Domicilios vs. Reforma laboral: entre la informalidad y dignidad laboral – Sector Financiero – Economía

El presidente Gustavo Petro junto con la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, presentaron la propuesta del Gobierno para la reforma laboral el pasado 16 de marzo.

Uno de los artículos más polémicos que presenta este primer borrador es el de la regulación a las aplicaciones de domicilios, las cuales tendrían que contratar formalmente a sus colaboradores. Esto implicaría que, de ser aprobada la reforma, deberán generar  garantías para sus trabajadores, tales como la seguridad social.

¿Qué propone el Gobierno con la reforma laboral?

El proyecto radicado propone para las plataformas de domiciliarios que deberán vincular a sus colaboradores por medio de contratos de trabajo en los que tendrán que asumir su seguridad social con la figura de dependientes en modalidad de tiempo parcial.

De igual manera, la reforma laboral que radicó el Gobierno Petro obligaría a estas empresas a notificar a las recaudadoras de aportes. Además, deberán incluir sistemas automatizados que supervisen las actividades del trabajador como horas laboradas, ingresos, situación contractual y, también, que incluyan herramientas que les permita tomar decisiones sobre las condiciones laborales de los mismos.

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Finalmente, el proyecto propone que estas empresas tengan políticas de inclusión interseccional con sus trabajadores. 

¿Qué están pidiendo los domiciliarios?

Álvaro Velasco es el líder de la Asociación de Domiciliarios Independientes de Aplicaciones (ASDIAPP), organización recientemente formada dadas las movilizaciones de repartidores que ha vivido el país en las últimas semanas, según cuenta en una entrevista para EL TIEMPO.

Este hombre, de 32 años, trabaja para cuatro aplicaciones, entre ellas Rappi y Didi Food, y asegura que, cuando fue presentada la reforma que pretende regular las aplicaciones de domicilios, sabía que “esto era grave y no estaba bien”.

Es así como se agrupó con repartidores de Bogotá y Cali que, como él, no estaban de acuerdo y decidieron salir a las calles.

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Velasco le dijo a EL TIEMPO que su principal razón para manifestarse es evitar lo que ellos denominan “contratación forzosa”.

“Tengo claro que todos los trabajadores deben tener su seguridad social y eso está bien, pero esto podría causar que muchos domiciliarios queden sin empleo. Por eso, no debe regularse bajo la ‘contratación forzosa’”, expresa Velasco. 

Además, dice que los repartidores quieren pedir al Gobierno que la contratación que se maneja hasta hoy permanezca, pero que las aplicaciones mejoren las tarifas y eliminen opciones como las ‘auto reservas’. También que, mes a mes, las empresas exijan al domiciliario las planillas con sus aportes a la salud y la pensión.

“Es preferible que los domiciliarios se queden por un mes sin trabajar a que miles de domiciliarios se queden sin empleo por la ‘contratación forzosa’”, afirma el líder de ASDIAPP.

Velasco explica que es muy distinto que un domiciliario no pueda pagar su seguridad social por un mes, pero al próximo mes sí pueda, pues la persona se quedaría por un mes sin trabajo por “irresponsable” o por no tener cómo pagar. En comparación, a que se quede definitivamente sin trabajo, ya que los domiciliaros deben adquirir un compromiso al pagar sus planillas.

De igual manera, asegura que el Gobierno debe presionar a las aplicaciones de domicilios para mejorar las condiciones laborales; sin embargo, no deben “imponer un régimen que fuerce la contratación formal”.

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Velasco pone un ejemplo que le suscita este artículo del proyecto con respecto a las aplicaciones:

“Si una persona trabaja para cuatro aplicaciones y se encuentra repartiendo, ¿cuál de estas aplicaciones cubriría un accidente de trabajo? Eso es lo que no ha definido el Gobierno, puede que se ‘pasen la pelota’ entre las aplicaciones y ninguna responda”, dice el repartidor.

Frente a las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre las manifestaciones que se realizaron en Bogotá y en Cali, en las que el mandatario afirmó que los domiciliarios habían salido a las calles porque según él, la empresa se los pidió, el líder de ASDIAPP respondió:“El presidente está por debajeando las movilizaciones, tratándonos de esclavos. Cuando él llamó a la manifestación todos éramos héroes, pero ahora que estamos en contra de la reforma somos esclavos. Es preocupante”.

Finalmente, Álvaro Velasco afirma que los domiciliaros tienen voluntad para negociar con el Gobierno, pues dice que esa fue la razón por la cual nació ASDIAPP. No obstante, les gustaría proponerle a la ministra de Trabajo y al presidente que se realicen contratos mixtos.

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Lo anterior, con el fin de que exista la posibilidad para quienes quieran vincularse formalmente a las aplicaciones de hacerlo o no.

Pero, ¿cómo funcionaría este punto si la reforma laboral se aprueba?

Para poder entender qué traería para el país a nivel jurídico que las plataformas de domicilios se regulen como propone el primer borrador de la reforma, EL TIEMPO habló con Luis Ángel Montealegre, CEO de la firma L&M Lawyers Asocciated, para que explicara el impacto que podría tener este punto de la reforma en el país.

En primer lugar, es importante abordar la necesidad que tiene Colombia de regular las aplicaciones, en este caso, de domicilios, pues en el país no existe una legislación que regule la relación entre todas las personas que intervienen en estas, como pueden ser: clientes, repartidores, empresas.

“La postura de las aplicaciones es que ellos tienen la figura de intermediarios entre el domiciliario y el usuario final que solicita el servicio. De esta manera, la relación jurídica que existe entre estas personas es simplemente un contrato colaborativo en donde la plataforma funge como un mero intermediario, para que dos personas externas realicen un negocio jurídico. Aquí es donde surge el debate: ¿hasta dónde está el alcance o las garantías de seguridad social que tienen los domiciliarios?, además de la responsabilidad de las aplicaciones para brindar las garantías a los mismos”, dice Montealegre.

El abogado añade que el Ministerio de Trabajo debe realizar un estudio detallado del funcionamiento que tienen las aplicaciones y las razones de los repartidores para vincularse en ellas, sin que ninguna de las dos partes se vea afectada por decisiones que se tomen desde su regulación y estas terminen poniendo en riesgo el trabajo de los repartidores y la economía colombiana, ya que podrían dejar de funcionar si no se adhieren a la regulación que propone el Gobierno.

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“Deben encontrar una fórmula que, si bien no sea un contrato exclusivo, pero que sí tenga una regulación que proteja los derechos del trabajador, pero no menoscabe las utilidades de las compañías y las aplicaciones. Al final, desde mi punto de vista, lo que resulta de esa relación no es una relación laboral propiamente dicha, sino simplemente una intermediación por parte de la plataforma en un acuerdo celebrado con el domiciliario de colaboración para prestar un servicio a un usuario final”, afirma el abogado.

Con relación a la propuesta que plantea uno de los sectores de los repartidores en el que sea posible que las aplicaciones ofrezcan contratos mixtos, los cuales se basan en una prestación de servicio que se cumple ante un número de horas al día, semana, mes o año, Montealegre afirma que sería una muy buena alternativa, sin embargo, deberían evaluarse todos los factores que comprenden si el domiciliario excede estas horas qué pasaría, cuál sería el cumplimiento o las garantías sociales de seguridad social que le prestarían.

Así pues, asegura que se debe revisar lo que han hecho otros países que hayan tenido éxito en las regulaciones de aplicaciones y aterrizarlo a la realidad colombiana.

La respuesta de Rappi frente a la situación

Tal parece que tanto la empresa Rappi como algunos de sus colaboradores están de acuerdo con los efectos negativos que les podría traer las modificaciones que tendría la reforma laboral que propuso el Gobierno.

El pasado 30 de marzo Rappi le escribió al presidente Gustavo Petro por medio de Twitter, en un trino que mostraba su interés por discutir con él las propuestas que tienen como empresa para mejorar las condiciones de sus trabajadores.

Además, en un comunicado que conoció EL TIEMPO, la empresa de domicilios asegura que las modificaciones de este proyecto le traerán a Colombia un retroceso bastante grande en cuestión de nuevas tecnologías y competitividad laboral.

“Como está planteada la reforma laboral, los domiciliarios tendrán que pasar por todo un proceso rígido y tradicional para ser contratados, lo que hará que pierdan tiempo mientras son vinculados. El problema está en que se quieren regular las plataformas digitales con herramientas del siglo pasado. Y es que Rappi sí quiere ser regulada, pero bajo un esquema que no perjudique a cientos de miles de personas”, aseguró Matías Laks, mánager general de Rappi Colombia.

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Laks calificó las intenciones del Gobierno como positivas, sin embargo, dice que la forma como que la quieren ejecutar perjudicaría a todos, es decir: repartidores, plataformas, comercios y usuarios.

Por otro lado, el mánager general aseguró que Rappi permite independencia laboral por un pago mejor que el que ofrece el mercado laboral, ya que “una persona que se conecta para trabajar con Rappi genera en promedio $ 11.000 por hora, en comparación con los $ 4.800 que gana una persona con contrato rígido y tradicional con un salario mínimo”.

En el comunicado también afirma que las personas que usan la aplicación, específicamente el 90 por ciento, lo hacen menos de 20 horas por semana y la usan como un complemento a otras actividades. Todo esto para decir que, este porcentaje de personas quedaría fuera del modelo que propone la reforma.

Según Rappi, “la respuesta por parte de los domiciliarios es unánime, ellos no quieren depender de una empresa. Ahora, nosotros estamos dispuestos a buscar vías de pagar y aportar a la seguridad social de ellos, pero reconociendo que son independientes. Hoy en día pagamos un seguro de salud y de accidentes para el 100 por ciento de los domiciliarios (…). Hemos acercado propuestas a través de Alianza In, la agremiación que se formó cuatro años atrás y que representa a las plataformas en su conjunto, buscando cobertura y mejora en los beneficios para los domiciliarios, pero sin romper la flexibilidad y el modelo ya probado”, asevera Laks.

¿Qué responde el Ministerio de Trabajo?

Luego de que diferentes sectores del país reaccionaran al primer borrador de la reforma laboral, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, respondió frente a las críticas.

“Me parece que cuando dicen que la reforma laboral es un pliego sindical, lo que refleja es un desconocimiento de la normatividad, tanto nacional como internacional, esto es un sistema de pesos y contrapesos de manera distinta en el mundo del trabajo, pero sobre todo estamos respondiendo a las recomendaciones de la OIT, a las sentencias que tiene la Corte Constitucional en tal materia y al derecho de huelga que está en la Constitución Política”, afirmó la ministra.

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Ramírez recalcó que la reforma radicada busca, principalmente, defender los derechos de los trabajadores en los que resalta los recargos nocturnos, dominicales y festivos, estructura de las jornadas laborales, entre otros.

“Están diciendo que la reforma laboral no genera empleos y no ataca la informalidad, yo quiero decirles a los colombianos y colombianas, que la informalidad ha sido sostenida desde el año 90 en este país, este es un problema de tipo estructural y para ello tiene que ver claramente las políticas económicas, no solamente la relación laboral, por eso es una falacia que nos digan que con relaciones laborales ampliamos o quitamos la informalidad”, asegura la ministra de trabajo.

En la reforma proponen la reducción de la informalidad enfocada en los sectores que más lo presentan como las trabajadoras domésticas, deportistas, población migrante, trabajadores de aplicaciones digitales, sector agropecuario, los últimos podrían formalizarse y sumar alrededor de 1 millón 500 mil trabajadores rurales, según informa Portafolio.

Respecto al caso específico de los domiciliarios la ministra indicó, el pasado 29 de marzo, que:

“Llamo al CEO de Rappi para que se mantenga en la mesa técnica en la que participa o levantamos la mesa y nos vemos en las calles como él dice. Una empresa que tiene un capital de más US$1.000 millones, me parece injusto que no tengan cómo darle garantías a sus trabajadores y trabajadoras“, dijo la Ramírez. 

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Adicionalmente, Gloria Ramírez afirmó que harían seguimiento a los reportes de seguridad social que tendrían los domiciliarios, sino el ministerio de Trabajo tendría que tomar medidas contra la empresa Rappi, ya que que cada trabajador independiente debe tener una Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA). 

¿Cuáles serían los impactos económicos?

Las aplicaciones de domicilios estaban generando, a corte del 2021, 150 mil empleos que representa el 7 por ciento de la población trabajadora del país, según halló una investigación de Fedesarrollo.

Por esta razón, es necesario revisar el impacto que tendría la regulación para la economía colombiana y cuáles son los retos que deberá asumir este Gobierno si decide comenzar este proceso.

El economista Juan García le dijo a EL TIEMPO que las aplicaciones de domicilios han tenido un impacto positivo en la economía colombiana en varios aspectos.

“En primer lugar, han generado empleo en un sector que antes no estaba desarrollado, brindando oportunidades laborales a muchas personas. En segundo lugar, han contribuido a la digitalización de la economía, lo que ha permitido una mayor eficiencia en la entrega de productos y servicios. En tercer lugar, han impulsado el consumo y el comercio electrónico, permitiendo que las pequeñas empresas tengan acceso a nuevos clientes y mercados”, afirma García.

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Las aplicaciones de domicilios han mejorado la calidad de vida de las personas al ofrecer una amplia variedad de productos y servicios a través de una plataforma digital fácil de usar, dice el economista.

Acerca de la importancia de la regulación de este tipo de aplicaciones a las que cada día se suman más startups al mercado, García dijo: “La regulación protege a los trabajadores de la explotación laboral y les brinda garantías laborales, como salarios justos, seguridad social y protección en caso de accidentes laborales. Además, la regulación puede fomentar la competencia justa entre las empresas, lo que puede llevar a mejores precios y servicios para los consumidores. Finalmente, la regulación también puede garantizar la seguridad del consumidor y la protección de sus datos personales”, expresó García.

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Por otra parte, en caso tal de que la reforma sea aprobada “se vería reflejado en una reducción el número de empleados, por lo que empresas con miles de empleados, como Rappi, deberán hacer reducciones significativas para encontrar un nivel de gastos adecuado”, asegura el economista Juan García.

Sin embargo, también cree que puede tener un impacto positivo en los trabajadores, ya que les brindaría protección social y garantías laborales. Por el contrario, en caso tal de que se tumbe este punto de la reforma, las consecuencias que tendrían los colaboradores y clientes de estas aplicaciones seguirán siendo los mismos hasta el día de hoy.

Frente al caos que generaría la no regulación de las aplicaciones por el Gobierno, el economista afirma que “esto podría llevar a una mayor explotación laboral, especialmente de los trabajadores más vulnerables. También, podría resultar en una competencia desleal entre las empresas, lo que podría llevar a precios injustos para los consumidores”.

“La falta de regulación podría tener un impacto negativo en la seguridad del consumidor y la protección de sus datos personales. Por otro lado, las empresas de entrega podrían argumentar que la regulación excesiva podría aumentar sus costos laborales y reducir la eficiencia en la entrega de productos y servicios”, aseguró García a este diario.

El pasado 21 de marzo la aplicación Rappi fue sancionada por la Superintendencia de Industria y Comercio por incumplir con entregas, generar cobros extras y permitir la entrega de bebidas alcohólicas a menores de edad, entre otros, según aseguró esta entidad.

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Laura Camila Ramos 
REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS