En medio de la peor crisis que atraviesa el proceso de negociación entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (Eln) desde el restablecimiento de los diálogos en noviembre de 2022 se ha hecho presente el clamor de la Iglesia, acompañante permanente del proceso y parte fundamental de las instancias que componen el mecanismo de monitoreo y verificación del cese del fuego. El llamado de la Conferencia Episcopal es claro: se deben recorrer todos los caminos que permitan a este proceso, la piedra angular de la política de ‘paz total’, volver a su senda.
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Durante un encuentro de Consejos Territoriales de Paz, EL TIEMPO habló con monseñor Héctor Fabio Henao, delegado de la Iglesia católica en las conversaciones con la guerrilla. El eclesiástico habló sobre el llamado que hacen las comunidades desde las regiones afectadas por la violencia del Eln y habló sobre la posibilidad de acompañar los espacios con el ‘clan del Golfo’ y las ‘Autodefensas de la Sierra Nevada’.
¿Cómo analiza hoy la Iglesia el congelamiento de la mesa de negociación entre el Gobierno y el Eln?
Lo primero es que desde el proceso territorial nos vemos como una voz de aliento para que no se desfallezca en la búsqueda de la paz y en los ejercicios de acercamientos y negociaciones. En segundo lugar, nosotros estamos a la espera de que se restablezcan los contactos. Conocemos la propuesta del Gobierno Nacional y estamos a la expectativa de que se den los pasos suficientes para que se reactive el cese del fuego, que es el tema que tiene más relación con las situaciones humanitarias que se viven en algunos departamentos. Creemos que se requiere un cese del fuego más robusto, cualitativamente superior y uno que tenga una duración importante para que las comunidades logren tener alivios en sus territorios.
Pero ¿también hay muchos llamados para que se busque otra estrategia?
Lo que nosotros recibimos es reiteradas voces de las comunidades de los territorios afectados que nos dicen que consideran muy importante que se restablezca el cese del fuego. Sabemos que estamos en una pausa, pero creemos que hay muchas cosas que se pueden hacer y nuestra expectativa es que se pueda encontrar el camino para solucionar las diferencias que hay y las situaciones de crisis, que se pueda continuar en la mesa tratando otros puntos de la negociación. Ya se firmó el punto uno y eso es un gran logro, pero hay que seguir insistiendo.
¿Qué les diría a quienes piden romper el proceso?
Comprendemos que hay una diversidad de posiciones en la sociedad colombiana, lo importante es mantener la palabra como el canal para tramitar cada una de las posiciones e incluso la diferencias en la pluralidad de la sociedad. Al mismo tiempo seguir insistiendo en buscar caminos que permitan llevar a las comunidades a alivios humanitarios en forma permanente para salvar vidas humanas. Mantener el esfuerzo dado que cada vida que se salva representa un impacto no solamente familiar, sino comunitario. He vivido muchos años de confrontaciones violentas y enfrentamientos, particularmente en zonas remotas del país, que han estremecido y afectado la vida de todos en la nación, es momento de dar una nueva oportunidad a la paz, pero es una paz que debe ser con todos y que debe ser un propósito común.
¿Qué les dicen las comunidades sobre el paro armado?
Asumo el llamado que ha hecho monseñor Mario Álvarez, obispo de Istmina, cuando dice que hace falta una presencia efectiva del Estado, que las comunidades están fatigadas de promesas, que necesitan que realmente se les integre dentro del proceso de crecimiento de la nación. Esas expresiones nos hacen pensar que la crisis humanitaria no es reciente, sino que tiene una larga historia y está acompañada por enfrentamientos entre diversos grupos. La muerte de varias personas, incluso bebés, causan un profundo dolor y consternación en las comunidades del Chocó y así debe ser en la nación entera, y llaman para que se adopten medidas de presencia social del Estado, de transformaciones territoriales, que muchas veces se han planificado y que siguen siendo esperadas por las comunidades. Hay que ver diferente el Chocó, que no solo nos preocupa cuando hay situaciones de este tipo. Hay una problemática muy profunda con raíces históricas que representan ausencia, abandono y situaciones que hacen de cultivo para generar violencias.
¿Cómo han intercedido ustedes? ¿Cuál ha sido su rol para intentar superar esta crisis?
Los acompañantes permanentes del proceso hemos estado muy pendientes de la situación, hemos tratado de hacer un trabajo que acercar a las partes, un trabajo permanente para asegurar que no se pierda las meta, que no se pierda el horizonte. Como es sabido, para nosotros lo más importante es la situación de las comunidades y lo que pasa en los territorios. Hemos escuchado reiteradas voces, sobre todo del Chocó, donde se vive una crisis humanitaria, y, por supuesto, haciendo esfuerzos ya dentro de nuestro rol para tratar de ayudar en la medida de lo posible. La Iglesia, si así lo requieren las partes, está abierta a aportar en la búsqueda de soluciones.
La Iglesia es parte fundamental del mecanismo de monitoreo y verificación del cese del fuego, ¿qué balance hacen luego de un año de tregua?
Nosotros no hacemos verificación, pero sí hacemos presencia en la instancia nacional, en las regionales y en las locales bajo la perspectiva de hacer monitoreo, de establecer puentes con las comunidades y ayudar a que muchas situaciones que se presentan en los territorios sean tramitadas en la mesa. Nosotros no podemos hacer una evaluación como tal porque nuestra labor no es justamente una labor de evaluación o de dar datos técnicos, pero lo que sí vemos es que el cese del fuego significa un alivio para las comunidades.
¿Cree que hoy existe un riesgo real de que alguna de las partes tome la decisión de levantarse de la mesa?
No quisiera dar un concepto sobre riesgos futuros, nosotros esperamos que se logre mantener el diálogo y, sobre todo, avanzar mucho más en el alivio de las comunidades, en la transformación en los territorios. Hay que pensar en las comunidades y en las personas que aspiran a ver resultados en la mesa. Esa es nuestra perspectiva. Nosotros no hacemos ese análisis de cuáles son las posibilidades. Nuestro trabajo es seguir apoyando, seguir cerca de la gente, la misión pastoral se debe a las comunidades y nuestra presencia en la mesa refleja el acompañamiento a las personas que han sufrido y que piden que se tomen todas las decisiones posibles para hacer realidad la vida en paz.
¿Acompañarán los procesos de negociación con el ‘clan del Golfo’ y las ‘Autodefensas Conquistadoras de la Sierra’?
La Conferencia Episcopal está analizando ese tema, de hecho, hay una presencia muy sólida de la Iglesia en zonas donde esos grupos hacen presencia y eso nos ha permitido estar caminando junto con las comunidades. La Iglesia vive lo que pasa en esos territorios, pero ya una presencia en mesas de diálogos tendrá que ser definida por la Conferencia Episcopal en su debido momento. Por ahora seguimos con mucha atención los pasos que se están dando y, sobre todo, hablando con quienes sufren la violencia.
¿Cuál es su opinión sobre la gestión del comisionado Otty Patiño?
Durante la asamblea del episcopado hubo una reunión en la que nos acompañaron el comisionado Patiño y sus colaboradores. Allí hubo un intercambio en el que pudimos escucharlo y conocer las perspectiva que él tiene sobre la paz. También nos mostró los planes que tiene para seguir avanzando en el marco de la política de paz del Gobierno. Nos parece que espacios así son muy importantes para que nosotros pudiéramos expresar nuestras dudas y el llamado que viene desde los territorios. Es una persona presta a escuchar.
¿Qué ha pasado con los procesos de paz urbana en Buenaventura y Quibdó?
Nosotros hemos estado muy cercanos porque son procesos que han nacido en gran parte bajo actividades desarrolladas por la Iglesia, los equipos territoriales se han acercado a la Iglesia y a los obispos y la voluntad que se ha expresado, que hemos escuchado, es que hay voluntad para encontrar soluciones y que sí hay voluntad de conversar con el Estado para encontrar la paz, sobre todo los jóvenes. Esperemos que con el paso del tiempo estos procesos se puedan ir consolidando, nosotros estamos prestos para ayudar en lo que se requiera porque vemos que sí ha traído esperanza para las comunidades.
Usted hablaba durante un encuentro de consejos de paz de los problemas de financiación de estos espacios, ¿cuál es el llamado que hace a los gobiernos locales?
Los consejos territoriales de paz son una voz muy fuerte porque vienen de los territorios y el llamado de estos espacios es claro: que se avance en la búsqueda de soluciones concertadas. También que las voces de los consejeros sean incluidas en las discusiones de paz, que sean parte de todo el esquema general del diálogo social. Ahora hay un problema también y es que en muchos territorios los consejos existen porque han sido creados a través de una ordenanza del departamento o de un acuerdo municipal, pero no tienen un presupuesto, no tienen plan de acción, por lo tanto es un llamado a las autoridades locales, territoriales, municipales y departamentales a que identifiquen la importancia de este tipo de organismos. Que les den la asignación presupuestal que les permita ejercer su labor, porque todas las autoridades buscan de alguna manera un clima de paz en sus territorios y hoy existe un mecanismo creado a nivel nacional que incluye legalmente a todas las autoridades y que les permite interlocutar con la sociedad en clave de construcción de la paz en el territorio. Hay que reconocer que necesitamos hacer un esfuerzo más grande todavía porque de los más de 600 consejos que están creados en el país a nivel municipal casi la mitad no tienen presupuesto o apoyo.
También hay preocupación por temas ligados a la implementación del acuerdo, ¿qué están diciendo las comunidades en estos consejos territoriales?
Hicimos, junto con 135 consejos territoriales de paz que estuvieron en Bogotá, un ejercicio de revisión de la implementación, básicamente del capítulo étnico del acuerdo de paz de 2016, e hicimos un análisis porque este punto es el que menos desarrollo tiene dentro del conjunto de la implementación. Preocupa sobre todo el hecho de que si uno mira con detenimiento, se encuentra con sectores especialmente relegados como las mujeres. Con Gloria Cuartas, directora de la Unidad para la Implementación del Acuerdo, se renovó el compromiso de hacer seguimiento a este capítulo y de insistirle al Gobierno Nacional en que su implementación es urgente.
CAMILO A. CASTILLO
Periodista de Política