Esta semana, en San Zenón (Magdalena) y Montería, el presidente Gustavo Petro entregó 11.710 hectáreas de tierras que la justicia les había incautado a jefes paramilitares hace más de 15 años y que sin embargo no habían llegado a manos de los campesinos víctimas del conflicto.
Conforme a los criterios de
Esas entregas hacen parte de una estrategia que busca meterle el acelerador a la reforma agraria y que cerrará el mes con una meta de 50.000 hectáreas de tierras productivas que pasarán a comunidades en todo el país.
Las cifras de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) muestran que a 22 meses del fin de este mandato se han comprado 245.370 hectáreas, que sumadas a las 36.039 que se compraron en los anteriores Gobiernos dan un total de 281.411. Representan el 9,3 por ciento de las 3 millones fijadas en el acuerdo de paz con las Farc para antes de 2028.
Las cifras de formalización de la ANT, con corte al 31 de agosto de este año, muestran que hay 2’546.007 regularizadas, de las cuales 1’208.400 surtieron su trámite durante este gobierno. Reportes del Ministerio de Agricultura señalan que se ha formalizado la propiedad de casi 20.000 predios en todo el país.
En cuanto a la cifra de entrega de tierras los datos oficiales indican que van 77.350 adjudicadas a poblaciones étnicas y que 168.020 a campesinos. Estas incluyen las de esta semana en Magdalena y Córdoba, predios que según el Gobierno permanecieron estos años en manos de poderosos terceros y no en las de las víctimas.
De las hectáreas dadas a campesinos, 28.156 han sido compradas a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), 18.176 al Fondo para la Reparación a las Víctimas, 107.057 a particulares, 10.548 han sido donadas por la SAE, 2.240 por otras entidades y 1.843 han llegado al Fondo de Tierras por aprehensión material.
La meta (ajustada) que marcó el presidente Petro para su cuatrienio fue comprar 1’500.000 hectáreas de tierra para repartir con comunidades étnicas, campesinos y víctimas.
Foto:
Si bien durante los últimos meses, el Gobierno le ha puesto el acelerador a la entrega de tierras, fundamentalmente en la región Caribe, el ritmo sigue sin ser el adecuado si se tiene en cuenta la fecha límite establecida por el acuerdo. Para acelerar ese proceso de compra de tierras, el Gobierno ya prepara un decreto que le daría luz verde a la compra exprés de tierras y que permitiría en tiempo récord (la adquisición pasaría de un trámite de siete meses a uno de dos) nutrir el Fondo de Tierras. Este documento fue dado a conocer esta semana y se encuentra en fase de consulta.
Felipe Harman, director de la ANT, aseguró que la meta planteada para este 2024 se superará gracias a la eliminación de trámites administrativos que llevaban años. El Gobierno reconoce que, pese a los avances, las metas propuestas en La Habana siguen lejos y por eso uno de los puntos del acuerdo nacional oficializado el viernes por el ministro Juan Fernando Cristo tiene en el tema de tierras uno de sus pilares.
“El Ejecutivo ha hecho esfuerzos fiscales en el sector agricultura, pero no ha logrado que se alcancen los resultados proyectados al inicio del mandato en materia de redistribución y formalización”, concluye un balance de Dejusticia publicado en agosto.
El acuerdo con Fedegan
La meta (ajustada) que marcó el presidente Petro para su cuatrienio fue comprar 1’500.000 hectáreas de tierra para repartir con comunidades étnicas, campesinos y víctimas. Pero ni siquiera el histórico acuerdo firmado con la Federación Colombiana de Ganaderos, que buscaba facilitar la compra de tierras de los ganaderos, le ha dado el impulso definitivo a esas adquisiciones. Según el último corte de Fedegán, que data de marzo de este año, los ganaderos ofrecieron al Gobierno 1.365 predios (587.089 hectáreas); sin embargo, solo se habían comprado 58 que suman 24.109 hectáreas, es decir, apenas el 4 por ciento de lo ofertado desde 2022, cuando se firmó el compromiso.
Aunque el gobierno Petro, como lo reconocen los informes de ONU y otras entidades que acompañan la implementación, es el que más avances registra desde la firma del Acuerdo, es claro que la llamada ‘reforma rural integral’ sigue siendo un frente con grandes rezagos.
Para Carlos Duarte, coordinador de la línea de investigación en desarrollo rural y ordenamiento territorial de la Universidad Javeriana de Cali, cumplir la meta se ve muy complicado en este punto, pese a la intención de esta administración por cumplir. “Hay que reconocer que la diferencia entre este gobierno y los anteriores es abismal. En este ha sido más que manifiesta esa voluntad y eso se ha visto no solo a nivel político, sino a nivel presupuestal. Ahora bien, va a ser difícil cumplir con ambas metas”, señaló.
En ese sentido, señaló que el gobierno Petro tiene grandes retos de cara a lograr un avance importante antes de 2026. “Necesitamos instituciones más robustas, instituciones con un personal de carrera mucho más potente. Necesitamos procedimientos administrativos de compra mucho más ágiles, se necesita poder aminorar los pasos de los avalúos comerciales, se necesita también tener herramientas para poder formalizar de una manera más rápida y se necesita mejores herramientas para recuperar tierras indebidamente adjudicadas”, agregó.
De las hectáreas dadas a campesinos, 28.156 han sido compradas a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), 18.176 al Fondo para la Reparación a las Víctimas y 107.057 a particulares.
Foto:
Aunque la reforma rural integral no se limita exclusivamente al tema de tierras, todos estos elementos mencionados han generado un enorme rezago en la implementación.
Según el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, solo el 6 por ciento de las disposiciones de ese compromiso, el llamado Punto 1, fueron completadas. El informe reseña uno de los grandes inconvenientes que hay hoy en el tema de tierras: la inconsistencia institucional en el reporte de cifras oficiales en materia de formalización y adjudicación de tierras. De hecho, la Contraloría, en una auditoría practicada a la ANT en 2023 y dada a conocer en julio, advirtió sobre el ‘desorden’ en el inventario para la reforma agraria durante la administración del exdirector Gerardo Vega.
El Ejecutivo ha hecho esfuerzos fiscales en el sector agricultura, pero no ha logrado que se alcancen los resultados proyectados al inicio del mandato en materia de redistribución y formalización.
Esto se evidencia en el choque que justamente tuvo Vega hace un año con la exministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, por cuenta de la inconsistencia en las cifras de formalización, discusión que incluso escaló a un consejo de ministros y que habría sido el motivo de la salida del Gobierno del primero.
Por su lado, la Procuraduría ha alertado sobre inconsistencias en los reportes. El Ministerio Público reveló que había 18 casos en los que los predios ofertados podrían tener traslapes con cuerpos de agua como ciénagas o humedales, situación que exigía estudios que determinaran si estos bienes eran propiedad del Estado y de uso público.
¿Y los bienes de las Farc?
Un capítulo aparte merecen las tierras que estaban en poder de las Farc y que fueron entregadas como parte de los compromisos firmados en 2016. Ese es, de acuerdo con fuentes consultadas, un frente sin avances para la reparación.
EL TIEMPO consultó con la ANT y con la Sociedad de Activos Especiales para conocer cuántos de estos predios se han utilizado para la reforma, sin embargo, al cierre de esta edición no obtuvo respuesta sobre esas tierras. Asimismo, desde la Unidad para las Víctimas manifestaron que los bienes que ingresan al Fondo para la Reparación corresponden únicamente a los que se enmarcan dentro de Justicia y Paz, es decir, los ligados al paramilitarismo.
Nos toca de alguna manera aclarar el inventario de bienes inmuebles que se reportaron y a partir de este proceso que nosotros podamos comprarlos y que a su vez los podamos redistribuir.
Este diario también habló con Emilio Archila, ex alto consejero presidencial para la Estabilización, quien señaló que estos bienes eran entregados a la SAE y que al cierre de su gestión estos equivalían a 967.000 millones de pesos, de los cuales, era monetizables 548.000 millones. Sin embargo, afirmó que este inventario quedó incompleto. “El compromiso adquirido por las Farc era elaborar un inventario exhaustivo, pero como no se incluyeron todos, sobre los no denunciados se aplicaba la extinción de dominio”, manifestó.
Hallar esas propiedades ocultas, muchas de las cuales están en manos de testaferros, como ocurrió en el caso de los ex-Auc, es una tarea pendiente de la Fiscalía.
‘Vamos a estar por encima de meta del año’
Reforma rural
Foto:
La meta para este año de entrega de tierras son 200.000 hectáreas, ¿cree que van a poder cumplir ese objetivo?
Esa meta es muy importante y con la modificatoria que hicimos del convenio del Fondo de Reparación y de la SAE para facilitar la compra, nosotros vamos a estar incluso por encima de esa cifra. Esta semana materializamos una promesa de 19.000 hectáreas, 10.000 el jueves y 9.000 los días que vienen. El Fondo de Reparación históricamente consignaba los bienes de los distintos jefes paramilitares, nunca había tenido la posibilidad de comercializar y monetizar sus bienes. Nosotros los compramos, que es un tema en el que hay que hacer pedagogía o explicarlo muy bien, y con esa plata se reparan las víctimas del paramilitarismo,
¿Por qué el Gobierno dice que hay bienes que han terminado en manos de clanes políticos?
Está sucediendo en varias regiones. Lo que está pasando con los bienes del Fondo de Reparación es que muchas veces están siendo invadidos por actores políticos e incluso por actores militares del territorio y eso dificulta nuestra labor. En este proceso de recuperación en Córdoba, por ejemplo, tuvimos que solicitar el apoyo de 200 miembros de la Policía Nacional y de más de 50 miembros del Ejército Nacional para poder restituir esos bienes y que volvieran a manos del Estado.
¿Qué medidas van a tomar para que esos bienes no se pierdan y terminen en manos de grupos armados nuevamente?
Nos toca de alguna manera aclarar el inventario de bienes inmuebles que se reportaron y a partir de este proceso que nosotros podamos comprarlos y que a su vez los podamos redistribuir. En esto sí es muy importante la colaboración de actores del proceso de paz, incluyendo, claro, a Salvatore Mancuso y otros comandantes paramilitares para que hagan claridad de qué fue lo que le entregaron al Estado y que esclarezcan dónde están esas fincas y dónde están esos bienes.
CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
X: (@camiloandres894)