A la Unión Temporal Fiscalía Seguridad Integral (Comunicación Celular S.A. o Claro Comcel con Sonda de Colombia S.A. y Teseract S.A.) y Yak Til SAS les fue adjudicado el contrato para “prestar los servicios de telecomunicaciones de red corporativa Wan-lan, seguridad informática y videoconferencia para la Fiscalía General de la Nación”, por un valor de 179.500 millones de pesos en el que estaba compitiendo también la Unión Temporal Conecta (Colombia Telecomunicaciones, es decir Telefónica Movistar y Dextera).
La polémica en este adjudicación se dio por la entrega de una certificación desde LG, la marca que certificaba la de vida útil de unos monitores tipo LED de mínimo 55 pulgadas con 40.000 horas.
El Comité Técnico Evaluador en el marco de la verificación de los documentos presentados por los proponentes, solicito a LG Business Solutions confirmación sobre las especificaciones contenidas en la certificación aportada por el proponente UT Conecta 2022, fecha 11 de noviembre de 2022 obteniendo como respuesta que la misma presenta unas presuntas alteraciones con respecto a la certificación firmada por esa empresa.
Tanto la empresa Telefónica Movistar como la misma Fiscalía formularon una denuncia penal por presunta falsedad en documento privado y esperan resultados en la investigación.
Sede de la Fiscalía General de la Nación.
“Nosotros fuimos asaltados en nuestra buena fe por un proveedor autorizado de LG que nos iba a suministrar los equipos y nos dio la certificación, somos víctimas también y se supone que la empresa está dando la garantía”, agregaron los voceros de la empresa Telefónica Movistar.
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Al cierre de la Audiencia Pública, Jaime Chaves, el abogado de la Unión Temporal conecta 2022 de la que hace parte Telefónica Movistar señaló las empresas son ajenas a ese documento que se adjuntó por que las empresas no tienen injerencia en el mismo, sino el fabricante o el proveedor.
“Los jueces serán los que van advertir si hubo o no falsedad, lo que se presenta acá es una confrontación de dos certificaciones,entre una de 30.000 horas de vida útil de unos monitores y otra de que se presentan 40.000 horas de vida útil de los mismos equipos, de esas presuntas alteraciones en la certificación el mismo fabricante hace la alerta al ver la diferencia. No es posible saber quien hizo esa alteración y ya será la justicia quien defina“, expuso el jurista.
Deberá agotarse el debido proceso para la llamada ante las denuncias. “Hoy la Fiscalía toma una decisión y una postura partiendo de una causal de rechazo por el hecho de haber presentado ese documento y esta posición desconoce la responsabilidad y habría sido oportuno que lo tomara el comité evaluador”, agregó el abogado.
Además señaló que la empresa desde hace muchos años hace parte de estos procesos y que “no ha tenido que acudir a esas practicas para ser el ganador de la licitación porque siempre ha apelado a la experiencia, al despliegue de la infraestructura para para prestar de la mejor manera sus servicios y que de hecho era la más económica y que cumplía con los parámetros”, puntualizó Chaves.
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