El escándalo de la UNGRD cobró la quinta cabeza de un alto funcionario del gobierno de Gustavo Petro esta semana. Mientras el país esperaba una decisión sobre la libertad de la exconsejera para las Regiones Sandra Ortiz –que se aplazó para la semana entrante–, el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla se hizo insostenible para el Jefe de Estado por la gravedad del testimonio entregado a la Fiscalía por Alejandra Benavides, su mano derecha ante el Congreso ahora graduada de testigo de cargo en su contra.
Aunque Bonilla empezó a sonar en el expediente del saqueo a la UNGRD desde julio, esa declaración de Benavides –a quien Petro graduó como infiltrada del uribismo en su administración más de dos años después de su llegada a Casa de Nariño– la que terminó cerrándole espacios a que sin duda era uno de los miembros más destacados y respetados del gabinete. Y aunque el Gobierno sostiene oficialmente que el caso no tuvo nada que ver, lo cierto es que el Presidente, que había realizado una polémica pero férrea defensa de su ministro, terminó sacándolo el mismo día en que se conoció que Bonilla envió a la Fiscalía una grave denuncia de supuesta corrupción contra Nicolás Alcocer (hijastro de Petro) y Ricardo Bonilla, el polémico presidente de Ecopetrol.
María Alejandra Benavides, exasesora del exministro de Hacienda. Foto:Ministerio de Hacienda
El miércoles, con un trino de más de 2.700 palabras, el mandatario confirmó que Bonilla no seguía más. “El error de Bonilla es la ingenuidad académica, pensar que todos tienen la misma altura intelectual. Por eso desobedeció mi indicación de no confiar en los funcionarios uribistas de minhacienda, que nos hicieron trampas desde el principio”, escribió.
Desde supuesto complot para un ‘golpe blando’ a través de infiltrados hasta injusta persecución de una práctica usual en las relaciones entre congresistas y ministros, pasando por extorsión de los congresistas hasta error forzado por la necesidad de pagar la deuda externa heredada del gobierno anterior, el presidente Gustavo Petro dedicó largas líneas a tratar de justificar las actuaciones de Bonilla. Incluso dijo que él había denunciado cuando era congresista situaciones similares, que calificó como corruptas y delictivas.
El error de Bonilla es la ingenuidad académica, pensar que todos tienen la misma altura intelectual.
Gustavo petroPresidente de Colombia
Lo cierto es que los alcances del escándalo que tiene como principal operador al exdirector de la UNGRD Olmedo López–nombrado directamente por el presidente Petro, de quien era amigo desde los tiempos del M-19– sigue pasándole una costosa factura al Gobierno. Y podría ser aún más gravosa si, como muchos apuestan, Sandra Ortiz va presa: se convertiría en la primera exalta funcionaria con oficina en la Casa de Nariño que termina en la cárcel por el saqueo a la plata de las emergencias del país.
Sandra Ortiz llega a la audiencia de imputación de cargos a los juzgados de Paloquemao Bogotá Foto:Mauricio Moreno
Congresistas y expertos que hablaron con EL TIEMPO coincidieron con esta tesis y dijeron que los efectos incluso pueden repercutir en la contienda electoral de 2026.
Los impactos políticos se podrían resumir en tres ejes, dice el profesor Ángel Tuirán, de la Universidad del Norte. En primer lugar, afirma, escándalos como el de la Unidad, el de la financiación de la campaña y el de Nicolás Petro hacen cada vez más evidente que la promesa anticorrupción con la que llegó el presidente Gustavo Petro al poder nunca salió del mundo de la retórica. Incluso indicó que es una bandera que no podrá ser enarbolada por el petrismo en la campaña que ya empieza a calentar motores.
Postura que complementó la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, al decir que el impacto del escándalo de la UNGRD es “mortal” para el gobierno, pues “evidencia muchos tentáculos corruptos”.
En varios sectores ya se compara el caso de la UNGRD con el escándalo de la ‘yidispolítica’, que terminó con dos ministros y dos secretarios generales del gobierno de Álvaro Uribe en la cárcel por la compra de votos de congresistas.
El senador David Luna, de Cambio Radical –partido de oposición-, fue aún más duro en cuanto a su percepción del impacto político: “El presidente Petro solo sabe prometer, pero no cumplir. Prometió un ‘cambio’ y se quedó en discursos”. Luna aseguró que no solo se quedó en promesas de lucha anticorrupción, sino que el Presidente está tratando de justificar lo indefensable. “Lo mínimo que deben hacer es retirar la reforma tributaria y dejar de hacerse pasar por ‘víctimas’ (…) Petro debería dedicarse a responder, él es el Jefe de Estado y fue bajo su Gobierno que ocurrieron todos estos hechos de corrupción”, concluyó el senador.
David Luna, senador de Cambio Radical Foto:Prensa Senado
El Presidente, entre tanto, sigue tratando de poner las responsabilidades lejos de su entorno: “La oposición no consiste en corromper funcionarios del gobierno. No se puede oponer a un gobierno y sacar por debajo los dineros del pueblo que maneja ese gobierno”, escribió en X.
Esos argumentos se chocan contra los avances de la Fiscalía y de la Corte Suprema en las investigaciones sobre el entramado de corrupción que habría utilizado la plata de la UNGRD, que por lo urgente de su misión no tiene que pasar por los canales normales de la contratación, para conseguir los objetivos del Gobierno.
En el caso de Bonilla, lograr conceptos de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, que son requisito para acceder a préstamos internacionales y que, llamativamente, se activaron después de los supuestos arreglos ilegales sobre tres contratos por 92 mil millones de pesos que fueron ‘patinados’ por el Ministerio de Hacienda, según los expedientes.
Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda durante la sesión de la Comisión Tercera del Senado. Foto:César Melgarejo/ El Tiempo
“El escándalo de la Unidad ha sido una muestra de que el gobierno Petro no se pudo alejar de la política tradicional. Recurrió a la compra de votos y tráfico de influencias”, asegura el profesor Juan Federico Pino, de Flacso Ecuador. Una impresión que se refuerza por el teflón que mantiene atornillados en el más cercano círculo presidencial a personas tan cuestionadas como el exembajador Armando Benedetti o el mismo Ricardo Roa, quienes a lo largo del Gobierno han sido permanentemente cuestionados.
El escándalo no solo se refeja en arsenal para los debates de control político y las declaraciones públicas. El sucesor de Bonilla, Diego Guevara, llega con la tarea de sacar adelante la polémica ley de financiamiento: la segunda reforma tributaria de un Gobierno que tiene varias de sus más altas fichas señaladas de corrupción.
Las investigaciones de la Fiscalía y los testimonios y pruebas recabados por la Corte en los casos de los congresistas rondan cada vez más, además del mismo Bonilla, a personajes que fueron poderosos en el gobierno del Cambio, como Carlos Ramón González y a César Manrique (dos ex M-19) y al exministro del Interior Luis Fernando Velasco, el hombre que el presidente Petro intentó usar como quinta columna contra el poder de César Gaviria en el partido Liberal.
Pérdida de piezas claves
La primera cabeza que rodó por el escándalo fue la de Sandra Ortiz, entonces consejera para las regiones y señalada por la Fiscalía de supuestamente ser la facilitadora de la entrega de dineros a Iván Name. Desde entonces se han venido dando las renuncias de funcionarios a medida que van siendo mencionados.
El siguiente en dar el paso al costado fue Luis Fernando Velasco, entonces ministro del Interior. Aunque salió en medio del segundo remezón presidencial, a mediados de 2024, las menciones en el caso de presunta corrupción también lo mostraban frágil para afrontar un tercer año legislativo que estaba cargado de proyectos de interés para el Ejecutivo. Le restaban maniobrabilidad política, como se demostró al cierre de la segunda legislatura.
Luis Fernando Velasco, exministro del Interior. Foto:César Melgarejo. EL TIEMPO
Un mes después fue la salida de Carlos Ramón González, que ostentaba la dirección del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI). Su simple mención como uno de los partícipes del escándalo durante la imputación a Olmedo López y Sneyder Pinilla, antiguas cabezas de la UNGRD y testigos estrella, fue suficiente para que también se pidiera su salida.
“Acepto la renuncia de Carlos Ramón director d¦e la Dirección de Inteligencia Nacional. Su cargo como responsable de inteligencia civil es incompatible con cualquier investigación judicial y con el mismo aparato de justicia del país”, indicó a finales de julio el presidente Petro en un trino. Antes de Bonilla, se podía decir sin duda que era el funcionario de más alto rango en salir del Ejecutivo por el entramado de corrupción. Es más, fue uno de los golpes más duros para el primer mandatario, pues González fue por muchos meses su funcionario más cercano, cuando ostentó la jefatura del Dapre.
El siguiente en apartarse del gobierno fue César Manrique, director de la Función Pública. Oficialmente salió por temas personales, pero era insostenible en el Ejecutivo desde que su nombre salió a relucir en la imputación a Pinilla y López. Según la Fiscalía, este habría cobrado una coima de siete por ciento de una partida presupuestal que se trasladó de la Agencia Nacional de Tierras a la UNGRD.
El último en el listado fue Ricardo Bonilla. “Se pierde una persona importante dentro del gabinete y eso genera una perdida de confianza interna”, dijo el profesor Ángel Tuirán, que advirtió que esto tendrá repercusiones y retrasos en decisiones trascendentales en temas de presupuesto y en la atención de la difícil situación económica del país.
JUAN SEBASTIÁN LOMBO DELGADO
Redacción Política