Ante los diferentes casos de invasión de tierras en varios departamentos del país, situación en la que los sucesos más complejos se han dado en el norte del Cauca, enfrentando a indígenas con sectores productivos, el Gobierno Nacional fijó ayer una posición contundente de rechazo, en la que pidió respetar la tenencia de la tierra.
(Le puede interesar: ‘Con la tributaria seríamos el país menos competitivo de la Ocde’: Andi)
Al reiterar que existe un compromiso con la presentación al Congreso de un proyecto de ley de una reforma agraria, para buscar equidad en el acceso a la tierra, la Presidencia de la República y la Vicepresidencia de la República advirtieron que quienes quieren promover invasiones entorpecen la gestión del Gobierno y esto podría redundar en que sean investigados por parte de las autoridades.
“Como gobierno estamos dispuestos a saldar la deuda histórica que existe en Colombia con quienes quieran acceder, mediante el diálogo, pero no con la violencia, a este proceso de democratización de la propiedad”, señaló la Presidencia de la República.
Y es que directamente la vicepresidente de la República, Francia Márquez, sostuvo que la reforma agraria busca la distribución de la tierra de manera equitativa, pero de ningún modo avala la violencia ni la invasión.
“No aceptamos y rechazamos, y solicitamos, a quienes hoy están de manera violenta o de manera inadecuada invadiendo predios privados a lo largo y ancho del país, para que se abstengan de seguir haciendo esa práctica”, recalcó de forma enfática la funcionaria.
Por su parte, el ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, indicó que actualmente no hay evidencia puntual para afirmar que estas prácticas se estén llevando a cabo por grupos al margen de la ley. “No tenemos evidencias para hacer esa afirmación rotunda, pero tampoco descartamos que esto sea parte de una política de organizaciones ilegales”, afirmó el funcionario.
Pero reconoció que también hay grupos de campesinos y de indígenas que están en este propósito de ocupar tierras, pero que, “como se ha dicho por la señora Vicepresidenta, son prácticas inaceptables para este gobierno”.
Por ello, señaló: “Las fuerzas de Policía deben actuar para impedir la ocupación de esos terrenos y dentro de las 48 horas siguientes, como lo consagra la ley, tomar todas las medidas y realizar las acciones necesarias para desalojarlos”.
Y señaló que si vence este plazo, tendrá que haber procesos de restitución para que se ordene el desalojo y actuaría la Policía. “Este gobierno privilegia el diálogo sobre las medidas de fuerza, pero eso no significa que se toleren prácticas de esta naturaleza”, añadió.
Velásquez dijo, además, que en esas 48 horas también se deben activar los mecanismos para que las personas que invaden los predios los abandonen de forma voluntaria.
Práctica en aumento
Desde el 2014, en el Cauca los gremios estiman que hay 71 predios afectados en los municipios de Guachené, Padilla, Corinto, Miranda, Santander de Quilichao, Caloto y Puerto Tejada.
Pero aparte del Cauca, en los últimos días también se han presentado casos de ingresos ilegales a predios en el Valle, Cesar y el Huila. Diferentes expertos consultados por EL TIEMPO advierten sobre el riesgo de que estos hechos se extiendan a otras regiones.
A su turno, la ministra de Agricultura, Cecilia López Montaño, indicó que como gobierno han dicho que las propiedades que se encuentran en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) se destinarán a los colombianos más vulnerables, quienes se encuentran en zonas de alto riesgo, cooperativas, mujeres y jóvenes emprendedores.
Sin embargo, esto implica un proceso en la medida en que muchas de estas propiedades están en procesos de extinción de dominio y que se debe hacer un análisis para la entrega de estos terrenos a quienes más lo necesitan, dentro de la política de equidad y democratización de la propiedad.
Fuente