El Ministerio de Hacienda dio su aval fiscal al proyecto de la reforma pensional, que esta semana comenzará su último y cuarto debate en la Cámara de Representantes.
El documento entregado por viceministro técnico (e), Diego Alejandro Guevara, al Congreso de la República detalla cuánto costará la implementación de esta reforma si llega a ser aprobada.
Este proyecto de ley debe aprobarse antes del 20 de junio, fecha límite de la legislatura. Si no se llegara a aprobar la reforma pensional, al 2100 el sistema actual costaría 87,67 por ciento del PIB.
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A partir de allí, según el Ministerio, con el agotamiento del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo bajo el supuesto extremo de que no se realiza en el futuro ninguna reforma paramétrica, el impacto fiscal se vuelve súbitamente mayor como resultado de la necesidad de cumplir con las obligaciones pensionales a partir de aquel año.
”La implementación de la propuesta de reforma implicaría un impacto fiscal neto que se acoge a las posibilidades financieras de la Nación en el marco de las restricciones fiscales actuales y proyectadas”, agrega la entidad.
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También indica que el impacto fiscal ocasionado por el pilar solidario en el corto plazo, “considerando además sus altísimos beneficios sociales y la forma en la que desarrolla los postulados del Estado Social de Derecho”, puede financiarse con las proyecciones de ingresos tributarios de la Nación.
“Todas las consideraciones incluidas son fiscalmente factibles manteniendo la sostenibilidad del sistema de protección a la vejez y de las finanzas públicas en el largo plazo, de modo que pueden incorporarse en la planeación financiera del Gobierno Nacional en línea con las restricciones presentadas por el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Marco de Gasto de Mediano Plazo y el estricto cumplimiento de la regla fiscal”, señala el Ministerio de Hacienda.
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Las claves del proyecto de reforma pensional
La ley tampoco afectaría a las personas afiliadas a los regímenes pensionales especiales y exceptuados vigentes, tales como el de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional o el magisterio.
Además, habrá un régimen de transición que dejaría por fuera del nuevo sistema a las personas que ya tengan cumplidas 750 semanas cotizadas en el caso de las mujeres y 900 para los hombres.
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El requisito es tener mínimo 65 años en los hombres y 60 años en las mujeres o ser un hombre mayor de 55 años o una mujer por encima de 50 años y poseer una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50 por ciento.
Entre tanto, el Pilar Semicontributivo estaría integrado por las personas afiliadas al sistema que a los 65 años de edad en el caso de los hombres y a los 60 años en el de las mujeres hayan contribuido al sistema entre 300 y 1.000 semanas, pero no alcanzaron los requisitos para pensionarse.
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Tendría dos componentes. El de prima media recibiría las cotizaciones de todos los trabajadores de entre uno y 2,3 salarios mínimos que irían a Colpensiones y el de ahorro individual estaría integrado por las personas que ganen más de ese umbral.
Estas tendrían que seleccionar en qué Administradora de Fondo de Pensiones (Porvenir, Protección, Colfondos y Skandia) tendrían esos recursos. No obstante, quienes ya se encuentren afiliados a un fondo privado antes de la vigencia de esta ley no requerirán adelantar una nueva afiliación.