La Corte Constitucional tumbó hace unos días el numeral 6º del artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) que eliminaba la fase judicial de algunos procesos agrarios y determinaba que los debía resolver la Agencia Nacional de Tierras (ANT) a través de un acto administrativo, lo que en su momento fue catalogado por algunos congresistas y gremios del agro como un intento de ‘expropiación exprés’.
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En entrevista con EL TIEMPO, el director de la entidad, Juan Felipe Harman, aseguró que el fallo de la Corte dejaría en el limbo unos 20.000 procesos. Sin embargo, para que no se paralice la reforma agraria dice que presentará junto con el Ministerio de Agricultura un proyecto de ley que vuelva a permitir a la ANT actuar sin la participación de los jueces.
¿Cómo le afecta el fallo de la Corte a la reforma agraria?
Tenemos una clara dificultad porque debido a esta sentencia quedarán en suspensión provisional cerca de 20.000 procesos agrarios. Literalmente quedan casi en el limbo generando problemas de inseguridad jurídica. Además, se perpetúa un patrón de acumulación de tierras de la Nación en gente que definitivamente no es ni campesina ni hace parte del uso ordinario que deben tener estos bienes.
¿Por qué dice que quedarían en el limbo?
Porque no se podrá actuar ni por la vía judicial, pues no está aprobada todavía la jurisdicción agraria en el Congreso, ni tampoco por la administrativa como lo veníamos resolviendo porque la Corte nos acaba de tumbar esta facultad.
¿Pero los procesos podrían seguir pasando por el control judicial, como antes?
Sí, podrían pasar por el control judicial ordinario pero ello implicaría que los procesos de recuperación de tierras hagan fila en semejante sistema judicial que tiene este país, el cual ha generado altas tasas de congestión en los trámites de restitución de tierras.
¿Cuánto calcula que se pueden demorar este tipo de trámites por la vía judicial?
Fácilmente pueden durar entre 10 o 15 años mientras que con los trámites administrativos nosotros lo estamos sacando en unos seis meses.
¿Cómo se pueden afectar las metas de entrega de tierras de la reforma debido a este fallo?
Antes del fallo, la ANT podía resolver los predios ofertados que están en medio de dilemas jurídicos, pero ahora se va a tener que esperar a un fallo judicial. Esta situación genera un perjuicio muy complejo no solo para la recuperación de estas tierras por parte del Estado, sino también para que fluyan las dinámicas de ofertas voluntarias. Esto porque hay muchos predios que están en algún tipo de controversia jurídica y que la agencia resolvía anteriormente por su propio camino.
¿No se llegarían a cumplir las 600.000 hectáreas compradas este año?
Queremos poder cumplir las metas. Por ello, vamos a radicar un proyecto de ley en el Congreso, el cual estamos concertando con la ministra de Agricultura (Martha Carvajalino) para poder evitar cualquier daño colateral que tenga esta sentencia.
¿Para cuándo espera que esté listo el proyecto?
Queremos presentarlo ya en los próximos días.
¿Y cómo avanza la entrega de tierras?
Son alrededor de 130.000 hectáreas las que se han podido entregar y esperamos llegar de manera oportuna a las metas del plan estratégico. La meta de este año es llegar a las 600.000 hectáreas compradas y formalizar otras 1,2 millones. Hay mucho por hacer.
Hace unas semanas, un grupo de campesinos se tomó las instalaciones de la ANT. ¿Ya se ha solucionado la situación?
Sí, les explicamos las condiciones y las dificultades que hemos tenido para avanzar en la reforma y que vamos a cumplir los compromisos a cabalidad.
En los últimos días, se ha conocido la denuncia de la Asociación de Trabajadores Independientes (ATI) que dice que han sido desvinculados un gran número de trabajadores contratistas de la entidad. ¿Qué tiene que decir al respecto?
Nosotros lo que hemos hecho es hacer una evaluación de desempeño. El sindicato de trabajadores independiente ha emitido unas falsas declaraciones. Definitivamente, nosotros tenemos 4.000 contratistas y cambiamos solo 400 de ellos en todo el país, solo el 10 por ciento. En ese sentido, vamos a seguir haciendo los cambios necesarios para que la agencia se prepare para los retos que tiene.
Entrega de tierras en Córdoba
En medio de la reforma agraria, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, y el director de la ANT entregaron el domingo el predio Pontevedra a la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú. Esta finca productiva, ubicada en el municipio de Planeta Rica (Córdoba), tiene una extensión de 1.270 hectáreas que ahora serán administrada por 100 familias.
Durante años, estuvo bajo la tutela de la Sociedad de Activos Especiales, porque fue incluido en un proceso de extinción de dominio. Después, quedó bajo la administración de la ANT y entró a formar parte de los inmuebles destinados a fortalecer el proceso de Reforma Agraria del Gobierno del Cambio.