El nuevo agente interventor de Air-e, Edwin Palma, reveló que al menos 16 directivos de la empresa de energía reciben salarios de hasta $85 millones de mensuales. Estos hallazgos fueron detectados en una auditoría inicial a la nómina de la compañía, intervenida hace mes y medio por la Superintendencia de Servicios Públicos.
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Tras este descubrimiento, Palma, quien asumió el cargo recientemente, anunció una reestructuración inmediata en los cargos directivos de Air-e. La propuesta incluye la eliminación de varias posiciones y la fusión de otras, con el fin de reducir el gasto administrativo y optimizar la gestión de la empresa, que se encarga de la distribución y comercialización de energía en la costa atlántica.
Los sindicatos de Air-e han expresado su respaldo a las medidas de Palma, especialmente en su intención de terminar con la privatización en el sector y mejorar las condiciones laborales. Los representantes sindicales también han solicitado una mejora en el servicio para los barrios con infraestructuras eléctricas deficientes, conocidos como barrios subnormales.
El interventor acordó con los sindicatos establecer dos mesas técnicas para aumentar los ingresos de la empresa y reducir las pérdidas, así como para fortalecer la conexión con la ciudadanía.
La intervención busca recuperar la confianza de los usuarios y mejorar la articulación con las comunidades afectadas por los problemas de suministro eléctrico.
Palma ha señalado que su administración se compromete a escuchar y respetar los derechos de los trabajadores y sus organizaciones, además de involucrarlos en las decisiones clave.
Palma Egea es especialista en Derecho Laboral de la Universidad Libre de Colombia, especialista en Derecho Constitucional y magíster en Derecho del Trabajo de la Universidad Externado de Colombia.
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Inquietudes y expectativas de la comunidad
A pesar de la intervención en Air-e, los usuarios en la Costa Caribe continúan expresando su frustración por las altas tarifas y la falta de mejoras en el servicio.
Líderes comunitarios, como Alex Hernández en el suroccidente de Barranquilla, señalan que los apagones y el daño a electrodomésticos persisten, y que los costos de las facturas siguen siendo inaccesibles para los sectores de bajos ingresos.
La intervención, prometida por el presidente Gustavo Petro como un alivio, no ha cumplido con las expectativas de los usuarios, quienes exigen soluciones inmediatas.
La llegada de Edwin Palma como nuevo agente interventor ha generado fuertes expectativas en la región. Norman Alarcón, presidente de la Liga Nacional de Usuarios en la Costa Caribe, ha solicitado que la intervención se declare como una medida para la posible liquidación de la empresa y que se realice una auditoría exhaustiva. La Liga y otros usuarios piden que el Estado mantenga el control de Air-e para asegurar una gestión que priorice las necesidades locales y que se reduzcan las tarifas a niveles “pagables”.
Jennifer del Toro, alta consejera para la Paz y el Posconflicto en Santa Marta, también ha instado a Palma a propiciar un acuerdo entre la Nación y el territorio para mejorar el suministro de energía y reducir el malestar social en la región. La solicitud surge en medio de un clima de protestas y bloqueos de vías que reflejan la inconformidad popular con el servicio eléctrico.
En respuesta, Palma reafirmó su compromiso de reducir tarifas, especialmente para la población vulnerable, y llamó a la colaboración de todos los sectores para mejorar la situación energética en el Caribe.
En sus declaraciones, Palma destacó la importancia de un esfuerzo conjunto con generadoras privadas y autoridades locales para superar los problemas de Air-e y ofrecer un servicio estable a los usuarios de Atlántico, Magdalena y La Guajira.