Corte dice que consultas populares no pueden prohibir la minería – Cortes – Justicia


La Corte Constitucional resolvió una tutela a favor de la multinacional Mansarovar Energy en la que pedía que se tumbara  una decisión del Tribunal Contencioso Administrativo del Meta, que permitió que siguiera adelante una consulta popular que terminó frenando la extracción de petróleo en Cumaral (Meta).

El alto tribunal acogió una ponencia de la magistrada Cristina Pardo, y le puso límites a las consulta populares para que a través de esos mecanismos de participación no se puedan vetar las actividades extractivas como la minería y el petróleo. 

En una votación de cinco contra uno, la Corte estableció que poner las consultas populares por encima de los intereses de la Nación va en contra del precedente que indica que el Estado es dueño del subsuelo. Así, el alto tribunal volvió a la jurisprudencia bajo la cual se ordenaba que existiera una concertación entre los proyectos extractivos y las comunidades. 

Así, la Corte deja sin piso la consulta popular que se votó en Cumaral en junio del año pasado, y en la que con 7.703 votos, el 97 por ciento de los cumaraleños que votaron decidió que no quería más explotación de hidrocarburos en su territorio.

Para Mansarovar es claro que no se podía prohibir la minería a través de una consulta popular porque no es potestad de las entidades territoriales decidir sobre el subsuelo. 

Esta nueva decisión cambia otros fallos que habían tomado anteriores magistrados de la Corte Constitucional en los que se establecía que estos mecanismos sí podían prohibir la minería en sus territorios, al estudiar el caso de Pijao (Quindío), en donde una consulta popular sacó a la minería de la región. 

De hecho, en el país se han adelantado varias consultas populares que han frenado proyectos extractivos que dejaban regalías de por lo menos 250.000 millones de pesos.  De los 1.122 municipios del país, en por lo menos 92 se han hecho consultas en las que las comunidades consideran que la minería y el petróleo les han afectado el medioambiente o derechos fundamentales.

El primero fue Cajamarca (Tolima), municipio que sacó por fuera de su territorio a la multinacional Anglo Glod Ashanti afirmando que les estaba generando contaminación y afectando su economía local. 

En una audiencia de abril pasado, el Gobierno aseguró que la minería y el petróleo le dejan a Colombia unos 11,7 billones de pesos en regalías. El Gobierno ha sostenido que es debe volver a la jurisprudencia que establecía que estos proyectos deben ser concertados con las comunidades. 

Por su parte, en esa audiencia Miguel Antonio Caro, alcalde de Cumaral, aseguró que los resultados en beneficios por la actividad petrolera para el municipio son muy pobres. Dijo que han tenido unos 100.000 millones en regalías en estos años para valorizar tierras, pero eso no se ha visto reflejado en la calidad de la salud, educación, y servicios básicos.

Caro indicó que los cambios del uso del suelo por la expectativa petrolera han puesto en riesgo su seguridad alimentaria, ha desmejorado la calidad del agua en su departamento y dijo que la especulación de la tierra ha hecho que de 58.000 hectáreas, el 85 por ciento se esté dedicando a la ganadería extensiva que no genera empleo.

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