el IVA y la economía naranja


El pasado 7 de agosto, el presidente Iván Duque llegó al poder no solo asegurando que bajaría los impuestos. También lo hizo apoyándose en propuestas, entre las que la Economía Naranja era clave. Hasta hoy, como candidato y como mandatario, su promesa ha sido la de convertirse en el gobernante que, por primera vez en mucho tiempo, les dará protagonismo a la cultura y las industrias creativas.

Pero la Ley de Financiamiento recién propuesta por su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, podría poner en peligro las buenas intenciones. Entre el sinnúmero de asuntos que toca, la ley dejaría gravados con el 18 por ciento a bienes y servicios culturales como los libros, las obras de arte, los conciertos y los espectáculos. También afectaría el acceso a nuevas tecnologías e internet, fundamentales para el desarrollo de las industrias creativas.

Vistas así, las decisiones del gobierno Duque parecerían estar yendo en contra de las propuestas del mismo gobierno Duque. O al menos de algunas, como la de impulsar la cultura.

El programa de Economía Naranja con el que Duque hizo campaña genera hasta hoy tantas preguntas que todavía pocas personas son capaces de definir, de manera coherente, exactamente qué es.

David Melo, el viceministro a cargo de impulsar esa política pública desde el ministerio de Cultura, sin embargo, parece tener las cosas claras. En líneas generales, él presenta la Economía Naranja como un modelo que permite proteger a los sectores más vulnerables que cobija la cartera de Cultura y, al mismo tiempo, darles un impulso a aquellos que tienen un potencial todavía poco aprovechado dentro del mercado.

Si se implementara así, el proyecto estrella de Duque podría llegar a ser positivo para el sector cultural. El problema es que, de aprobarse esta nueva ley en el Congreso, sus planes podrían tambalear, ya que ponerle más impuestos al sector cultural y creativo es, a la vez, ponerle trabas que precisamente harían difícil estimularlo y hacerlo más productivo. En pocas palabras, ambas iniciativas se contradicen.

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“Esto es una infamia”

Mariana Garcés, exministra de Cultura, quien estuvo al frente de esa cartera durante ocho años, le dijo a ARCADIA que “todas las conquistas logradas, y que han demostrado ser muy positivas para el fortalecimiento de la cultura en el país, son derogadas de manera tajante por esta reforma”.

Según ella, se verían afectadas la política del libro y la lectura, y el fortalecimiento de las bibliotecas públicas, que fue una de las principales banderas del ministerio anterior. Asimismo, podría perjudicarse el apoyo que hasta hoy las regiones reciben a través de los recursos del Impuesto al Consumo, la Ley del Espectáculo Público, la industria del cine y la red de museos.

Colombia pasaría a ser el segundo país de América Latina que le impondría IVA a toda la cadena del libro, desde el papel, la tinta, la impresión y la venta de textos. El primero fue Chile, que lo hizo durante el mandato del dictador Augusto Pinochet. Desde entonces ese impuesto ha seguido funcionando en ese país.

Al respecto, Yolanda Reyes, escritora y promotora de lectura, escribió el pasado 4 de noviembre en su columna en El Tiempo que gravar los libros, desde los textos escolares hasta los virtuales, sería una “incoherencia mayúscula del gobierno Duque y una forma de autosabotearse”.

En conversación con ARCADIA, Reyes aseguró que “es una infamia que en un país donde la educación todavía tiene mucho por mejorar se grave incluso lo básico para estudiar, como lo son un libro y los útiles escolares”.

Las pequeñas editoriales, las librerías independientes, los mismos escritores y los lectores, que hoy se mantienen a flote a pesar de sus conocidos problemas, se verían directamente afectados.

El presidente de la Cámara Colombiana del Libro, Enrique González, manifestó en diálogo con esta revista su oposición a este punto de la reforma: “Estamos convencidos de que ningún pueblo debería pagar impuestos para leer, estudiar o informarse. El libro y la lectura son la base para la formación de una nación”.

Por otro lado, la gerente de Ocesa, Luz Ángela Castro, le explicó a ARCADIA que todo lo que se había ganado con la Ley de Espectáculos de 2010 podría derrumbarse. La productora que ha traído a Colombia artistas como Madonna, The Rolling Stones, U2, Foo Fighters, Bruno Mars y shows como el Circo del Sol asegura que, con un IVA del 18 por ciento, el país dejaría de ser competitivo en la región y que espectáculos como estos se volverían inviables.

Un aspecto particularmente preocupante de la Ley de Financiamiento del gobierno de Duque es que, al parecer, no propone un tributo sustitutivo, sino uno complementario. De esta manera, los espectáculos que pagan hoy 10 por ciento de IVA tendrían que sumarle a esto un 18 por ciento más, para un total de 28 por ciento. Esto, según Castro, es casi tres veces más de lo que se cobra en otros países latinoamericanos.

Para ella, la doble tributación sería una carga muy pesada: “Hoy un evento debe vender el 85 por ciento de su boletería para no quedar con deudas, y de ahí en adelante empieza a recibir ganancias”.

¿Fin de los beneficios?

Antes de la Ley de Espectáculos no era claro cuáles eran los impuestos que los eventos debían pagar. Dependiendo de la magnitud del evento y del lugar donde se realizaba, se cobraban diferentes tributos que podían variar. Entre estos estaban el IVA, el impuesto a los pobres y el impuesto al deporte, los cuales, juntos, podían llegar a sumar más del 30 por ciento. La norma de 2010 alivió esta carga tributaria significativa con el fin de estimular a los empresarios de conciertos: estableció un IVA de apenas el 10 por ciento para los espectáculos cuyas boletas superaran 3 UVT (Unidad de Valor Tributario), que hoy serían unos 99.000 pesos.

Gracias a eso, Colombia pudo competir en el mercado con otros países de la región como Chile, Argentina y Brasil, cuyo IVA para espectáculos está entre el 9 y el 12 por ciento. Desde entonces, el país recibió 104.451 millones de pesos en aportes parafiscales a través de la venta de boletería, que han sido invertidos en 27 escenarios culturales del país.

El empresario y realizador de conciertos Ricardo Leyva le dijo a ARCADIA que, con la nueva ley, su negocio podría quebrarse. Como a Castro, también a él le preocupa que los espectáculos con un costo de boleta inferior a los 99.000 pesos, que hasta hoy permanecen exentos del 10 por ciento del IVA, ahora terminen pagando un 18 por ciento más.

“Lo que se pretendía con ese beneficio tributario era estimular el consumo cultural para las personas con menos recursos. Con la Ley de Financiamiento no sería posible llevar a cabo estos eventos ni continuar con ese proceso de formar a ciudadanos que los consumen… Es como si solo las personas de estratos altos tuvieran derecho a entretenerse”, dijo.

Gabriel García, gerente de Páramo, realizador, entre otras cosas, del Festival Estéreo Picnic, le dijo al diario La República que no es apropiado gravar la industria cuando el mercado de espectáculos en Colombia es tres o cuatro veces menor que en países como Argentina, Chile, Brasil o México.

Afirmó que se ha demostrado que una tributación moderada contribuye tanto a que la industria se desarrolle, como a consolidar públicos y, por lo tanto, contribuye también al recaudo parafiscal. Un ejemplo de esto, según García, fue España, donde hubo un incremento del 20 por ciento en venta de boletería cuando se redujo el IVA de espectáculos del 21 al 10 por ciento.

La gestora cultural Lina Duque explicó que el espacio que ganó el teatro en los últimos años con la Ley de Espectáculos se perdería y que esto enviaría el mensaje de que la cultura es solo para la élite. “Después del cine, una de las artes más costosas es la producción teatral, pues no solamente está la parte actoral: hay que pagar la dirección, el vestuario, las luces, el sonido y el escenario. Con un aforo de 100 personas y un IVA del 18 por ciento no alcanzas a pagar la obra. Por eso necesita ser subsidiado”, dijo.

Nicolás Montero, actor y director del Teatro Nacional, le dijo a ARCADIA que el problema es que en Colombia el consumo cultural todavía no es considerado un elemento vital, pese a que es parte de la vida misma y contribuye al desarrollo social de un país: “Con esto una vez más queda demostrado que la cultura para los gobiernos es algo de lo que se puede prescindir”.

Volver al pasado

Pero hay más. Uno de los puntos de la Ley de Financiamiento que la exministra Garcés considera “dramático” es el artículo 87. Este derogaría el artículo 512-2 del estatuto tributario, en el cual se establece el porcentaje del Impuesto al Consumo del 4 por ciento a la telefonía móvil celular y a los planes de datos. Hoy por hoy, este recurso se destina al deporte y la cultura. Y en el caso de cultura, trae el dinero que se invierte en las bibliotecas públicas y en el respaldo a las iniciativas de las regiones. De aprobarse la reforma tributaria, el ministerio de Cultura, según Garcés, dejaría de percibir alrededor de 69.000 millones por año.

Por su parte, Daniel Quintero, emprendedor y exviceministro de MinTIC, le dijo a ARCADIA que el proyecto de Duque “nos devuelve al pasado”, pues no contempla eximir de IVA a los estratos 1, 2 y 3 en relación con el consumo de internet, una herramienta hoy clave para la educación, el trabajo y el consumo cultural.

El problema con esto, según Quintero, es que precisamente estos estratos son los menos conectados del país. Hoy apenas un 44 por ciento de los colombianos tiene un celular inteligente, mientras que el promedio latinoamericano está en el 55. “Si las poblaciones más pobres no acceden a la tecnología y a internet, va a aumentar la desigualdad porque se cierra una puerta al conocimiento”, dijo.

La ley grava también los celulares de gama media y baja, y los computadores. Según Quintero, antes tenían beneficios tributarios y ahora también van a pagar el 19 por ciento del IVA. Lo mismo sucederá con las licencias de software, que por ahora están exentas de ese tributo, ya que en su momento se consideró que son fundamentales para el desarrollo de las industrias creativas.

Sin este beneficio, editar una película, por ejemplo, será más costoso; desarrollar una empresa de programación digital, también. Además, habrá IVA para el almacenamiento y procesamiento en la nube, lo cual terminaría afectando por igual al talento que requiere de este espacio virtual.

Adicionalmente, Garcés explica que la ley gravaría la adquisición de objetos de interés artístico cultural e histórico, a cargo de los museos de la red de museos o de las entidades públicas que los administran. Esto golpearía el fortalecimiento de colecciones para el disfrute de todos los colombianos.

Tampoco el cine se salvaría de un posible perjuicio si el proyecto de ley de Duque termina siendo aprobado.

Esta es tal vez una de las industrias creativas más consolidadas en el país. Gracias a los estímulos que recibe, ha sido una de las que mejores resultados ha reportado en años recientes. Pero al gravar la exportación de servicios relacionados con la producción de obras de cine, televisión y audiovisuales de cualquier género que están protegidas por el derecho de autor, podría desestimular la industria.

El jueves 8 de noviembre, un gremio de productores cinematográficos, de hecho, envió una carta al Congreso en la que asegura que con el proyecto se afectaría la Ley del Cine de 2012 (Ley 1556), que permitió la apertura del país y el desarrollo de producciones internacionales como Narcos, Jungla, Loving Pablo, Barry Seal, Milla 22 y Gemini Man.

Según Ana Piñeres, presidenta de la Asociación Colombiana de Productores de Cine Independiente (Asocinde), “tal como está redactada la Ley de Financiamiento haría que se perdieran los incentivos al cine nacional. Estos incentivos han hecho que por más de diez años crezcan exponencialmente nuestro cine y su prestigio internacional”. También dijo que la ausencia de incentivos haría que plataformas como Netflix y HBO no tuvieran estímulos para realizar sus producciones en Colombia.

ARCADIA se comunicó con el ministerio de Cultura, pero un representante respondió que por ahora no habrá un pronunciamiento al respecto. Sin embargo, una fuente cercana al ministerio le dijo a ARCADIA que el ministerio de Cultura busca establecer un diálogo al respecto con el ministerio de Hacienda.

En el ministerio de Hacienda dicen que es necesario ampliar el IVA, a falta de alternativas para financiar programas fundamentales como el Plan de Alimentación Escolar y Familias en Acción, ambos orientados a las clases más pobres y desprotegidas. En conversación con ARCADIA, aseguraron que lo que se recogerá se invertirá en programas que beneficien “a todos los ciudadanos” y que la Economía Naranja seguirá siendo un pilar del gobierno. Sin embargo, no dieron explicaciones sobre cómo podría seguir siéndolo a pesar de la Ley de Financiamiento.

Dejando de lado la pregunta de si esos son los recortes más necesarios en un país como Colombia, los expertos consultados por ARCADIA aseguran que gravando los bienes y servicios culturales no será posible conseguir los 14 billones de pesos que busca el gobierno. En cambio, según ellos, sí se afectaría a una industria que, aunque se ha fortalecido y en 2017 representó el 6,2 por ciento del PIB, todavía es muy incipiente y vulnerable.

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