28 años tuvieron que pasar para que Colombia se volviera a encontrar con un escenario poco conocido: la imputación de cargos contra un Presidente de la República, Gustavo Petro, por la supuesta violación de topes electorales durante la campaña presidencial que lo llevó al poder.
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La decisión de siete de los nueve miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), de acoger la ponencia de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz que pedía investigar formalmente al entonces candidato y a su campaña por presuntamente pasar los topes para los vueltas presidenciales en al menos 5.300 millones de pesos, ha desatado un ruido político que promete extenderse durante varios meses.
El presidente Gustavo Petro en su alocución del 8 de octubre, en la que rechazó la imputación en su contra por el CNE.
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Lo anterior empezando por el presidente Petro, quien en menos de 24 horas tachó la actuación del tribunal como una violación a su fuero integral, descalificó a los magistrados y aseguró que es el inicio del golpe de Estado que viene advirtiendo desde hace varios meses.
“Se ha roto el fuero integral del Presidente de la República de Colombia. Hoy se ha dado el primer paso de un golpe de Estado contra mí como presidente constitucional, elegido democráticamente por voto popular por más de 11 millones de ciudadanos”.
Además de una alocución de ocho minutos en la que expresó las razones por las cuáles no comparte esa decisión, el mandatario llamó a la movilización en otros espacios de su agenda e incluso dejó frases polémicas. “En mi opinión, esta vez la movilización no es como las demás, no se trata de llenar una plaza -ya hemos llenado muchas- e irnos para la casa. Esto tiene que tener una característica diferente y es la asamblea nacional popular la que definirá los pasos a seguir. Y es que si van a tumbarnos del gobierno vamos por el poder“, señaló.
En entrevista con EL TIEMPO, el presidente del CNE, César Lorduy, explicó que “hemos tomado lo que dice la Constitución y la ley. La ley 996 del 2005 dispone que los responsables de una campaña electoral presidencial son: el candidato, el gerente, el tesorero y los auditores. Y para efectos de un pliego de cargos se tienen que singularizar con su nombre y apellido y eso es lo que hemos hecho”.
César Lorduy, presidente del CNE
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Y añadió: “La actuación del CNE solamente es de carácter administrativo. El fuero del señor presidente en términos penales y disciplinarios solamente corresponde al Congreso. Y aún imponiendo nosotros una multa, la continuación de esa decisión le corresponde al Congreso. Hemos cumplido con lo que dice la decisión del Consejo de Estado, la ley 996 y lo que dice la Constitución. Si más adelante se produce una decisión por una autoridad competente que nos diga lo contario, la acataremos.
La noticia provocó un revuelo que ha llevado a prácticamente todos los sectores políticos a meterse en la discusión. Algunos rechazando la tesis del golpe de Estado, otros cuestionando el gran acuerdo nacional y otros llamando al la reflexión por la composición partidista del tribunal electoral.
‘Se viola el derecho del Presidente’: la reacción del Gobierno y el petrismo
Las primeras voces en pronunciarse salieron desde el Ejecutivo y la bancada del Pacto Histórico. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, señaló que si bien todas las campañas presidenciales de las últimas décadas fueron investigadas por una autoridad administrativa como el CNE, “ningún Presidente de la República había sido investigado antes por ese organismo simple y sencillamente porque es inconstitucional. El irrespeto al fuero integral del jefe de estado es un grave precedente. Lo que procedía era dar traslado a la Comisión de Acusaciones”, fue el mensaje de Cristo.
El presidente Gustavo Petro y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se reunieron este miércoles para hablar del problema del agua en la capital.
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Con un breve comunicado, los ministros del presidente Gustavo Petro salieron en su defensa ante la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de imputarle cargos a él y a su campaña por la presunta superación de topes en el esfuerzo electoral de 2022. Los funcionarios siguieron la misma línea del mandatario de cuestionar el sentido de la decisión y hasta sugirieron que es antidemocrática.
“En defensa de la democracia”, de esta forma comienza la declaración, en la que ministros y otros funcionarios aseveraron que hacían la denuncia a nivel nacional e internacional de “un hecho que puede traer graves consecuencias a los principios democráticos que protegen la función presidencial y el Estado de derecho”.
Personajes más vinculados al denominado “petrismo purasangre” como el director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, fueron más severos: “CNE no investigó a Duque por la ñeñepolítica. No investigó a Santos por Odebrecht. Investigan a Petro sin tener las facultades. Eso se llama golpe de Estado. No dejaremos que se roben en los escritorios lo que perdieron en los territorios y en las urnas”, escribió el funcionario.
El canciller Luis Gilberto Murillo y el vicecanciller Jorge Rojas.
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Por su parte, la senadora María José Pizarro indicó que la decisión del CNE de formular cargos contra el Presidente establece un precedente que viola la Constitución Política y pone en riesgo la división de poderes. “Aún peor, da lugar a una investigación que puede llevar a un Golpe de Estado”, dijo.
En la Cancillería ya anunciaron que presentaron el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos esperando un pronunciamiento a su favor. En este punto recordaron que el organismo internacional ya falló a favor de Gustavo Petro en el pasado, cuando fue destituido como alcalde de Bogotá.
‘No empieza ningún golpe blando’: las impresiones de la oposición
Representante Hernán Cadavid.
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La oposición, el sector más crítico contra el jefe de Estado, celebró la decisión del CNE y rechazó la idea de que la determinación esté relacionada con un intento de golpe de Estado. “Hoy existen suficientes pruebas sobre donaciones y facturas no reportadas que demostrarían la violación de topes en primera y segunda vuelta. No, Presidente, aquí no hay ningún golpe, aquí lo que esperamos todos los colombianos es que la entidad que lo están investigando obren en justicia“, comentó la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín.
El representante Hernán Cadavid dijo que “el Estado de Derecho no se puede dejar intimidar, tiene que tomar las decisiones que correspondan siempre y cuando estén sustentadas en la prueba y se les respete los derechos fundamentales y mínimas garantías al presidente de la República. Habiendo dicho eso, las pruebas son contundentes de manera contable sobre las cuales no cabe interpretación”.
En cuanto a Cambio Radical, el senador David Luna dio su punto de vista sobre las acciones del presidente Petro: “Sabe que victimizarse le está dando resultado: fideliza a sus seguidores y enreda a más de uno con su absurda tesis de golpe blando. Lo que Petro jamás cuenta es que el CNE debe investigar, como lo ha hecho con muchos presidentes, si hubo violación a los topes de campaña o no“.
Desde el centro también hubo perfiles como Humberto de la Calle que han buscado aplacar los ánimos y señalar que el proceso tiene razón de ser. “El balance es que el Presidente opta por la agitación, llama al cuerpo diplomático todo ello sin razón sólida mientras este país que venía exhibiendo con orgullo un régimen democrático, sufre hacia afuera”, dijo el senador.
‘Las decisiones judiciales deben respetarse’: los mensajes de los presidentes del Congreso y la bancada independiente
Efraín Cepeda, presidente del Congreso
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“Una decisión del Consejo Nacional Electoral no puede ser vista como un golpe de Estado. Las decisiones judiciales deben respetarse, nadie está pensando en romper los principios democráticos. Hago un llamado a la calma y a no dejarnos distraer de los temas que realmente deben importarles a los colombianos”, este fue el más reciente mensaje del presidente del Senado, Efraín Cepeda.
Su par de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, aseveró que defender el Estado de Derecho y la Constitución “pasa por reconocer las competencias de las instituciones y la separación de funciones”. No obstante, dejó claro que “el Presidente solo puede ser investigado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara“.
Otras voces cuestionaron la credibilidad del acuerdo nacional que presentó el ministro Cristo. La presidenta del Partido Conservador, Nadia Blel, sostuvo que “resulta contradictorio que el Gobierno Nacional busque convocar un gran acuerdo nacional cuando al mismo tiempo desacredita y descalifica las actuaciones del Consejo Nacional Electoral con ataques personales a sus magistrados y no con argumentos jurídicos“