Más allá de las tensiones producidas por la guerra en Ucrania, al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le estalló otra crisis que, si bien es mucho más pequeña, tiene el potencial de “descarrilar” su presidencia.
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Se trata de la acontecida en Palestina del Este, un pequeño pueblo de 5.000 habitantes ubicado en la frontera entre Ohio y Pensilvania donde hace dos semanas se descarriló un tren cargado de peligrosos químicos y que se ha convertido en el epicentro de una nueva disputa entre republicanos y demócratas.
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El 3 de febrero, a eso de las 9 de la noche, un convoy con más de 150 vagones operado por la firma Norfolk Southern, se salió de la carrilera provocando un incendio. El tren, o al menos algunos de sus vagones, transportaba materiales tóxicos que iban camino hacia una fábrica de descontaminación. Entre ellos, cloruro de vinilo y otros que tienen el potencial de causar cáncer.
Casi de inmediato, se ordenó una evacuación mandataria de la zona. A los tres días y temiendo una explosión masiva de los contaminantes, las autoridades optaron por la liberación controlada de los químicos, provocando una gruesa columna de humo que se observó por varios días más. Según las agencias involucradas, era la única alternativa para evitar un desastre mayor.
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Si bien el incendió ya se apagó, los residentes no han querido regresar a sus hogares por temor a los efectos de la contaminación. Muchos han reportado tos y otros síntomas e insisten que el aire huele “raro”. También se ha documentado la muerte de más de 3.500 pescados en varias quebradas y otros animales.
Tanto Mike de Wine, el gobernador republicano del estado, como la Agencia para la Protección del Medio Ambiente (EPA, por su sigla en inglés), vienen insistiendo en que múltiples pruebas confirman que tanto el aire como el agua no presentan riesgos y que pueden retornar. Pero pocos los creen y demandan respuestas.
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De Wine, incluso, se quedó a dormir esta semana en el pueblo para demostrar que es seguro y hasta tomó agua del grifo para tranquilizar a los habitantes.
Mientras tanto, las autoridades estatales (que tienen prioridad) y federales han lanzado sendas investigaciones para determinar las causas del siniestro y su posible impacto a largo plazo. Esta semana, la EPA, por otra parte, le exigió a Norfolk Southern identificar y limpiar toda contaminación residual y pagar los costos en los que incurra la agencia con este mismo propósito. La empresa, además, anunció que usará un fondo con más de 65 millones de dólares para indemnizar a los residentes.
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El accidente ocurrió el 3 de febrero.
Angelo Merendino / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
El verdadero alcance de la tragedia
Desde el punto de vista medioambiental, los expertos debaten sobre el verdadero alcance de la tragedia.
De acuerdo con Ted Shettler, director científico en la Agencia para la Salud y el Medio Ambiente, es preocupantes que los residentes siguen reportando “olor a químico” y cree que la EPA debe ajustar los criterios y hacer pruebas que detecten químicos orgánicos volátiles o VOCs, como se le dice a esto irritantes. Anota, además, que las mediciones iniciales pueden arrojar resultados inconclusos, pues los químicos a veces tardan tiempo en asentarse en fuentes hídricas y superficies.
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Erin Brockovich, una activista en estos temas cuya causa contra una compañía en California fue inmortalizada en una película protagonizada por Julia Roberts en el año 2000, le ha venido diciendo a los habitantes que crean en sus instintos y no en las autoridades.
“Esto es cloruro de vinilo. Está en el aire, los peces se están muriendo. ¿Quién puede estar tranquilo con eso? Llevo 30 años en esto y si algo se es que en la EPA no se puede confiar”, dijo recientemente.
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Esto es cloruro de vinilo. Está en el aire, los peces se están muriendo. ¿Quién puede estar tranquilo con eso? Llevo 30 años en esto y si algo se es que en la EPA no se puede confiar
Pero en lo político el caso se ha tornado toda una tormenta que tiene de todo un poco. Desde oportunismo, hasta conspiración, pasando por negligencia.
Muchos han apuntado, y con razón, a la lenta respuesta de la administración Biden en la tragedia. Al menos desde un punto de vista óptico. El gobierno viene insistiendo en que desde el comienzo ha trabajado de la mano con de Wine y otras autoridades locales, que son las que tienen la potestad inicial. Así mismo, apuntan a que han facilitado todos los recursos necesarios.
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Sin embargo, los republicanos han enfilado sus críticas contra la EPA, el secretario de Transporte Pete Buttigieg y Biden. Michael Reagan, jefe esta agencia, solo se apareció este miércoles por el pueblo mientras que Buttigieg lo hizo el jueves, dos semanas después.
El secretario, de hecho, tuvo que pedir disculpas por la demora y dijo que está aprendiendo de ese error. Pero eso, por supuesto, no acalló las voces republicanas que piden su renuncia.
Y luego está el presidente Donald Trump, que se apareció esta semana en Palestina llevando botellas de agua y acusando a Biden de abandonarlos a su suerte. De acuerdo con el expresidente, mientras Biden estaba de “tour” por Ucrania donando miles de millones de dólares a este lejano país, en Ohio y Pensilvania sus propios ciudadanos ni podían respirar o tomar agua.
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Trump, que ya anunció su candidatura para las elecciones del 2024, sin duda vio una enorme oportunidad para debilitarlo, pues ambos estados serán claves en esos comicios.
Un desastre que se pudo prevenir
Pese a ello, la administración y otros apuntan a la hipocresía de Trump y los republicanos y piensan que la jugada se les puede devolver. Eso porque Trump, durante su gobierno prácticamente desmanteló a la EPA y eliminó muchas de las normas y regulaciones que habrían podido prevenir el desastre.
Entre ellas, una norma de la era de Obama que exigía frenos más eficientes en los trenes que transportan materiales altamente inflamables, otra que puso fin a las auditorías regulares en seguridad para ferrocarriles y suspendió una regla pendiente que requería que los trenes de carga tuvieran al menos dos tripulantes.
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Para rematar, puso a una veterana de la industria química a cargo, precisamente, de la oficina de seguridad química en la EPA donde hizo cambios favorables para este sector al limitar los estudios que podía realizar la agencia frente a los riesgos para la salud.
Las autoridades evuacuaron el 6 de febrero a los residentes del pequeño pueblo de Palestina del Este, en Ohio
Angelo Merendino / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
“Mucho de los que ahora parecen sacar provecho político de esto son los mismos que llevan años peleando a dentellada para impedir que se eleven los controles a la industria ferroviaria cuando transportan materiales tóxicos”, dijo Buttigieg.
En la extrema derecha, mientras tanto, el caso se ha salido de proporción. Muchos comentaristas conservadores, entre ellos de Noticias Fox, se refieren al incidente como Chernóbil 2.0 en alusión a la explosión de una planta nuclear en la Unión Soviética en 1986 que les costó la vida a por lo menos 4.000 personas. También hablan de un masivo esfuerzo por ocultar el verdadero alcance de un incidente que catalogan como el “peor desastre ambiental de la historia” y sugieren que quizá fue premeditado.
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Prueba de lo cargado que anda el mundo político en EE. UU., Tucker Carlson, uno de los presentadores más populares de FOX hasta le metió un elemento racial tras sugerir que la administración demócrata le había restado importancia a la tragedia, pues los residentes de Palestina del Este son en su mayoría blancos.
Nadie sabe a ciencia cierta qué tan profundo será el impacto del desastre en lo humano, mediombiental y político. Lo que sí está claro es que Joe Biden deberá lidiar, no solo con la amenaza de “bomba nuclear” de Vladimir Putin, sino como una bomba química que parece haberse desatado en su propio patio trasero.
SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington
En Twitter @sergom68