Insistir, persistir y nunca desistir, esa parece ser la consigna que tiene la Alcaldía de Medellín y Empresas Públicas de Medellín para conseguir la autorización que les permita la enajenación de las acciones que se tienen en UNE e Invertelco.
Dichas acciones, corresponden al 50% más una acción, que a pesar de ser mayoría, no le da control ni poder de decisión a EPM debido a una acuerdo firmado en 2014 donde se le daba este poder a Millicom.
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Así lo dejó claro el gerente general de EPM, Jorge Andrés Carrillo en la mañana de este viernes después de conocerse la decisión del Concejo de negar la solicitud para que el proyecto de acuerdo 099 de 2022, rechazado el martes en la Comisión Primera, llegara a otra comisión para su discusión.
“La decisión del Concejo es equivalente a entregarle un cheque de 2.5 billones de pesos a Millicom. Eso es lo que decidió el Concejo y lo pueden disfrazar que lo público se protege, que lo público se respeta, que nada de lo que proponga en alcalde Daniel Quintero es”, dijo la directiva y agregó no saber si los concejales tienen conocimiento de cómo se está beneficiando Millicom, el socio privado de EPM en UNE, con esta negativa.
Ante este panorama hizo un llamado a la sensatez y llegar a un acuerdo porque, mientras los días pasan y llegue el momento en que no se pueda activar la cláusula de protección de patrimonio público, habría una pérdida patrimonial que recaería, según él, sobre quienes votaron no.
Por esta razón insistió en un diálogo directo con los corporados para encontrar propuestas que no sean un “sofisma”, como las que hubo en la Comisión Primera, para ser incluidas en el nuevo proyecto que se tendrá que presentar.
Quintero no quiso aceptar que los recursos de venta de Une fueran a congelar las tarifas de servicios públicos de estratos 1, 2 y 3 de Medellín.
No sólo incumple su propuesta de gobierno sino que le echa la culpa a los demás del conejo a los más vulnerables.
Enfermizo— Alfredo Ramos (@AlfredoRamosM) August 16, 2022
“¿Por qué digo que un sofisma? Porque sale una bancada a anunciar con orgullo el apoyo de enajenación de las acciones, pero pone unas condiciones que violan la ley. Es como si yo condicionara a una imposibilidad (…) Yo no sé si es exceso de habilidad o falta de la misma”, añadió Carrillo.
A las condiciones que hace referencia fueron las presentadas por la bancada del Centro Democrático cuyo vocero, el concejal Alfredo Ramos, dio a conocer el pasado viernes y que están enmarcadas en: creación de un fondo de estabilización tarifaria de los servicios públicos, reconexión de servicios públicos domiciliarios y un plan de conectividad a internet para estratos bajos y zonas rurales.
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“Queremos que los recursos de la venta de UNE se vayan para Medellín, no a un plan de inversiones de EPM donde no sabemos dónde van a terminar y quién sabe que terminen en manos de Daniel Quintero. Nuestro compromiso es con la ciudad, con los recursos públicos transparentes y, sobre todo, con los menos favorecidos”, expresó el corporado ese día.
Según Carrillo, la actuación de los concejales les puede acarrear una sanción ante los entes de control por la pérdida del patrimonio público de la ciudad.
MEDELLÍN
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