El exsenador y exnegociador de paz, Humberto de la Calle, se mostró crítico frente al polémico proyecto de sometimiento que ofrece gabelas y beneficios punitivos a capos de bandas criminales y desertores de antiguos procesos de paz, a cambio de su desarticulación, que radicó el Gobierno ante el Congreso este 20 de julio.
Aunque reconoció que se deben buscar mecanismos de sometimiento en Colombia, consideró que no es un momento oportuno para llevar a cabo estas iniciativas por la debilidad del Estado frente a las organizaciones criminales.
Humberto de La Calle. Foto:Redes sociales (X).
“Una mala idea desde el punto de vista estratégico porque es inoportuna. El Estado está muy debilitado frente a las organizaciones criminales. Llegaría debilitado el Estado a esas mesas”, dijo para la W Radio.
También dijo que otro factor que juega en contra del proyecto impulsado por el ministro de Justicia Eduardo Montealegre es que se propone en medio de la campaña preelectoral, por lo que, para él, será difícil que el Congreso le dé su visto bueno.
“En segundo lugar está el momento preelectoral, porque esta va a ser una norma que difícilmente la aprobará el Congreso en este año, entonces queda ahí flotando como una promesa. Si bien la idea de sometimiento es buena, el momento es malo”, agregó.
La propuesta de ley llegó a la Cámara de Representantes, una corporación que ha sido más favorable al Gobierno para sus iniciativas. Será repartida por la Secretaría General a la Comisión Primera, donde deberá pasar el primer examen ante 41 congresistas.
Ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. Foto:Minjusticia.
De ser avalada, pasará a discusión en la plenaria, donde el ambiente sería desfavorable: es el último año del Congreso, el apoyo al Gobierno está desgastado y el foco ya está puesto en las elecciones de 2026.
Con 54 artículos, el proyecto conserva la esencia del polémico borrador que fue filtrado por EL TIEMPO el jueves 17 de julio y que causó un revuelo político y jurídico por contemplar gabelas y beneficios punitivos a capos y jefes de grupos criminales, en su mayoría sin carácter político.
Esto pese al duro concepto desfavorable de la Corte Suprema de Justicia, miembro del Consejo Superior de Política Criminal, órgano al que le fue socializado el proyecto el pasado 18 de julio, que le quitó por inconveniente el aval técnico a la iniciativa. La Defensoría del Pueblo, la Justicia Penal Militar y la senadora del Centro Democrático también le cerraron la puerta.
Críticas de la oposición
Hernán Cadavid (Centro Democrático) y Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical), se pronunciaron. Foto:Redes sociales (X).
Desde ya la oposición se prepara para fijar posturas en el Legislativo. “Si este Gobierno insiste en este tema por supuesto nos opondremos”, manifestó el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa.
Según el congresista, “hay ambiente en el Congreso para, aprovechando esa iniciativa, logremos limitar más las posibilidades de adelantar diálogos con el Eln o las Farc, que han incumplido acuerdos con los gobiernos de turno”.
“Nosotros nos vamos a oponer frontalmente, no solamente por una actitud de oposición política, sino un asunto de dignidad y cumplimiento de normas internas e internacionales que no permitirían que estas personas terminen siendo aliados del Gobierno en tarimas, para la política, y el beneficio sea al excarcelación”, agregó el representante del Centro Democrático, Hernán Cadavid.
JUAN PABLO PENAGOS RAMÍREZ
Redacción Política