Una sola afirmación de la fiscalía de Luz Adriana Camargo en la primera audiencia del caso del saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) tumbó de su cargo al poderoso Carlos Ramón González y provocó para el presidente Gustavo Petro y su gobierno un incendio judicial y político que está lejos de terminar.
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El nombre de González –quien, además de ser el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, ha sido (y es) para la administración Petro, en su condición de fundador de lo que es hoy la Alianza Verde, un efectivo articulador con el Congreso– venía sonando en el escándalo casi desde el inicio. Él era el jefe político de la exconsejera para las Regiones Sandra Ortiz, que fue una de las primeras funcionarias descabezadas apenas se prendió el ‘ventilador’ de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la UNGRD y piezas centrales de lo que la Fiscalía llama “una organización criminal” para desviar y robarse la plata del Estado.
Carlos Ramón González, director de la DNI.
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Pero lo que pasó el jueves en la audiencia, que siguieron en vivo y en directo millones de colombianos, lo puso en jaque y dejó a su jefe, el presidente Gustavo Petro, sin argumentos para defender la continuidad de su amigo desde los tiempos de la guerrilla del M-19.
“Usted –le dijo la fiscal principal del caso, Andrea Muñoz, a Olmedo López– coordinó la entrega de 3.000 millones de pesos en efectivo al entonces presidente del Senado, Iván Name, a través de la consejera para las Regiones de la Presidencia de la República, Sandra Ortiz Nova; y la entrega de mil millones de pesos en efectivo directamente al presidente de la Cámara, Andrés David Calle Aguas, conforme a las instrucciones que le dio Carlos Ramón González Merchán, quien para la época se desempeñaba como director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre)”.
Las investigaciones contra Carlos Ramón González (por lo demás, amigo y socio político de Name) apenas comienzan y él asegura que demostrará su inocencia de manera “irrefutable”. Pero el paso dado por la Fiscalía de exponerlo como uno de los supuestos cerebros de la “organización criminal” –en la que también incluye al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y a César Manrique, director de la Función Pública– no se basa solo en las confesiones de López y Pinilla, que el Gobierno en pleno ha descalificado como mentirosas e interesadas.
Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, y Olmedo López, exdirector de la UNGRD.
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Frente al destape de la investigación de una fiscalía cuya titular él mismo ternó ante la Corte Suprema, el presidente Petro se quedó sin mucho margen de maniobra. Por eso pasó de asegurar inicialmente que el escándalo era una estrategia supuestamente tendiente a ocultar o minimizar los logros sociales de su gobierno a pedir perdón por el robo de la UNGRD ante el Congreso, hace ocho días, y esta semana, a asegurar vía X desde París que “no defendería a nadie”.
El viernes usó la misma vía para informarle al país que González no iba más: “Su cargo como responsable de inteligencia civil es incompatible con cualquier investigación judicial y con el mismo aparato de justicia del país”.
El Presidente dice que tener a un potencial imputado al frente de la poderosa Dirección Nacional de Inteligencia podría afectar “la tranquilidad”, “la independencia” y “el buen juicio” de fiscales y jueces. No es una consideración en el vacío: la DNI ha sido mencionada en las denuncias de presuntos seguimientos ilegales y chuzadas a opositores, periodistas y magistrados de la Corte Constitucional.
Con una compleja agenda en el Congreso que, señalan los analistas, se verá golpeada no solo por el escándalo de corrupción en general, sino porque uno de los más cuestionados es Ricardo Bonilla, precisamente el hombre encargado de ‘venderle’ al país la necesidad de una nueva reforma tributaria, el gobierno del presidente Petro ve cada vez más complicada la posibilidad de sacar adelante un acuerdo nacional, al menos en los términos que pretende el primer mandatario.
Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, y Ricardo Bonilla, jefe de la cartera de Hacienda.
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El politólogo Gonzalo Araújo, de la firma analista Orza, indica que Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, tendrá una carga muy fuerte como nuevo ministro de la política. “Le va a tocar navegar las aguas turbulentas de las denuncias y acusaciones producto de las confesiones de los implicados en el escándalo de los carrotanques y lo que se podría llamar la ‘olmedopolítica’”, indica el experto, quien asegura que Bonilla queda “muy comprometido” para impulsar los proyectos económicos.
El presidente del Senado, Efraín Cepeda, señala en todo caso que a Bonilla hay que darle la oportunidad de defenderse: “Álvaro Gómez decía que a la gente hay que creerle. El ministro ha dicho que él no es ejecutor del gasto. Hay que anteponer una presunción de inocencia. Conozco al ministro como un hombre serio, limpio. Creo que va a salir airoso”, aseguró el líder de los conservadores en el Congreso.
En todo caso, las dificultades las reconocen incluso desde las mismas toldas oficialistas. “Sí se enrarece un poco el ambiente político, es innegable, pero no va a parar lo legislativo. Tenemos la responsabilidad de cumplir con una ambiciosa agenda y hacer las cosas bien en función del país”, dice Jaime Raúl Salamanca, el nuevo presidente de la Cámara. Su triunfo hace una semana frente a Katherine Miranda fue posible en buena medida gracias al poder de Carlos Ramón González en el partido de los ‘verdes’, que vive su propia crisis por cuenta de los líos judiciales del que muchos consideran el ‘dueño del aviso’ y los avales de esa corriente política. De hecho, la división entre las alas colaboracionista y la independiente se ve inminente.
La ‘olmedopolítica’
En su intención por desactivar los alcances del escándalo, el presidente Petro aseguró también esta semana que el escándalo de la UNGRD “no es ni la uña” de otro megacapítulo de corrupción en el país: el de Odebrecht, del que, dijo, “casi todo está en la impunidad”.
El presidente Gustavo Petro; y el saliente director de la DNI, Carlos Ramón González.
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Discusión aparte sobre esa comparación, los hechos actuales tienen más similitud con otro escándalo famoso, el de la ‘yidispolítica’, que puso en la cárcel a varios altos funcionarios del gobierno Uribe –entre ellos los ministros Sabas Pretelt y Diego Palacio y los secretarios de Palacio Bernardo Moreno y Alberto Velásquez– por comprar favores de congresistas como Teodolindo Avendaño y Yidis Medina en el trámite del proyecto que permitió la reelección de Álvaro Uribe.
El 20 de julio, ante el Congreso, el presidente Petro asumió la responsabilidad política y pidió perdón al país por haber nombrado a Olmedo López al frente de la UNGRD. “Olmedo no fue una transacción política”, reconoció Petro al resaltar que se trataba de “un hombre de la izquierda”.
Además de haber nombrado directamente al hombre que es hoy considerado como la encarnación de la corrupción en el país, el caso de la UNGRD golpea directamente a personas y temas que son del corazón del primer mandatario, como el mismo Carlos Ramón González. César Manrique, director de la Función Pública, como González y como Olmedo, es conocido de Petro desde los tiempos del M-19. Además, estuvo con él en la Alcaldía de Bogotá.
Ahora, la Fiscalía lo señala de haber usado a una de sus fichas políticas en la Unidad, Luis Carlos Barreto, para desviar una partida de 100.000 millones de pesos que debía ir a la Agencia Nacional de Tierras hacia contratos corruptos luego de una coima de 7.000 millones de pesos. Manrique podría ser uno de los próximos descabezados, según fuentes cercanas al Gobierno, porque su presunta actuación criminal ha puesto dudas sobre la transparencia del Gobierno en uno de sus asuntos bandera: la reforma agraria, para la que el Presidente siempre reclama más recursos.
Y las esquirlas del escándalo tocan ya a otro hombre de la entraña de Petro: el embajador Camilo Romero, quien recomendó a Pedro Rodríguez para que terminara como asesor de Olmedo López en la UNGRD. Rodríguez, quien trabajó con Romero en su gobernación de Nariño, recibió, según la Fiscalía, una coima de 1.000 millones de pesos por el negocio turbio de los carrotanques para La Guajira. Romero, que desarrolló varias de sus campañas políticas con la bandera de la lucha anticorrupción, asegura que no tiene nada que ver con las acciones de su recomendado, pero fuentes judiciales anticipan que tendrá que dar explicaciones en medio del proceso.
Plenaria de Senado.
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Esa cercanía de varios de los salpicados (incluido el exministro del Interior Luis Fernando Velasco) y el supuesto fin del saqueo –aceitar el trámite de proyectos claves para el Gobierno en el Congreso– golpean, según los analistas, directamente al presidente Petro y la credibilidad de sus discursos en materia de lucha contra la corrupción y la reforma agraria.
La Fiscalía hizo el jueves otra afirmación que pasó más o menos inadvertida y que golpea al Gobierno: dijo que para este esquema de corrupción no solo se aprovechó el régimen de contratación privada y expedita que se necesita para atender desastres, sino las declaraciones de estado de emergencia que decretó el Ejecutivo desde el 2022. Ese señalamiento valió otro tuit de aclaración del presidente Petro, quien aseguró que “los decretos de emergencia no entregaban el manejo del agua y su escasez a la UNGRD”.
“Estamos muy cerca del Presidente, se tiene que indagar la posible responsabilidad en términos de conocimiento, algo que solo puede hacer la Comisión de Acusaciones”, dice el docente de la Universidad Externado Jorge Iván Cuervo.
Y Carlos Arias, gerente de la firma Estrategia y Poder, considera que tal y como se ven hoy las cosas resulta difícil pensar que funcionarios de tan alto nivel actuaron sin un mediano conocimiento de la Casa de Nariño. Un frente en el que el director de Prosperidad Social, el exsenador Gustavo Bolívar, responde que “por uno o por dos (funcionarios) no podemos manchar una gestión anticorrupción” de todo el Gobierno.
Mientras se destapan cada vez más desarrollos del peor escándalo de corrupción oficial de los últimos años, la Fiscalía avanza en el caso de la exconsejera para las Regiones Sandra Ortiz. Esta política boyacense, cercana al mundo de las esmeraldas, es, según lo que hay hasta ahora en el proceso, el eslabón perdido entre el alto gobierno y el Congreso. Su eventual ‘ventilador’, dicen fuentes que conocen la investigación, podría convertir la actual tormenta política en un huracán.