En medio del recrudecimiento de la violencia en el país y del limitado efecto que han tenido los ceses del fuego pactados con el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y con el ‘Estado Mayor Central’ (Emc), el Gobierno ha puesto el foco sobre uno de los compromisos alcanzados en las mesas de diálogo con ambos grupos armados: la creación de zonas humanitarias para la aplicación de los acuerdos parciales.
(Además: Amplían plazo para que víctimas del conflicto se acrediten ante el Ministerio Público).
Vera Grabe, jefa de la delegación del Gobierno ante el Eln.
Presidencia de la República
En lo que respecta a la mesa de negociación con el Eln, se trata de ocho regiones que han sido denominadas ‘zonas críticas’. Allí aparecen Bajo Calima y San Juan —donde el Eln ha decretado tres paros armados en los últimos siete meses—, Baudó (Chocó), el Bajo Cauca antioqueño, Buenaventura, Dagua y Cali (Valle del Cauca), el Nordeste antioqueño, el sur de Bolívar, Nariño y El Naya (Valle del Cauca).
Según lo que ha trascendido, allí se implementarán mecanismos de protección humanitaria, que, en términos simples, son acuerdos entre las dos delegaciones para generar condiciones favorables para la población civil.
Es decir, el Gobierno busca aumentar la presencia estatal en estas regiones a través de programas de desarrollo en los que tengan participación directa las comunidades, pero que serán coordinados por la mesa.
Fuentes en la mesa confirmaron que próximamente en estas zonas se programarán visitas con los delegados de ambas partes —ya se creó una Comisión Humanitaria para dicho fin—, y que se espera que haya acompañamiento de los países garantes del proceso de paz. “Todas las acciones que defina la Comisión Humanitaria a realizar en las zonas críticas serán dirigidas desde la mesa y se articulará con la Oficina del Comisionado para la Paz y las instancias que se requieran”, se explica en el acuerdo 20 del proceso.
Estas ‘zonas críticas’ se suman a Cauca, Caquetá, Arauca, Putumayo, Guaviare y Norte de Santander, departamentos priorizados en la negociación con el Emc para adelantar lo que en la mesa denominan “transformaciones territoriales estructurales”.
Entre las iniciativas que están próximas a echarse a andar se encuentran las acciones de recuperación de la cuenca del río Catatumbo, una serie de planes socioambientales en regiones del Caquetá que se encuentran en consultas y la implementación de un acuerdo enfocado en la transformación de las economías ilícitas en el departamento del Cauca, fundamentalmente en el cañón del río Micay.
López de Micay, municipio del Cauca.
(Le puede interesar: Gobernadora del Chocó propone cese de acciones ‘anti-humanitarias’ a mesa con Eln).
En esta última región es donde la propuesta genera mayores interrogantes. El Tambo, Argelia y López de Micay han sido desde hace décadas epicentro del conflicto y, sobre todo, municipios clave para el narcotráfico.
De hecho, y de acuerdo con el ‘Informe de monitoreo de territorios con cultivos de coca’ de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, el enclave Argelia-El Tambo es el más productivo para la fabricación de esta sustancia en el país: hoy cuenta con más de 10.000 hectáreas cultivadas.
Por tal motivo, el Gobierno ha centrado su atención allí. El objetivo del presidente Gustavo Petro no solo es quitarles el control al frente ‘Carlos Patiño’ y a otros grupos que hacen presencia en la región, sino reemplazar las economías ilícitas derivadas de los cultivos de coca y una de las rutas tendría como eje la aplicación de estas acciones.
En ese sentido, Vera Grabe, jefa de la delegación ante el Eln, aclaró que estas acciones tendrán como propósito, particularmente en ese proceso, crear condiciones para el funcionamiento del Comité Nacional de Participación, instancia temporal creada para que las comunidades tengan voz y voto en los acuerdos.
Un visión similar tiene Camilo Gónzalez Posso, quien al cierre del tercer ciclo de diálogo con el Emc dijo que estas “misiones” tendrán como objetivo “escuchar a la gente” y “buscar un acercamiento para que la participación ayude a construir la agenda”.
“Los planes, por ejemplo, en el caso del Eln, que en la mesa les llaman las zonas críticas, se piensa llevar asistencia humanitaria y han pedido ayuda a la comunidad internacional en general, pero lo están haciendo en fases y el Gobierno adicionalmente quiere hacer inversiones, no solamente humanitarias, sino más de desarrollo precisamente en esas zonas”, le explicó a EL TIEMPO días atrás el jefe de la Misión de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu.
Pero la pregunta que surge en el contexto actual, uno en el que si bien hay avances en las mesas, estos compromisos aún no se ven reflejados en los territorios, como lo reportan centros de investigación como la Fundación Ideas para la Paz (FIP) o la Fundación Paz y Reconciliación, es qué tan realistas y efectivos pueden ser estos acuerdos.
Camilo González Posso, jefe de la delegación del Gobierno ante el Emc.
Claudia Rubio / El TIEMPO
(Lea también: Paro armado en el Chocó y violencia en Cauca siembran dudas sobre ceses del fuego).
Para Jairo Murillo, alcalde de Sipi, municipio del Medio San Juan, si esa priorización ocurre en los términos pactados en la mesa y va de la mano con un compromiso real de cumplir el cese del fuego, puede ser un respiro para la región.
“Es una buena opción, puede ser una gran una ayuda para la gente del municipio. A veces no se calcula el impacto que tienen los confinamientos, el que nadie pueda salir de sus casas, y es lo que siempre hemos pedido, que estos acuerdos vayan acompañados de brigadas de salud y acciones de ese tipo”, señaló, y agregó que si bien está dispuesto a ayudar en lo que considere el Gobierno, “no conocemos el detalle de la aplicación”.
No obstante, uno de los primeros obstáculos a los que se enfrenta esta estrategia es que llegará a las regiones con delegados de la mesa que hacen parte de los mismos grupos armados que, a través de acciones violentas, ejercen control. A esto hay que sumarle que existen zonas en donde hay disputas entre grupos armados y particularmente choques entre el Eln y las disidencias.
En ese sentido, Lina Mejía, investigadora de la organización Vivamos Humanos, la cual hace presencia en la región del Catatumbo, Norte de Santander, considera que va a ser fundamental que se comience a pensar en acciones conjuntas entre las mesas.
“Hay zonas priorizadas y zonas críticas que se sobreponen unas a otras: el suroccidente, parte de Antioquia, etc. Entonces esto requiere que se empiece a dialogar desde ya para evitar que se dupliquen esfuerzos”, agregó.
No obstante, reconoce que no será una tarea sencilla. “Es un reto por supuesto porque no creo que ninguna de las dos mesas quiera comenzar esta articulación ya, porque cada uno contiene sus propias dinámicas, sus propios temas, tiempos y agendas, e incluso su propia metodología. Es una estrategia ambiciosa, pero necesaria”, dijo Mejía.
Y agregó sobre las acciones concretas en la cuenca del río Catatumbo que “no se va a lograr si no se tiene en cuenta a muchas comunidades que vienen haciendo esa recuperación” y si no se les brindan condiciones de seguridad a los campesinos de la zona, pues “allí no solo hacen presencia Eln y el ‘Estado Mayor Central’ ”.
Cáceres, en la región del Bajo Cauca, es uno de los municipios afectados por los conflictos en torno a la minería ilegal.
Cortesía Nelson Cárdenas
La investigadora dice que este último ha sido un llamado constante de los líderes y organizaciones sociales que hacen presencia en la regiones. Quizás por ese motivo el mensaje del alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, para las dos mesas luego de que el frente de guerra Occidental decretó el paro armado en Chocó es claro.
(Siga leyendo: Alerta por desabastecimiento de medicamentos en el Chocó por el paro armado del Eln).
“Orientamos a las delegaciones del Gobierno Nacional en las mesas con el Eln y con Emc para que avancen con rapidez y firmeza en la territorialización de la paz”, dijo el martes.
Una de las preguntas que deja esta propuesta es que aún no está claro de dónde provendrán los recursos para las acciones que se adelanten en los territorios priorizados en la mesa con el ‘Estado Mayor Central’.
Más claro parece el camino en el proceso con el Eln, pues todo indica que será uno de los propósitos del fondo multidonante.
“En el acuerdo número 21 la mesa de diálogos pactó que iba a haber iniciativa para lograr financiamiento de las actividades de paz, es decir, todas aquellas que están ligadas a los acuerdos. Esto significa entre otras la participación de la sociedad, las actividades que tienen que ver con el cese al fuego y toda la dimensión humanitaria del proceso”, puntualizó el senador Iván Cepeda días atrás en conversación con EL TIEMPO.
CAMILO A. CASTILLO
@camiloandres894
REDACCIÓN POLÍTICA