Mientras gran parte del país celebra el Fin de año, cientos de familias del Catatumbo (Norte de Santander) reciben el 2026 desde un refugio al que llegaron para resguardarse de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC. Solo en las últimas 24 horas, a Cúcuta han llegado más de 100 familias desplazadas, pero en el debate público sigue como prioridad las discusiones económicas tras el aumento del salario mínimo y la firma del decreto de emergencia económica.
“Pedí que en navidad no se mate a nadie. Ojalá se cumpla esa orden presidencial”, dijo hace una semana el presidente Gustavo Petro, quien agregó que para 2026 se concentrarán en cinco zonas del país para “desnarcotizar” la economía. Y hace menos de 24 horas, el jefe de Estado señaló que el ELN está permitiendo que los Estados Unidos “invadan Venezuela” con su “traqueteo” y su presencia en dicho país.
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No hay cifras oficiales de cuántos heridos o muertos hay en el corregimiento de Filogringo, zona rural de El Tarra que ha estado bajo el ataque de drones y disparos del ELN y las disidencias. En videos que han circulado en las redes sociales ha quedado plasmado cómo cientos de ciudadanos abandonan la zona portando banderas blancas.
“La situación en el Catatumbo sigue crítica. Han llegado desplazadas a Cúcuta al menos 100 familias y 15 a Ocaña. Ellas se suman a las que habían llegado desplazadas en los días pasados, a quienes han llegado al casco de Tibú y a quienes no pueden salir por el uso de drones, la toma de poblaciones y los combates que persisten”, dijo la defensora del pueblo, Iris Marín.
Desde noviembre, con la Alerta Temprana 017 de 2025, la Defensoría del Pueblo advirtió que en el Catatumbo se podrían recrudecer los enfrentamientos y el desplazamiento forzado.
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Y esto lo ha traído a colación Marín, quien viene insistiéndole al Gobierno adoptar las 20 recomendaciones consignadas en la alerta: ejecutar acciones para desarticular a los grupos armados, implementar planes de protección para la población, destinar recursos para el desminado, entre otros.
Y aunque sí ha habido llamados desde los sectores políticos para que los ministerios de Defensa y del Interior primen la crisis en el Catatumbo, en la agenda pública ha sido protagonista el incremento del salario mínimo a $2 millones, así como los decretos de emergencia económica y con el que se eliminaría la prima de servicios por alrededor de $15 millones que se les paga a todos los congresistas.
El mismo jefe de Estado también se ha concentrado en trinar en defensa de sus medidas económicas, manifestando que el incremento del 23.7 % es necesario para que a los ciudadanos colombianos se les pague mensualmente un “salario vital”.
La crisis en el Catatumbo, que inició el 16 de enero de 2025, sigue significando para el país una de las mayores olas de violencia y de desplazamiento forzado. El gobierno Petro arrancará su último año en el poder con este gran pendiente.
LAURA CATALINA PERALTA GIRALDO
Redacción Política.