¿Está en riesgo la expedición de pasaportes luego de que la Imprenta anunció que asumirá esa tarea en septiembre de 2025?

Aunque la gerente general de la Imprenta Nacional, Viviana León, anunció este martes que desde septiembre de 2025 dicha entidad se encargará de la expedición de pasaportes en el país, no existe claridad sobre qué pasará después del próximo 2 de octubre, fecha en la que vence el contrato 356, firmado entre el Gobierno y Thomas Greg & Sons para la fabricación de los documentos esenciales para viajar.

“No estoy diciendo que los vayamos a asumir ya. Es en la tercera etapa. La tercera etapa es la que inicia en septiembre de 2025 (…) Es una pregunta para el Canciller”, señaló León, a la salida de la Comisión Segunda del Senado, célula legislativa a la que el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, debía presentarse para un debate de control político -al que no asistió-.

Esta interrogante no es menor. Entre la fecha de culminación del contrato y el inicio de las labores de la Imprenta Nacional hay once meses, un extenso periodo en el que la crisis en la expedición de pasaportes se puede agravar.

Según el cronograma de la Cancillería y la Imprenta Nacional, el cual consta de tres fases, en la etapa de transición, es decir, del 3 de octubre de 2024 al 31 de agosto de 2025, es responsabilidad de la entidad la selección de un socio estratégico privado para que se haga cargo de la prestación del servicio.

“El propósito de la fase II es el de transferir gradualmente a la Imprenta Nacional de Colombia la capacidad institucional requerida para asumir el proceso de producción de libretas de pasaportes con el acompañamiento del aliado público extranjero a través del paquete de cooperación definido”, dice el documento.

Para Alexandra Lozano, abogada especializada en Derecho Administrativo y Contratación Pública, el término de dos meses es “evidentemente” insuficiente.

“Desde el punto de vista del Principio de Planeación y Planificación consagrado en nuestro ordenamiento jurídico, resulta absolutamente y insuficiente un término de dos meses en el que se debe hacer revisión y calificación de las propuestas que alcanzaron a radicarse, adjudicar y, como si fuera poco, preparar y planificar la debida e idónea ejecución del contrato”, señaló.

Cabe mencionar que la Cancillería y la Imprenta Nacional firmaron el pasado mes de mayo un convenio interadministrativo para la expedición de los pasaportes. En dicho convenio se explica que el nuevo esquema para producir pasaportes pasará a estar a partir de agosto en manos de esta última entidad y de dos aliados más: uno gubernamental extranjero y uno privado. Entre los gobiernos que han mostrado interés se encuentran Austria, Alemania, Estados Unidos, Bélgica, Canadá y México. Algunos de estos ya han enviado sus ofertas.

Esta sociedad se encargará de la expedición de los documentos bajo la supervisión del Ministerio de Relaciones Exteriores y un comité técnico de apoyo integrado por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

También habrá un comité consultivo interinstitucional en el cual estarían la Presidencia de la República, la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente, Migración Colombia y la Secretaría de Transparencia. De acuerdo con la Cancillería, el objetivo es conseguir mayor participación del sector público, seguridad en el manejo de la información y pluralidad en los proponentes.

En cuanto al socio privado, este estará articulado al gobierno con el que se suscriba el acuerdo y tendrá una única tarea: la impresión de la tarjeta. “Eso requiere de unas plantas y una infraestructura que en el futuro el acuerdo es que ya lo tenga la Imprenta Nacional. Pero mientras eso se da, vamos a tener un socio privado”, comentó Murillo en junio de este año.

Desde que el canciller dio a conocer el nuevo plan para expedir pasaportes, los cuestionamientos se han enfocado en la capacidad de la Imprenta Nacional para producir estos documentos, pues cualquier relajamiento en las condiciones de seguridad podrían tener consecuencias graves para la movilidad de los colombianos en el exterior.

A esto se le suma los problemas que se han presentado en la impresión de cédulas de extranjería a cargo también de la Imprenta, por presuntas fallas atribuidas a las máquinas. Además, la Procuraduría indaga la supuesta tercerización de estos contratos cuando se firmó un convenio con Migración Colombia para expedir los documentos de identificación.

CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
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