Con buenos ojos vio el presidente de la Cámara, Julián López, el decreto del gobierno del presidente Gustavo Petro que baja el salario a los congresistas al retirarles la prima especial de servicios.
La cabeza de la corporación aseguró que no se trataba de un castigo, sino de un acto de justicia.
“Presidente @gustavopetro, esta es una buena noticia para Colombia. Reducir el salario de los congresistas es un mensaje claro: el poder público debe dar ejemplo. No es un castigo político. Es un acto de justicia frente a millones de colombianos que trabajan todo el mes y aun así no logran llegar a fin de mes, en uno de los países más desiguales del mundo, con un coeficiente de Gini que evidencia una brecha social profunda e histórica”, aseguró.
Decreto reducción salario congresistas. Foto:Archivo particular
Y agregó: “Mientras tanto, el Congreso mantiene ingresos que no reflejan la realidad de la mayoría del país. He sido coherente desde mi campaña y durante estos cuatro años de legislatura. He firmado cada iniciativa para reducir el salario de los congresistas, incluso antes de presidir la Cámara. La democracia no se defiende desde los privilegios. Se defiende con decisiones valientes, con coherencia y con respeto por la gente”.
La posición del presidente del Senado
En contraste, el presidente del Senado, Lidio García, cuestionó la coherencia del presidente Gustavo Petro y calificó la medida como un intento de amedrentar la independencia del Legislativo.
A través de sus redes sociales, el presidente del Congreso recordó que el hoy mandatario se benefició de este beneficio durante sus dos décadas en el Congreso. “Gustavo Petro recibió durante casi 20 años la prima de servicios como congresista y jamás expresó inconformidad. La cobró en silencio”, señaló el senador, sugiriendo que la medida no obedece a una convicción de austeridad, sino a una retaliación por la falta de sumisión del actual Congreso frente a la agenda del Ejecutivo.
“Por eso este decreto no es una cruzada de austeridad, sino un mensaje de lo que equivocadamente considera un castigo político contra un Congreso que decidió ser independiente y no someterse al Ejecutivo. Aun así, acatamos la decisión porque respetamos el Estado de Derecho. Que quede claro: la independencia del Congreso no se negocia ni se castiga. Seguiremos legislando y ejerciendo control. Eso es democracia, y nosotros somos demócratas”, señaló.
Lidio García, presidente del Congreso. Foto:Prensa Senado
El decreto expedido por el Gobierno Petro
El decreto deroga el 2170 de 2013, una norma creada bajo el gobierno de Juan Manuel Santos para unificar diversos beneficios (vivienda, salud y localización) en un solo monto. La importancia de esta eliminación radica en el peso que dicha prima tiene sobre el total de los ingresos de un congresista.
De esta forma, los congresistas que asuman desde el 20 de julio de 2026 tendrán un descenso considerable de sus ingresos, pues dejarán de recibir un monto que en la actualidad es mayor al sueldo básico de los congresistas: el salario de los legisladores está cerca de los 12,5 millones de pesos y dicha prima era de 16,9 millones de pesos.
El expresidente Juan Manuel Santos. Foto:Redes sociales
Históricamente, el Congreso había sido el “juez y parte” de su propio salario, hundiendo 18 iniciativas legislativas que buscaban reducir sus ingresos. Incluso la Consulta Anticorrupción de 2018 incluyó este punto sin lograr su implementación efectiva.
Aunque el decreto representa una reducción de casi un tercio del ingreso total, los legisladores aún conservarán los gastos de representación, otro de los rubros más altos de su remuneración. Con esta medida, el Gobierno Petro logra por vía administrativa lo que no se pudo concertar en el Capitolio durante más de una década, aunque el costo será profundizar la fractura con la dirigencia del Senado.
MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ DUARTE
Redacción Política