La suerte de Daca (programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), creado hace casi diez años durante la administración del presidente Barack Obama en Estados Unidos y que impide la deportación de los llamados dreamers o soñadores, quedó nuevamente en el limbo tras una audiencia de un tribunal de apelaciones en Nueva Orleans, donde el caso está siendo discutido.
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El tribunal, compuesto de momento por tres jueces que hacen parte del Circuito Quinto de la Corte de Apelaciones, estudia una demanda elevada por Texas y otros ocho estados que buscan derogar Daca alegando que su implementación les ha costado cientos de millones de dólares en subsidios de salud y otros gastos.
Así mismo, que el Departamento de Seguridad Interna (DAS, por su sigla en inglés) cometió errores de procedimiento al diseñar una política que ha beneficiado a unas 600.000 personas que llegaron al país de manera ilegal cuando aún eran menores de edad.
El año pasado, un juez en Texas ya había declarado que Daca era ilegal y le ordenó al DAS no otorgar nuevos permisos. Lo autorizó, eso sí, a renovar las licencias de trabajo que ya se habían otorgado previamente a esas 600.000 personas mientras el caso avanzaba por el sistema de cortes.
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Jóvenes se manifiestan a favor de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia’ (DACA, por sus siglas en Inglés).
En su presentación, el Departamento de Justicia, que acompaña en la querella al estado de Nueva Jersey y empresas como Amazon, Apple y Google, alegó que los ‘dreamers’ ya son parte integral de la sociedad y que devolverlos a países que nunca han conocido les causaría un daño irreparable.
También, que Texas y los otros estados no han logrado demostrar con cifras reales que la política les ha causado daños económicos.
Por el contrario, insistió el Departamento de Justicia, los soñadores no solo pagan impuestos, sino que contribuyen a la economía con sus trabajos e iniciativas empresariales que han construido a lo largo de la última década.
Pero el panel de jueces se mostró muy escéptico frente a los argumentos y planteó dudas sobre si la administración tenía el poder para modificar la política migratoria sin una autorización del Congreso. Igualmente, se mostró receptivo a la idea del daño pecuniario que estaría ocasionando Daca.
En el 2012, Obama firmó una orden ejecutiva en la que pidió a las autoridades federales no enfocarse en la persecución de este tipo de inmigrantes y dedicar sus limitados recursos a la persecución de verdaderos criminales. Así mismo, estableció un proceso bajo el cual los dreamers podían aplicar a permisos de trabajo renovables cada tres años.
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El expresidente Donald Trump tumbó Daca a su llegada a la Casa Blanca.
Dos años después, en 2014, presentó otra orden para cobijar a padres y hermanos mayores de los soñadores con la idea de que EE. UU. no debía promover la separación de familias.
Pero al llegar a la presidencia en el 2016, Donald Trump firmó su propia orden ejecutiva anulando el programa. Según el presidente republicano, que ganó la Casa Blanca con un discurso anti-inmigrante, Obama se había atribuido poderes que le correspondían al Congreso.
No obstante algunos esfuerzos, demócratas y republicanos nunca pudieron llegar a un acuerdo en torno a una ley que protegiera a los ‘dreamers’.
La orden ejecutiva de Trump, sin embargo, fue demandada y llegó hasta la Corte Suprema de Justicia. En una votación dividida (cinco vs. cuatro), el máximo tribunal tumbó la medida alegando que tenía vicios de procedimiento al no tener en cuenta el impacto que tal decisión tendría en la vida de miles de personas.
Tras esa sentencia, Texas se unió con otros estados para atacar el programa, pero desde una perspectiva legal diferente, que es la que ahora estudia el tribunal de apelaciones.
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Daca, en el contexto actual, va camino a la tumba
Y aunque el tribunal no ha fallado y se especula que tardará al menos otras dos semanas en hacerlo, la expectativa es que dejará vigente la decisión del juez de Texas.
Si eso sucede, el paso siguiente será ante la sala plena del Circuito Quinto de la Corte de Apelaciones, que está compuesta por 17 miembros –entre los que están los tres que por ahora manejan el caso–.
Pero los prospectos para Daca en esta instancia tampoco son los mejores, ya que se trata de una de las cortes más conservadoras de todo el país.
La última instancia sería la Corte Suprema, que también es controlada por jueces de orientación conservadora (seis vs. tres) y entre los cuales hay tres nombrados por el expresidente Trump.
En otras palabras, Daca, en el contexto actual, va camino a la tumba. Algo que los mismos abogados del Departamento de Justicia admitieron indirectamente al pedirle al tribunal de apelaciones que el remedio apropiado, en caso de fallar en contra, era devolver el programa al DAS para que pueda ser ajustado a la ley y no anularlo de manera definitiva.
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Otra prueba de que Daca camina hacia su fin es el renovado interés en el Congreso, donde varios legisladores han comenzado a presionar nuevamente por una ley que otorgue estatus permanente a los dreamers.
Pero, como siempre, se trata de un tema explosivo y de alto costo político que no suele avanzar en un año electoral como este 2022, cuando se renovará la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.
Y tras estas elecciones -previstas para noviembre- podría ser aún más difícil si los republicanos recuperan el control del legislativo.
Muchos piensan, por eso, que el sueño de los ‘dreamers’ está próximo a tornarse en pesadilla.
SERGIO GÓMEZ MASERI
CORRESPONSAL EL TIEMPO
WASHINGTON
En Twitter @sergom68
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