Los gremios del sector energético rechazaron las declaraciones realizadas por el presidente Gustavo Petro en contra de las empresas del sector e hicieron un llamado a atender la crisis actual con rigor técnico y atendiendo estructuralmente las necesidades de todos los usuarios del país.
El presidente Gustavo Petro. Foto:Vanexa Romero / EL TIEMPO
“Es fundamental que el debate se base en hechos verificables y no en afirmaciones que pueden desviar la atención de los retos que enfrenta el sistema. La estabilidad del sector eléctrico se sustenta en un modelo institucional, técnico y robusto que ha garantizado por más de 30 años la energía eléctrica”, aseguraron a través de un comunicado.
Días atrás, el presidente Petro dijo que expedirá un decreto para fijar el porcentaje máximo de energía eléctrica que pueden vender los generadores en la bolsa. Según argumentó, esta decisión se tomará “ante la falta de voluntad de las empresas generadoras de aceptar la actual fórmula legal de la energía eléctrica que coloca techos razonables a la tarifa de energía hídrica y solar”.
El Comité Intergremial, conformado por Andesco, Acolgén, Andeg, Asocodis, Naturgás, Ser Colombia y la ACP, manifestó que las tarifas son legales, constitucionales y se basan en la regulación vigente.
“Intervenir los mercados para cambiar las tarifas actuales por decreto pone en riesgo la seguridad jurídica del sector, genera riesgos económicos desproporcionados y podría disminuir significativamente la oferta de proyectos de generación renovable en la próxima subasta de expansión, en momentos en los que el país los requiere con urgencia”, expresaron.
De igual manera, señalaron que los precios en bolsa de energía reflejan la estrechez entre oferta y demanda, y no representan ganancias “injustificadas”. “Se basan en la dinámica entre oferta y demanda, que opera en todos los mercados del mundo en los que prima la libre competencia, y permite alertas situaciones críticas del sistema”, dijeron.
Consejo de ministros sobre las tarifas de energía eléctrica. Foto:Presidencia
También dijeron que insistir en propuestas como las de restringir la venta de energía en bolsa de las generadoras renovables a máximo el 5 por ciento rompe las señales de eficiencia, compromete la confiabilidad del suministro, irrumpe el principio constitucional de libre empresa y podría encarecer las tarifas para todos.
“Para incentivar un mayor nivel de contratación, es fundamental saldar las deudas pendientes con las empresas comercializadoras y garantizar el pago de los valores asociados a la opción tarifaria. Estos pagos permitirán a las comercializadoras contar con los recursos necesarios para firmar contratos de largo plazo, los cuales a su vez viabilizan la financiación de nuevos proyectos, principalmente renovables. Todo esto se traduce en beneficios directos para los usuarios, al garantizar tarifas más eficientes y estables”, se puede leer en el comunicado.
En el 2024, las comercializadoras de energía acumularon más de 7 billones de pesos en cuentas por cobrar de subsidios por parte del Estado, opción tarifaria y deudas por parte de entidades oficiales.
“Esta situación compromete seriamente su sostenibilidad financiera; a pesar de ello, han garantizado la continuidad del servicio sin cortes masivos hasta ahora, protegiendo a los usuarios más vulnerables”, dijeron.
Siguen las quejas por altas tarifas de energía contra Air-e Foto:Captura de pantalla
En el caso específico de Air-e, actualmente intervenida, recordaron que mantiene deudas con otros agentes por más de un billón de pesos, lo que “pone en riesgo” el suministro de energía, como en el caso de plantas térmicas que deben prepagar el insumo para generar. “Es prioritario realizar los pagos totales de los valores adeudados y concretar mecanismos para viabilizar la operación de Air-e”, culminaron.