El aumento del 23 por ciento del salario mínimo para este 2026 podría elevar las cuentas del Estado en más de 6 billones de pesos este año en medio de la difícil situación fiscal que atraviesa el país.
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Salario mínimo aumentó un 23 % en este 2026. Foto:iStock
Así lo asegura un informe de la firma Crowe, en el que advierte que los mayores pagos a empleados públicos, las mesadas pensionales y el encarecimiento de los subsidios afectarán al funcionamiento del Estado colombiano.
“Aunque el objetivo del aumento es proteger el poder adquisitivo de cerca de 2 millones de trabajadores (los que ganan hoy en día el mínimo), su efecto va mucho más allá del ingreso de quienes reciben este sueldo, pues no se puede desconocer que el Gobierno no solo fija ese salario, sino también es empleador, financiador del sistema de salud y pensiones y además responsable de múltiples programas sociales ligados a ese valor”, advierte.
Estos cálculos están en línea con las recientes proyecciones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF). El organismo independiente adscrito al Ministerio de Hacienda estima que debido al aumento de 23 por ciento del mínimo el déficit fiscal del país se elevaría, al menos, 5,3 billones de pesos (0,3 por ciento del PIB) este año y 8 billones de pesos (0,4 por ciento del PIB) de 2027 en adelante.
“Esta decisión genera un impacto sustancial en las finanzas públicas, en un contexto en el que la situación fiscal es crítica y el Gobierno ha declarado una emergencia económica”, aseguró el Carf.
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Aumento de la nómina pública
Uno de los efectos más inmediatos del aumento del mínimo será el crecimiento de la nómina pública, pues el país tiene entre 1,4 y 1,5 millones de funcionarios y una parte, sobre todo, en cargos operativos y administrativos devenga entre uno y dos salarios mínimos.
Según un informe anterior del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, la asignación básica que reciben los funcionarios públicos, es decir, la parte del salario fija e invariable mes a mes, representa solo el 40 por ciento del gasto de personal. El otro 60 por ciento se destina a diferentes rubros como bonificaciones, primas, contribuciones e indemnizaciones, entre otros conceptos.
El país tiene entre 1,4 y 1,5 millones de funcionarios públicos. Foto:iStock
Este mismo estudio asegura que la asignación básica mensual de cada empleado público -sin tener en cuenta los contratistas por prestación de servicios- es en promedio de 4,9 millones de pesos. Sin embargo, su salario contando las primas, beneficios, bonificaciones y auxilios, entre otros, llega a 7,4 millones de pesos, con un mínimo de 1,8 millones de pesos y un máximo de 89 millones.
Crowe indica que con el nuevo ajuste del mínimo, el costo total mensual de un trabajador público que gana ese sueldo —sumando salario, auxilio de transporte, aportes y prestaciones— se acercará a los 3 millones de pesos, y que eso representa un incremento cercano a 330.000 pesos mensuales por trabajador.
“Si se tiene en cuenta que alrededor de 150.000 empleados del Estado reciben este ingreso, el aumento anual del gasto en la nómina en este 2026 podría superar los 585.000 millones de pesos, solo en ese grupo”, afirma.
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A ello habría que sumarle los contratos de prestación de servicios de los trabajadores y los independientes que están vinculados al Estado. Y es que el aumento del mínimo también eleva los aportes a salud, así como los subsidios que financia el Estado. Como empleador, el Gobierno paga el 12 por ciento del sueldo en pensión y el 8,5 por ciento en salud por cada trabajador público.
“El problema es que no se trata de un grupo aislado. Cuando sube el mínimo, también se ajustan otras escalas salariales que están indexadas y ahí se genera un efecto cascada en toda la estructura de pagos del Estado”, advierte Óscar Villarruel, socio de la firma.
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Ciudadanos de la tercera edad caminan por las calles del centro. Foto:Sergio Acero/El Tiempo
El impacto en el sistema pensional
El aumento de 23 % del mínimo también incrementa las mesadas pensionales que están ligadas a este salario, por lo que cada incremento se convertirá de inmediato en una mayor obligación para el Estado, especialmente a través de Colpensiones, en un momento en el que el Gobierno atraviesa problemas de caja. Además, aunque el recaudo tributario mostró el año pasado una mejor dinámica, continuó por debajo de la meta del Gobierno, una situación que limita su capacidad para financiar adecuadamente sus obligaciones.
Según estimaciones citadas en el informe, cada punto porcentual de aumento real del mínimo implica cerca de 240.000 millones de pesos adicionales en gasto pensional anual, es decir, que el costo extra podría rondar los 5,5 billones de pesos en este 2026.
“Las pensiones son un gasto permanente. Una vez suben, no hay forma de revertirlas, y eso reducirá de manera importante el margen de maniobra fiscal en los años siguientes”, sostuvo Villarruel.