La detención este viernes del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, crítico del presidente Daniel Ortega, se enmarca como el más reciente episodio del enfrentamiento entre la Iglesia católica y el Gobierno de Nicaragua.
A lo que fue considerado un “secuestro nocturno” se le suman las detenciones a sacerdotes, la expulsión de un nuncio apostólico, el cierre de una orden de la madre Teresa de Calcuta y el allanamiento por la Policía de una curia de la Iglesia católica en Nicaragua, que sufre una importante arremetida del gobierno de Daniel Ortega debido a sus críticas a la gestión política y a la represión que viven diversos sectores en el país.
La persecución contra la Iglesia no es un fenómeno aislado. De hecho, 2022 se ha caracterizado por ser uno de los años más represivos en la historia de Nicaragua, a la vez que Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, apoyados del Parlamento de mayoría oficialista, han logrado clausurar cientos de espacios culturales, médicos, periodísticos, entre otros.
En lo que va del año, el Parlamento ha ilegalizado y ordenado el cierre de más de 1.000 organizaciones no gubernamentales, sumando un total de 1.268 desde diciembre de 2018, año en el que una revuelta popular se convirtió en una exigencia de renuncia de Ortega, en el poder desde 2007.
Entre las organizaciones cerradas por el régimen en julio se encontraba la Asociación de las Misioneras de la Caridad, grupo religioso que se instaló en 1988 y operaba en el país desde la visita de la madre Teresa de Calcuta, en la que el mismo Ortega la recibió y de la que destacó “su labor cristiana”. Ahora, más de 30 años después, el mandatario, que fue reelegido en 2021 en unas elecciones consideradas ilegítimas por los organismos internacionales, ha declarado una ofensiva en contra de los católicos, llamando incluso “terroristas” a los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN).
Uno de sus miembros, el obispo Rolando José Álvarez, fue arrestado ayer junto con siete de sus colaboradores, luego de que la Policía ingresó a la fuerza a la curia en la que ya se encontraba retenido hace dos semanas. Según las autoridades, acusado por la policía de “incitar el odio” en el país. El religioso ha sido uno de los más acérrimos críticos de la gestión política, sobre la que ha denunciado que el oficialismo “pretende una Iglesia muda, no quiere que hablemos ni denunciemos la injusticia”.
Policía ingesa a residencia de obispo en Nicaragua
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, afirmó a la AFP que el prelado fue sacado “con violencia” en la madrugada y trasladado a Managua, la capital, desde Matagalpa, al norte, informó la Policía en un comunicado revelado este viernes.
“El señor obispo se mantiene en resguardo domiciliar en esta ciudad capital” y fue tratado “con respeto y observación de sus derechos”, defendieron las autoridades en la misiva.
La detención de Álvarez se suma al arresto del sacerdote Óscar Danilo Benavidez Dávila, para quien la Fiscalía pidió 90 días de prisión a fin de ampliar una investigación en su contra, por un presunto delito que aún se desconoce, por lo que ya son nueve los religiosos que se encuentran bajo custodia policial.
La voz de
la Iglesia nicaragüense es la más escuchada
en el país y la única
que aún denuncia
desde adentro el autoritarismo
Esta represión sucede después de la expulsión del representante del Vaticano en Nicaragua, el nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag, en marzo, una acción que la Santa Sede dijo haber “recibido con sorpresa y dolor”.
Según un estudio del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam), el gobierno de Ortega quiere forzar a la Iglesia a tomar una de estas tres opciones: “El silencio ante la situación del país, la cárcel o el destierro en caso de que no acepten bajar la cabeza”.
Esto luego de que las relaciones Estado-Iglesia empeoraron desde el paro de 2018, pues ahora Ortega acusa a los religiosos de apoyar “un golpe de Estado” en su contra, aun cuando los actores de la Iglesia fueron buscados por el Ejecutivo para mediar en el diálogo nacional.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega (centro).
Foto: CORTESÍA LA PRENSA
“La jerarquía católica les dijo a Ortega y a Murillo que las negociaciones debían pasar por una democratización efectiva en el país y la investigación de violaciones de los derechos humanos que se cometieron desde el inicio de las protestas. El régimen vio esto como una amenaza a su poder”, relata a EL TIEMPO Israel González, periodista de temas católicos en Nicaragua.
Desde entonces, agrega el comunicador exiliado en España, las hostilidades en contra de la Iglesia solo han ido in crescendo. Pues, además de las detenciones y las expulsiones de los pastores, también ha habido una grave persecución contra los medios religiosos. En las últimas semanas, el Gobierno ordenó el cierre de ocho radioemisoras y otros tres canales de televisión católicos.
“La voz de la Iglesia nicaragüense es la más escuchada en el país y la única que aún denuncia desde adentro el autoritarismo. Por eso los Ortega-Murillo la ven como una potencial enemiga que está haciendo peso a la narrativa oficial”, aboga González.
Esta situación, que pone en jaque no solo a las instituciones católicas sino a los mismos feligreses, ha sido un blanco de críticas en contra del Gobierno de Nicaragua por la comunidad internacional, especialmente por otras organizaciones del mismo carácter religioso. No obstante el apoyo extranjero a los religiosos, aún hay una figura central que se ha mantenido en silencio durante las últimas semanas: el papa Francisco.
El miércoles, 17 organizaciones opositoras del gobierno de Ortega le pidieron al sumo pontífice un pronunciamiento en el que sentencie las acciones en contra de la Iglesia en Nicaragua.
“Rogamos por los buenos oficios y la voz de denuncia y condena de su santidad el papa Francisco como pastor de su Iglesia, ante la grave persecución que hoy vive en Nicaragua”, claman. Hay incluso críticos, como el periodista Emmanuel Rincón, para quienes su silencio es “cómplice” y “vergonzoso”, especialmente si se tiene en cuenta la importante actividad del Papa para condenar hechos como la guerra en Ucrania y la situación de la “globalización capitalista”.
“Las afinidades ideológicas del papa Francisco están suficientemente documentadas, y tiene todo el derecho a tenerlas, lo que no está bien es usar el poder de la Iglesia católica para tratar de plasmar su agenda marxista en el mundo, lavando el rostro de regímenes asesinos”, asevera Rincón en una columna publicada en El Nacional.
Para matizar esta postura, Hernán Olano, vaticanista y rector de la Unicoc, afirma: “No se puede tildar el silencio del Papa como un guiño al régimen de Ortega y Murillo”. Sin embargo, sí admite que es “inadmisible y extraño”.
Agrega que el Vaticano podría intervenir con una postura más firme a través de la Organización de Estados Americanos (OEA), pero su delegado, por el momento, solo ha calificado las condiciones de “preocupantes”.
Según el último censo realizado en Nicaragua, los ciudadanos que se consideran católicos representan un 58,5 por ciento de los 6,5 millones de habitantes en el país. La Iglesia, claro, es una figura que, si bien es un espacio que se mantiene firme, considera Olano, “es una paranoia del presidente y la vicepresidenta creer que los católicos pueden organizar grupos violentos contra ellos”. Más aún cuando la crisis de 2018, que dejó más de 350 manifestantes muertos y miles de heridos, además de otras decenas de retenidos, demostró el poder judicial y armado que tiene el gobierno de Ortega, que se mantiene firme en su política represiva, acrecentada en el último año.
DIEGO STACEY SALAZAR
REDACCIÓN INTERNACIONAL
EL TIEMPO
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