Aunque la lucha contra la criminalidad en Bogotá ha mostrado resultados positivos en lo que va de este año, hay un factor en particular que empaña los avances en esta materia: el bajo porcentaje de judicializaciones frente al alto número de capturas que la Policía está realizando; es decir, no obstante los esfuerzos, los delincuentes están quedando en altas proporciones libres y los casos, impunes.
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De acuerdo con las últimas cifras de la Secretaría Distrital de Seguridad, en lo que va del año se ha logrado la captura de 5.559 delincuentes en la ciudad; de ellos, 4.941 han sido dejados en libertad, probablemente por tres razones que explican los expertos: la primera, que hay fallas en los procedimientos de captura por parte de la Policía, es decir, que no se cumplen los protocolos necesarios para que sea una detención legal.
En segundo lugar, los delitos por los que se les acusa son de menor cuantía, o querellables, que requieren de una denuncia de la víctima ante las autoridades o, finalmente, que ante la ola de capturas y la falta de cupos en centros carcelarios, los jueces están priorizando los señalados de delitos más graves.
No obstante, hay un tema que se suma a estas tres causales y tiene que ver con los extranjeros indocumentados que han cometido ilícitos dentro de la ciudad. Las cifras presentadas por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, señalan que entre enero y julio de este año se han capturado 1.508 ciudadanos extranjeros, de los cuales el 80 por ciento queda en libertad porque al ser indocumentados no pueden ser presentados ante el sistema de justicia colombiano.
El abogado penalista de la Universidad Manuela Beltrán, Mauricio Tamayo, explicó que son varios los factores que intervienen en la liberación de los detenidos. En primer lugar, señala el experto, uno de ellos tiene que ver con las falencias al momento de realizar las detenciones. “Es por esta razón que un juez de control de garantías está en la obligación de dejar a la persona en libertad toda vez que hay fallas en el proceso de detención”.
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¿Cómo funciona la captura?
Un investigador del cuerpo de Policía de Bogotá le explicó a EL TIEMPO que un proceso de captura se compone de seis pasos claves que deben seguirse a cabalidad para que al momento de presentar el delincuente ante el juez sea procedente.
En primer lugar, se tiene que dar el proceso de captura, esta puede ser en flagrancia o por orden judicial; luego de esto hay que leerle los derechos al capturado, garantizar que se cumplan todos y que el detenido no sea violentado de cualquier forma.
En seguida, se debe conducir al sindicado a un examen de medicina legal para luego presentar toda la documentación ante un fiscal y que este, a su vez, pueda llevar al detenido ante un juez de control de garantías para que le imparta legalidad al acto realizado.
No obstante, el investigador reconoció que durante este proceso son varios los errores que se pueden cometer debido a la rapidez con la que todo se realiza y a las maniobras que en ocasiones los agentes deben realizar para poder dar la captura. “Eso desencadena consecuencias como que el detenido quede en libertad a causa de un mal procedimiento”, aseguró.
“Un juez puede determinar la captura ilegal porque hubo una mala judicialización. Que los policías fallaron en la lectura de los derechos, el capturado demostró que lo habían golpeado o porque se pasó el tiempo estipulado para presentar al presunto delincuente ante un juez”, agregó el investigador.
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Las fallas del sistema
Rafael Báez, experto en seguridad, va más allá y asegura que no solo es un problema de procedimiento policial, sino que, además de esto, el sistema penal colombiano está contemplado para que esta situación se dé y varios delitos no conlleven una medida de aseguramiento. “De esta manera se puede aliviar el hacinamiento que hay en las URI, en las estaciones de policía, penitenciarias y cárceles, que en algunas ocasiones llega hasta el 500 o 700 por ciento”.
Pero explicó también que el problema es más profundo y tiene su raíz en la política criminal colombiana, que ha hecho de algunos delitos del común querellables, es decir, que deben ser denunciados para poder ser juzgados, lo que pone de manifiesto “la baja cultura ciudadana de la denuncia, que impacta en la baja judicialización y retención de los delincuentes”.
Además de ello, Báez advirtió sobre la importancia de capacitar a los agentes de la Policía acerca de la correcta realización de las diligencias de captura para así poder asegurar que el juez de control de garantías tendrá todas las herramientas para procesar al delincuente conforme a la ley.
Ante esta situación, la alcaldesa Claudia López ya había mencionado que “ni Bogotá ni ninguna ciudad puede resistir que el ‘raponazo’ y el hurto queden en la impunidad. Los alcaldes no nombramos a los jueces, ellos tienen plena autonomía, pero esa autonomía es para judicializar no para dejar en libertad, porque entonces se acaba el Estado social de derecho”.
Y es que las cifras reveladas por la Secretaría de Seguridad mostraron que los delincuentes que más son dejados en libertad corresponden a los que cometen delitos “simples”, que son los que afectan al ciudadano día a día. Por ejemplo, de los liberados este año, 4.345 son por hurto, 575 son por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, de los cuales el 12 por ciento queda en impunidad; 11 capturas por daño en bien ajeno y una captura por violencia contra servidor público.
Migrantes y delitos
El tema de la judicialización de migrantes tanto en la capital como en todo el país ha representado un reto para el sistema de justicia de Colombia. De acuerdo con Aníbal Fernández de Soto, secretario de Seguridad, de los 1.508 extranjeros que fueron detenidos en la comisión de algún tipo de delito, entre enero y julio pasados, a la fecha el 80 por ciento ya están en libertad. Sin embargo, estos no son liberados por una falla en los procedimientos, sino porque no existe en el país una figura clara que permita abrir un proceso judicial en contra de una persona que se encuentra indocumentada. Ese es el caso de los migrantes, que no tienen documentos oficiales.
Sin embargo, aunque no se realiza en todos los casos, desde 2019 existe una figura que permite que Migración Colombia asigne números de identificación exprés a los migrantes que cometan algún crimen. Según la información recolectada, el procedimiento de captura es igual pero, antes de trasladar al presunto delincuente ante la Fiscalía, este es entregado a la oficina de Migración para la asignación de su número y ellos serán los encargados de entregarlo ante el ente acusador.
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Tres preguntas con la Secretaría de Seguridad
¿Por qué el 88 % de los delincuentes quedan en libertad según las cifras de la Secretaría?
Creemos que se tiene un reto enorme en la incorporación de la Ley de Seguridad Ciudadana sancionada este año (Ley 2197 de 2022) por el Congreso de la República bajo el liderazgo del Gobierno Nacional. Esta ley creó unas herramientas jurídicas para responder unos vacíos que presentaba la normatividad vigente en la imposición de detención preventiva consistente en cárcel en casos de reincidentes, de quienes cometen delitos portando armas de fogueo o blancas y frente a quienes cometen hurtos en el sistema de transporte masivo. Con estas herramientas, casos que antes quedaban en la impunidad hoy pueden ser debidamente judicializados bajo el amparo de la ley.
¿Cómo es el proceso de judicialización de los extranjeros?
El proceso penal exige la plena identidad del procesado como mecanismo para evitar falseos de la misma. Este requisito, que está concebido como una garantía en favor de la ciudadanía para evitar que un criminal aporte una identidad de un inocente, se convirtió en un desafío con relación a la población extranjera que comete delitos, por las dificultades de verificar su identidad a partir de documentos de nacionalidad de otros países, o en muchos casos indocumentados. Esta situación generó, en el pasado, que no se pudieran retener a extranjeros por la imposibilidad de establecer su plena identidad. Para superar este problema, Migración Colombia dispuso, desde octubre de 2021, de un equipo dedicado exclusivamente a generar identificaciones para estos extranjeros en conflicto con la ley penal en la ciudad y así evitar que la falta de plena identidad pueda ser causal de impunidad.
¿Cuál es la estrategia para mejorar la judicialización de delincuentes en la ciudad?
La estrategia de la Secretaría de Seguridad consiste en mantener una articulación con los organismos de investigación y persecución penal basado en un diagnóstico claro del problema criminal, las necesidades de cada entidad y un plan de fortalecimiento tecnológico, técnico y humano para cualificar los dos ámbitos de acción arriba expuestos. Adicionalmente, venimos trabajando de la mano de los jueces, la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo para definir un modelo de operación en las URI de la ciudad con ocasión de las normas actuales que regulan la oferta de justicia presencial y virtual, para mejorar los procesos de investigación y judicialización. Así mismo, venimos avanzando en nueva infraestructura de 3 URI en las localidades de Suba, Tunjuelito y Bosa, esta última ubicada en el complejo de Campo Verde, que entregamos recientemente y estará en funcionamiento en septiembre de este año y que, además, cuenta con un Centro de Traslado por Protección, una Casa de Justicia y un Centro de Justicia Restaurativa que beneficiará a más 2,5 millones de bogotanos.
JONATHAN TORO
Redacción Bogotá
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