“Están especulando. Ecopetrol tiene el gas colombiano barato, pero quieren importar el gas caro porque eso eleva las tarifas de energía a todos los actores del sistema eléctrico. Hay que proceder”.
Estas fueron las palabras que dijo el presidente Gustavo Petro en respaldo a la solicitud que hizo el Ministerio de Minas a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y a la Superintendencia de Servicios Públicos para que se iniciaran una investigación contra la firma Vanti por importación de gas para cubrir la demanda del país. Seis días después, el 12 de febrero, la SIC adelantó una visita de inspección en la sede de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgás).
Luz Stella Murgas, presidenta de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgás). Foto:Naturgás
EL TIEMPO estableció que seis funcionarios de la Superintendencia estuvieron en las oficinas de Naturgás en Bogotá hasta las 8 de la noche y regresaron el jueves después de las 9:30 de la mañana.
Entre la información que requirieron los funcionarios está la que se encuentra dentro del celular y computador de la presidenta de la compañía, Luz Stella Murgas. Los dispositivos estuvieron por más de 24 horas bajo la custodia de la SIC.
¿Qué buscaba la entidad?
Lo que busca la Superintendencia, de acuerdo con la cabeza de la entidad, Cielo Rusinque, es extraer información a raíz del incremento en las tarifas de gas natural que anunciaron varias empresas la semana pasada. El sector asegura que la necesidad de importar gas ante la caída de las reservas nacionales incide en los costos finales. Y el Gobierno, que sostiene que en la falta del combustible no han pesado las políticas oficiales que han frenado nuevas exploraciones, afirma que hay gas suficiente y que el país está ante una posible colusión de intereses privados.
Desde varios sectores se habla de una extralimitación de las funciones de la SIC. De hecho, dos representantes a la Cámara denunciaron la visita y aseguraron que recibieron información de que algunos de los chats que buscaron dentro del celular de Murgas correspondían a comunicaciones con los congresistas de oposición Carolina Arbeláez (Cambio Radical) y Juan Espinal (Centro Democrático). “La SIC está incurriendo en una presunta extralimitación de funciones, más aún, cuando legalmente Naturgás no es agente regulador, ni agente del mercado de gas natural y, en consecuencia, no determina las tarifas”, dice un comunicado de los representantes.
Comunicado de los congresistas Espinal y Arbeláez. Foto:Redes sociales
Y agrega en el documento: “Genera muchas dudas acceder a información privada del gremio con la oposición (…), con lo cual esta acción se aleja del objeto de la visita que públicamente ha señalado la Superintendente de Industria y Comercio. ¿Qué pretende la doctora Cielo Rusinque? ¿Perseguir a la oposición?”.
La respuesta de Rusinque
Además de la denuncia de los congresistas, un hecho notorio es la repetida aparición de las superintendencias –no solo la de Industria y Comercio– en actuaciones contra sectores o empresas que han tenido choques o han sido blancos del presidente Gustavo Petro. Ese es el caso de la inédita ‘toma’ de la SIC en la Registraduría, que ahora les ha valido líos disciplinarios a varios subalternos de Cielo Rusinque.
La SIC realizó una inspección en marzo de 2024 al ente electoral en medio de la investigación contra Thomas Greg & Sons, la misma firma a la que el Presidente vetó en el polémico contrato de los pasaportes. Desde ese momento ha habido ruido en torno a la entidad que lidera Rusinque, quien ha defendido las visitas y ha asegurado que está actuando bajo las facultades legales que tiene la Superintendencia.
Eso no está tan claro para la Procuraduría, que esta misma semana llamó a juicio disciplinario a 16 funcionarios de la SIC. Para el órgano de control, “las actividades probatorias desarrolladas en las visitas comprometieron el respeto y protección de los derechos fundamentales de los servidores públicos, y se ha podido poner en peligro la confidencialidad, guarda del censo electoral e información institucional que nada tenía que ver con el objeto de la actuación administrativa”.
Procuraduría investiga procedimiento similar contra Registraduría. Foto:EL TIEMPO
En respuesta al debate que han generado sus actuaciones, la superintendente Rusinque –que en su cuenta de X se muestra como una de las más férreas activistas del Gobierno–, afirmó: “No existe interés en conocer conversaciones entre directivos y congresistas. Antes de hacer un juicio de valor, los invito a hacer un ejercicio periodístico riguroso, no ataquen a nuestros funcionarios honestos y comprometidos con sus labores”. Finalizó asegurando que la SIC no se lleva los dispositivos de los investigados, sino que hace copias espejo, “respaldadas siempre por protocolos de conservación e integridad de la información”.
Pero tanto en el caso de Naturgás como en el de la Registraduría hay fuertes dudas sobre la seguridad de información privada o reservada. De hecho, la Registraduría y en general el poder electoral colombiano han sido blanco de duros ataques del jefe de Estado, que incluso llegó a decir que en Venezuela, el mismo país donde el dictador Nicolás Maduro desconoció los resultados de las urnas del 28 de julio pasado, supuestamente había más transparencia electoral que en Colombia.
Otra superintendencia, la de Salud, también ha estado en medio de polémicas, especialmente por la intervención de Sánitas, la EPS del Grupo Keralty que en su momento fue una de las más críticas frente a la reforma de la salud del Gobierno.
¿Tiene facultades la SIC?
Andrés Palacios, profesor principal de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, dice que es claro que la SIC puede hacer estas visitas administrativas no anunciadas para obtener información y que las copias espejo están autorizadas en medio de sus procesos. Agrega que sí se necesita una ley estatutaria para reglamentar más claramente esas facultades y evitar excesos de poder.
Tarifas aumentarán en un 36% a partir de este mes.
Foto: EL TIEMPO
En la misma línea, Fabio Bonilla, profesor del Externado, dice que históricamente las funciones de la SIC han sido importantes en la lucha contra la corrupción, pero considera que los actuales operativos entran en una zona gris que debe ser aclarada por la ley.
El abogado y exsuperintendente de Sociedades Luis Guillermo Vélez, por su lado, considera que hay extralimitación: “La SIC alega que la Registraduría estaba recolectando pruebas en la investigación en contra de Thomas Greg, pero eso es, en mi opinión, un abuso. En el caso de Naturgás creo que también, porque se trata de un gremio privado que representa públicamente los intereses sectoriales y no tiene injerencia ni funciones operativas”.
MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ
Redacción Política