La organización estadounidense Human Rights Watch (HRW) le envió una carta este viernes al presidente Gustavo Petro en la que le dice, entre otras cosas, que para que su política de paz total sea exitosa deberá estar de acompañada de una estrategia de seguridad efectiva que garantice los derechos humanos de los ciudadanos y el desmantelamiento de lo grupos armados y las economías ilegales que los sostienen.
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La misiva, escrita por la colombiana Juanita Goebertus, la nueva directora para las Américas en HRW, arranca diciendo que la propuesta del presidente “si se diseña e implementa adecuadamente”, tiene el potencial de avanzar en la protección de derecho humanos de comunidades que por década han sufrido abusos por parte de todos los sectores del conflicto armado.
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En ese sentido, la organización le plantea al nuevo gobierno cinco recomendaciones con el ánimo de contribuir a ese desenlace.
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Garantizar una política para la seguridad territorial
Instamos a su gobierno a rediseñar las políticas de seguridad existentes para asegurar que las fuerzas de seguridad y otras instituciones estatales prioricen la protección de la población civil
En el primer punto le pide garantizar la puesta en marcha de “una política para recuperar la seguridad territorial”.
Según HRW, este punto es algo necesario y urgente, pues la implementada bajo el gobierno del expresidente Iván Duque no garantizó los derechos humanos en zonas remotas y permitió que los grupos ilegales expandieran su control territorial.
“Instamos a su gobierno a rediseñar las políticas de seguridad existentes para asegurar que las fuerzas de seguridad y otras instituciones estatales prioricen la protección de la población civil y el desmantelamiento integral de los grupos armados al abordar sus economías y redes ilegales, así como el lavado de dinero”.
Para ello, continua la carta, “su gobierno debería fortalecer la capacidad del sistema judicial y garantizar que los indicadores de éxito de las fuerzas de seguridad se basen en asegurar un control territorial efectivo, respetar los derechos humanos y prevenir abusos. Además, la nueva política de seguridad debe ser consistente con la estrategia para desmantelar grupos armados que deberá diseñar la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad en virtud de lo establecido en el acuerdo de paz, y garantizar una coordinación adecuada con las autoridades locales, así como con los planes más amplios para expandir la presencia de instituciones civiles en todo el país”.
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Imagen de archivo de las protestas de 2020 en Bogotá. Fotos: Milton Diaz El Tiempo
Milton Diaz / El Tiempo
Petro debe definir su postura frente a los grupos armados y criminales
En el segundo punto, HRW le pide a Petro definir, con la mayor claridad, con qué grupos criminales piensa negociar y cómo piensa adelantar esos acercamientos, en vista de la gran cantidad de organizaciones armadas que existen en el país (más de 30) y los nexos de ellas con vínculos con el narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades ilícitas.
En otras palabras, si piensa utilizar el mismo rasero para un grupo como el Eln, que tiene objetivos políticos, y organizaciones netamente criminales como el Clan del Golfo.
Según HRW, si bien el derecho internacional (Protocolo II Adicional) y el derecho internacional humanitario no prohíbe las negociaciones con ninguno de ellos, y por lo tanto la decisión recaerá en el gobierno Petro, sí serían relevantes para los términos y acuerdos a los que se lleguen con los grupos.
También le piden considerar si en algunos casos hay razones para creer que la negociación es el camino más eficiente para asegurar los derechos humanos de la víctima, en comparación con “la aplicación de la ley o, cuando corresponda, las operaciones militares realizadas en el marco del derecho internacional humanitario”.
“Dicha decisión también debe tener en cuenta si negociar con facciones de grupos armados que rechazaron o no cumplieron acuerdos anteriores, como el de las Farc de 2016 y el de Justicia y Paz con los paramilitares de mediados de la década de 2000, crearía incentivos adecuados para que cualquier negociación futura sea tomada en serio”, afirma HRW sobre el contexto especifico de Colombia.
Así mismo, HRW le pide a Petro revisar la “clasificación” de los grupos armados en Colombia, pues la actual fomenta la confusión tanto en la distinción entre estrategia de sometimiento a la justicia o negociaciones de paz con fines políticos y a la ahora de establecer las normas para el uso de la fuerza contra ellos por parte del Ejército o la Policía.
Delegación de Gobierno y jefes del Eln en Cuba.
Colombia debe definir la causas que perpetúan la violencia
(El Gobierno) debe desarrollar enfoques alternativos en política de drogas a nivel regional que estén basados en estándares internacionales de derechos humanos
El tercer punto en el que hace énfasis HRW es en la necesidad de abordar simultáneamente las causas que perpetúan la violencia en el país y que han contribuido al reciclaje de nuevos grupos armados una vez sus predecesores se desmovilizan.
“Para abordar este reciclaje de la violencia de manera sostenida a largo plazo, es fundamental que el gobierno aborde las condiciones subyacentes que han perpetuado el problema. Eso requerirá un esfuerzo enfocado en reducir permanentemente el poder de los grupos armados y el crimen organizado a través de una variedad de medidas, incluidas investigaciones criminales destinadas a desmantelar estos grupos, así como una presencia estatal civil más efectiva en regiones remotas que ayude a abordar las economías ilegales y garantizar el disfrute de los derechos económicos y sociales”, afirma el documento.
Aunque HRW reconoce que procesos de paz, como el que pueda tener lugar con el Eln, traerán nuevos compromisos para abordar la pobreza y desigualdad, le pide a Petro que estos nuevos planes no socaven o dupliquen lo que se acordó en el proceso con las Farc y cuya implementación debería ser reforzada.
Además, le sugieren al presidente colombiano “tomar medidas para reforzar la presencia y la capacidad de los jueces, fiscales, investigadores de policía judicial y defensores públicos en áreas remotas del país, donde la ausencia de una capacidad judicial adecuada ha permitido que los grupos armados prosperen y, en algunos casos, impongan sus propias “normas” a la población”.
En este punto, HRW hace también énfasis en que para que la “paz total” propuesta por el nuevo gobierno sea duradera debe atacar el narcotráfico de una manera eficiente.
Si bien aplauden la propuesta de Petro de acabar con la llamada “guerra contra las drogas”, le piden desarrollar en “el mediano plazo enfoques alternativos en política de drogas a nivel regional que estén basados en estándares internacionales de derechos humanos”.
No obstante, le solicitan que, para el caso de Colombia, adopte de manera inmediata una política antidrogas efectiva que incluya, entre otras cosas “financiar e implementar de forma integral los planes de sustitución de cultivos de uso ilícito según lo establecido en el acuerdo de paz, reforzar planes para proteger a las personas involucradas en estos programas” y el fortalecimiento de las estrategias judiciales antidrogas para dar prioridad a la persecución judicial del crimen organizado, la corrupción asociada al narcotráfico y el lavado de activos, en lugar de perseguir a participantes de bajo nivel en la cadena del narcotráfico.
Los ataques contra la fuerza pública se han incrementado en los últimos meses.
Cortesía, Rogelio Goez
Justicia, verdad y reparación deben ser claves en proceso de negociación
En el punto cuatro, HRW sostiene que independientemente del modelo de negociación con escoja “su gobierno debe garantizar que todos los acuerdos cumplan con el deber de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de abusos graves e incluya condiciones adecuadas, como la verdad completa y la reparación a las víctimas, para los perpetradores que reciban sentencias reducidas”.
Como mínimo absoluto, añade HRW, el gobierno Petro “debería garantizar que cualquier acuerdo con grupos armados que forman parte del conflicto armado, tales la guerrilla del ELN, cumpla con los requisitos de rendición de cuentas establecidos en el acuerdo de paz con las Farc y su Jurisdicción Especial para la Paz, incluida una restricción efectiva de la libertad que cumpla con las obligaciones internacionales de Colombia. Cualquier acuerdo que incluya estándares más bajos de rendición de cuentas fácilmente podría violar las obligaciones internacionales de Colombia, así como los compromisos establecidos en el acuerdo de cooperación de 2021 entre el gobierno colombiano y la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional”.
Para terminar, HRW le pide al nuevo gobierno que tome medidas especiales para impedir desmovilizaciones fraudulentas de personas que no hacen parte de los grupos pero buscan los beneficios que se otorgan en los acuerdos.
SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal del EL TIEMPO
Washington
En Twitter: @sergom68
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