El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos rige desde el 2012. Hoy, sus cláusulas podrían ser revisadas por el país norteamericano, según un editorial de The Wall Street Journal.
Según el citado periódico, el presidente saliente de Estados Unidos, Joe Biden, estaría analizando modificaciones en los artículos del acuerdo.
En el editorial, el diario afirma que un comité interagencial de políticas comerciales de la administración Biden está buscando erosionar las protecciones de resolución de disputas entre inversionistas y Estados que están consignadas en los TLC firmados por Estados Unidos con Colombia, México y Canadá.
“Estados Unidos nunca ha perdido una demanda de este tipo, pero un eje político de derecha e izquierda busca debilitar estas protecciones”, afirma el editorial.
Cabe recordar que tanto el presidente entrante de Estados Unidos, Donald Trump, y el Jefe de Estado colombiano, Gustavo Petro, han hablado de renegociar el TLC.
“Si los funcionarios de Biden enmiendan los acuerdos comerciales sin una votación del Congreso, Trump podría argumentar que los cambios no son vinculantes. Los republicanos también podrían utilizar una resolución bajo la Ley de Revisión del Congreso (Congressional Review Act) para anular el golpe comercial de Biden”, sostiene el editorial.
TLC Foto:Andrea Puentes. Presidencia
‘La oposición es fuerte’
The Wall Street Journal afirma que Biden prometió durante su campaña de 2020 excluir las protecciones a los inversores en los nuevos TLC, pero no ha firmado ninguno durante su mandato debido a la oposición de sindicatos y grupos de izquierda.
Dice que las exhortaciones del mandatario surgen en un momento en que los gobiernos de izquierda en América Latina buscan “confiscar y bloquear inversiones extranjeras, especialmente en los sectores energético y minero”. Cita el caso de México, cuya nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, quiere prohibir el fracking y la apertura de nuevas minas a cielo abierto.
“Sin embargo, esto abre la puerta a gobiernos de izquierda que desean nacionalizar inversiones estadounidenses y perjudicar a los accionistas de Estados Unidos”, asegura el editorial.
Además señala que “los progresistas se quejan de que dichas protecciones a la inversión obstaculizan los objetivos climáticos, ya que los gobiernos extranjeros podrían verse obligados a compensar a las empresas si toman medidas que perjudiquen las inversiones en combustibles fósiles”.
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