Hasta el próximo 25 de enero de 2025 no se avanzará en el debate legal por la demanda de 117.000 millones de pesos que interpuso la firma Thomas Greg & Sons contra el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio por el acto administrativo que declaró desierta la licitación pública LP-001-2023 para suministrar el servicio producción de los pasaportes. La suspensión, solicitada por ambas partes, se da para que la empresa estudie si desiste o no de sus pretensiones.
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La solicitud fue presentada este 3 octubre cuando la magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Bertha Lucy Ceballos Posada estaba pendiente por resolver una solicitud de aclaración presentada por parte de la Cancillería al auto proferido el pasado 26 de julio de 2024 que anuncia que se proferirá una sentencia anticipada.
Canciller Luis Gilberto Murillo visitó la oficina de pasaportes de la Sede Centro.
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Sin embargo, fuentes de la Cancillería le comentaron a este diario que las partes decidieron congelar el proceso que para evitar que la magistrada dictase una decisión en cualquier sentido cuando está abierta la posibilidad de un cierre del proceso.
¿Qué cambió? Como lo explicó EL TIEMPO el pasado 3 de septiembre, en el Ministerio de Relaciones Exteriores creen que por el hecho de que Thomas Greg seguirá prestando el servicio de impresión de los pasaportes por 11 meses más -nuevamente bajo urgencia manifiesta- no ha sufrido ni sufrirá los perjuicios que alega ya que recibiría las utilidades que tenía previstas.
Bajo este escenario Thomas Greg estudiará sus pretensiones antes de tomar una decisión final.
Así estaba el expediente antes del congelamiento
Auto proferido el pasado 26 de julio de 2024 que anuncia que se proferirá una sentencia anticipada.
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La magistrada Bertha Lucy Ceballos Posada profirió, hace dos meses, un auto en el que anunció la sentencia anticipada. No obstante, la Cancillería presentó una solicitud de aclaración en la que explica las razones por las cuales supuestamente la decisión de sentencia anticipada es equivocada y violatoria de sus derechos.
Los fundamentos jurídicos de la Cancillería en este caso consisten en que se está omitiendo una parte del proceso ya que se debería dar trámite a un dictamen presentado por Thomas Greg. Además, argumenta que se tienen que practicar pruebas.
Solicitud de aclaración por parte de la Cancillería.
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Por su parte, Thomas Greg presentó un memorial cuestionando esa postura y asegurando que no se le debe dar traslado al dictamen y fallar de una vez. “Se solicita respetuosamente a los Honorables Magistrados, denegar las solicitudes de aclaración y adición de la providencia de 26 de julio de 2024, referentes a la supuesta omisión en torno al decreto del dictamen pericial de parte, cuando no se configuran los supuestos legales para ello y, por el contrario, es una solicitud de los demandados que solo apunta a revivir etapas y términos procesales ya precluidos”, dice el memorial.
Memorial presentado por el apoderado de Thomas Greg.
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Esto fue contestado con otro memorial por parte de la Cancillería en el que profundiza en sus argumentos. “El apoderado de la parte demandante pretende hacer incurrir en un grave error de procedimiento al despacho al afirmar que las etapas procesales para controvertir el dictamen pericial ya precluyeron”.
Por lo anterior, el proceso ingresó al despacho para resolver la aclaración y decidir quien tenía la razón en el punto de la contradicción del dictamen y la posibilidad de dictar sentencia anticipada.
Los escenarios
El canciller de Colombia y ministro de relaciones exteriores, Luis Gilberto Murillo en entrevista exclusiva con El Tiempo.
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Si después de realizar su estudio la firma Thomas Greg & Sons decide insistir en sus pretensiones, se retomaría el debate procesal y la magistrada tendría que resolver la solicitud de aclaración.
En ese sentido, luego de que la magistrada resolviera la aclaración, si la magistrada insiste en dictar sentencia anticipada y negar las pruebas, la Cancillería conserva la posibilidad de interponer recursos que tendría que resolver ese mismo despacho e incluso el Consejo de Estado.
Si desisten, se cerraría el proceso y se pondría fin a una de las novelas jurídicas más grandes con las que ha tenido que lidiar el Estado colombiano.
JUAN PABLO PENAGOS RAMÍREZ
Periodista de Política