Cada vez hay más alertas del proyecto de ley que busca aumentar las transferencias que la Nación le gira a los departamentos y municipios a través del Sistema General de Participaciones (SGP).
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El Acto Legislativo 018 del 2024, que se prepara para su sexto debate en la plenaria del Senado, plantea modificar los artículos 356 y 357 de la Constitución para elevarlas de manera gradual a partir del 2027 hasta alcanzar una proporción fija de 46,5 por ciento de los ingresos corrientes de la Nación en un periodo de 10 años.
Hoy en día, estas se calculan en función del crecimiento de los ingresos de la Nación y llegan al 23,6 por ciento.
Con ello, la iniciativa que busca profundizar la descentralización para que alcaldes y gobernadores tengan más autonomía en la ejecución de los recursos buscaría que las transferencias aumenten hasta un 9,2 por ciento del PIB de aquí al 2036.
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Impacto negativo de la propuesta
Según diferentes expertos e incluso funcionarios del propio Gobierno, sería “inviable” tener tales niveles de transferencias y se generarían importantes implicaciones fiscales.
“Es inviable una transición de 10 años hacia niveles de transferencias tan altas e inflexibles, que deberían tener si se quiere un piso, pero también un máximo no más allá del 6 por ciento del PIB. Esta situación pondría en aprietos las finanzas del Estado. La presión adicional las llevaría a niveles nunca vistos, ni siquiera en la década de los 90″, aseguró José Ignacio López, presidente del centro de estudios económicos Anif.
Similar opinión comparte Andrés Pardo, analista de XP Investments, quien aseguró que este proyecto “atenta” contra la sostenibilidad fiscal del país. “Las transferencias al SGP aumentarían de un promedio de 4 por ciento del PIB en los últimos 20 años a más de 8,5 por ciento en el 2036”, señaló.
O el propio José Roberto Acosta, director de Crédito Público, aseguró a través de su red social X (antes Twitter) que transferir el 9,2 por ciento del PIB en 2036 a municipios y departamentos sin que antes se definan competencias y el destino de esos dineros “viola el artículo 334 de la Constitución, rompe la regla fiscal y materializa la federalización a las malas”.
Director de Crédito Publico del Ministerio de Hacienda, José Roberto Acosta.
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Presión por 395 billones de pesos
Según Anif, de materializarse estos cambios se generaría una presión de gasto vía transferencias de 395 billones de pesos constantes para el periodo entre el 2027 y el 2036.
“El próximo Gobierno (2026-2030) enfrentaría entre 2027 y su último año, 2030, un gasto adicional por 45 billones de pesos constantes de este 2024. El siguiente Gobierno en turno, 2030-2034, heredaría un cheque por pagar por 191 billones de pesos. Es difícil imaginarse un escenario donde esta senda de compromisos fiscales sea viable”, asegura el informe.
Adicional a ello, el centro de estudios económicos estima que en el 2036 el 83 por ciento de los ingresos del Gobierno Nacional estarían comprometidos en pensiones, intereses y transferencias del SGP, lo que limitaría el presupuesto para otras áreas.
Hay que recordar que una de las características del presupuesto colombiano es su inflexibilidad, puesto que una gran parte de los recursos presupuestados ya se encuentran comprometidos. Para el caso del 2025, de esos 327,9 billones de funcionamiento que se proyectan, el Gobierno tiene que transferir de manera obligatoria a diferentes sectores 247,8 billones de pesos, es decir, el 76 por ciento del total.
Entre ellos, los rubros de gasto más representativos para el próximo año serían el Sistema General de Participaciones, que llegaría a 82 billones de pesos en el 2025, lo que significa un aumento anual de 5,4 por ciento.
“Los intereses de la deuda, las pensiones y las transferencias del SGP consumen buena parte de los ingresos corrientes de la Nación. De aprobarse el Acto Legislativo 018 de 2024, las transferencias territoriales irían ganando participación hasta tal punto que el 83 por ciento de los ingresos del Gobierno en 2036 quedarían comprometidos en esos tres rubros”, señalan.
Para ilustrar el impacto de esta medida, López señala que si las transferencias del SGP en 2024 estuvieran atadas a ese 46,5 por ciento de los ingresos corrientes de la Nación, el monto transferido ascendería a 148 billones de pesos, lo que representaría una presión adicional de 77 billones de pesos frente a los 71 billones de pesos programados para este año (22,2 por ciento de los ingresos corrientes).
De aplicarse esta fórmula, el 95,3 por ciento del presupuesto del Gobierno Nacional Central en 2024 estaría comprometido en los siguientes rubros: Transferencias del SGP (46,5 por ciento), Pago de intereses (25,1 por ciento), Pensiones (18,1 por ciento) y Vigencias Futuras (6 por ciento).
“Esto dejaría al Gobierno con apenas 15 billones de pesos disponibles para inversión pública y funcionamiento. Si bien es necesario avanzar en la descentralización, esto no debe hacerse a expensas de la sostenibilidad fiscal del país”, sentenció.
Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda.
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Sin aval del Gobierno
Ni el Ministerio de Hacienda ni el Departamento Nacional de Planeación (DNP) emitieron un concepto favorable a este proyecto.
En el documento enviado al Congreso, la cartera de Hacienda aseguró que este proyecto implicaría costos fiscales recurrentes no contemplados en el Presupuesto. “Serían insostenibles con las proyecciones macroeconómicas del Marco Fiscal de Mediano Plazo”, aseguran.
Por su parte, Planeación aseguró que se trata de un proyecto inconveniente porque implicaría desafíos fiscales y se sacrificaría la inversión de la Nación.
“Se pondría el riesgo la viabilidad del Estado como un todo debido a que hay una muy baja probabilidad de financiar al Gobierno con más endeudamiento o con más impuestos por el bajo crecimiento en el consumo y a que los niveles de inversión son los mismos que en 2020 en el epicentro de la pandemia”, asegura el documento.
Igualmente, señala que se pondría en riesgo la financiación de los sectores de justicia, defensa y seguridad, la financiación de los derechos de los ciudadanos en salud, el pilar solidario y los compromisos de más de 2,5 millones de pensionados que gozan de estas prestaciones.