La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) se pronunció ante la polémica por la solicitud a medios televisivos para que entregue información relacionada con sus contenidos periodísticos y noticiosos. El pedido incluye que se adjunte soportes de consejos editoriales.
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Tras los cuestionamientos por posible censura, el ente regulador aseguró que su solicitud se trató de conocer las buenas prácticas de los medios de comunicación frente al tema de pluralismo.
“Antes de que saliera este fallo se realizó un requerimiento en ejercicio de nuestras funciones para conocer las buenas prácticas. Buscamos es conocer específicamente el ecosistema mediático y cómo está garantizando la imparcialidad y cómo están protegiendo a las audiencias. Es un ejercicio que hacemos rutinariamente en nuestra sesión”, señaló la entidad a través de la comisionada Andrea Muñoz, que fue enfática en que no hay relación entre el fallo del Consejo de Estado sobre las alocuciones presidenciales.
En ese mismo sentido insistieron en que no hay relación alguna con el gobierno Petro, sino que fue una solicitud independiente. “No tenemos ninguna injerencia del gobierno nacional en las decisiones que tomamos. No hemos hablado sobre el tema”, señaló.
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La CRC también hizo referencia a posibles sanciones por la no entrega de información, como quedó consignado en la comunicación a los medios televisivos. Se insistió en que se trata de un tema de aporte voluntario de la información por parte de los medios: “Todos como medios debemos tratar de colaborar en esas solicitudes para construir una mejor cultura de comunicación. El llamado que hacemos es revisemos ese criterio de corresponsabilidad y tratemos de colaborar”.
Sin embargo, eso fue notificado en la rueda de prensa y en la comunicación inicial no se menciona que es algo voluntario. De hecho, en ese documento se señalaba que quien no cumpliera sería sancionado: “El incumplimiento de esta solicitud podrá dar lugar a la adopción de las medidas administrativas correspondientes, conforme a lo previsto en la ley”.
Frente a las alertas por posible censura a los medios televisivos con sanciones tras la solicitud de información, el ente regulador respondió: “Con esto no estamos pensando en hacer una investigación o una sanción”. En ese sentido se reiteró: “no estamos en este momento en un proceso de investigación o control frente a los operadores específicos”.
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La polémica en cuestión
Gran polémica ha causado la solicitud que ha hecho la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) a medios de comunicación para que entregue información relacionada con sus contenidos periodísticos y noticiosos. El pedido incluye que se adjunte soportes de consejos editoriales.
La solicitud ha sido cuestionada debido a que solicita información de índole editorial de los medios de comunicación. Además, ha generado molestia debido a que fue emitida y conocida justo en la misma semana cuando el Consejo de Estado cuestionó a la CRC por la falta de regulación en la aprobación de las alocuciones presidenciales y le ordenó emitir unas directrices puntuales frente a las alocuciones.
La comunicación le pide a los medios de comunicación que informen “cuáles son las políticas internas, directrices o prácticas que aplica el canal para garantizar que la información difundida en espacios periodísticos y noticiosos cumplan de manera simultanea” los criterios de imparcialidad, objetividad y veracidad.
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En ese mismo sentido pidieron información sobre “si se han adelantado actividades de capacitación para el personal, mecanismos de autorregulación, designación de veedores internos o externos, o cualquier otra acción preventiva que fortalezca el cumplimiento”, dice la carta.
En el mismo pedido se pide a los medios que describan cómo es la escogencia de contenidos informativos y noticiosos que se emiten, incluyendo los criterios de “temas, fuentes y enfoques”. Este es uno de los puntos de mayor polémica, pues solicitan “soportes documentales de las reuniones, comités o consejos editoriales que den cuenta de estas decisiones”
En la carta también piden documentos internos como “manuales, guías, reglamentos, procedimientos o protocolos editoriales vigentes” que establezcan cómo es la producción y la emisión de los contenidos informativos.
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La solicitud enviada a los medios da 10 día hábiles para que los medios aporten la información solicitada por el ente regulatorio. Incluso se hace una advertencia en caso de incumplimiento: “El incumplimiento de esta solicitud podrá dar lugar a la adopción de las medidas administrativas correspondientes, conforme a lo previsto en la ley”.
Para el penalista Francisco Bernate, la solicitud de la CRC “sí puede interpretarse como censura —al menos en su forma indirecta— si una autoridad administrativa exige a los medios acceso a actas, deliberaciones y procesos internos de decisión editorial, o condiciona con esas exigencias su línea o contenido: la libertad de información protege no solo la difusión sino también la autonomía editorial, prohíbe controles sobre contenidos y desconfía de cargas que, bajo apariencia regulatoria, produzcan efectos inhibitorios en las salas de redacción”.
El jurista consideró que “la intervención estatal solo sería compatible con la Constitución si tiene base legal clara y precisa, persigue un fin legítimo como la protección de audiencias mediante reglas generales neutrales al contenido, supera un test estricto de necesidad y proporcionalidad, y se limita al control posterior sin invadir deliberaciones internas ni revelar fuentes; fuera de ese marco, pedir políticas, actas y “justificaciones” editoriales se parece más a una auditoría del criterio periodístico que a regulación legítima, y por tanto es razonable calificarlo como una injerencia inconstitucional en la libertad de prensa”.
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Redacción política