.

En ese caso Pardo dio dos argumentos que han sido polémicos. Primero, dijo que “los avances científicos demuestran que la vida humana empieza con la fecundación, que no hay en la vida naciente una dependencia ontológica respecto de la progenitora, es decir, el cigoto no es una parte de la madre, que esta vida es humana pues no puede ser de otra naturaleza toda vez que su natural desarrollo es el de un ser humano, lo cual impide prácticas ínsitas al procedimiento de fertilización in vitro, como el desecho o la congelación de embriones únicamente para satisfacer el deseo de procrear biológicamente de una persona que por sus condiciones físicas se encuentra en imposibilidad de hacerlo”. 

Los avances científicos demuestran que la vida humana empieza con la fecundación

También dijo que si la Corte busca salvaguardar los valores, principios y reglas “del respeto a la vida del no nacido desde el momento mismo de la concepción, no puede, en sede de revisión, anteponer el anhelo de una mujer a la maternidad al hecho de que el nasciturus es desde la concepción sujeto de derechos, entre ellos el derecho a la vida, presupuesto fáctico de todos los demás”.

La tutela que negó Pardo, en todo caso, se dio en una sala de tres magistrados. Pero ahora las objeciones a la ley Sara se estudiarán en la Sala Plena, lo que mantiene la incertidumbre sobre cuál será la posición de los otros seis magistrados que no votaron en el anterior fallo que negó esos procedimientos. 

MILENA SARRALDE DUQUE
Justicia@MSarralde





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