La Cámara de Representantes aprobó la ley estatutaria de la jurisdicción agraria en su cuarto y último debate

Esta ley, que ahora deberá ser conciliada con el texto aprobado en Senado, antes del 20 de junio o se hunde por falta de trámite, es fundamental para aplicar la reforma constitucional que creó la jurisdicción. El articulado aprobado este martes en Cámara es el marco general.

Según el Ministerio de Justicia, que en los últimos días ha hecho pedagogía sobre la iniciativa, lo que se busca es “proteger los derechos de propiedad y establecer un procedimiento especial para resolver conflictos de manera expedita siguiendo las normas agrarias vigentes. No modifica las reglas jurídicas para asignar derechos de propiedad”.

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Una de las principales alertas de la oposición alrededor de este proyecto está ante la posibilidad de que este le abra la puerta a la expropiación.

“El Gobierno quiere aprobar una ley estatutaria de jurisdicción agraria para acabar con el campo colombiano, un modelo de expropiación judicial. Escucharemos a todos los colombianos para que este no sea un proyecto de persecución contra el sector productivo”, advirtió en su momento la senadora uribista Paloma Valencia.

Pero el Ministerio de Justicia ha negado en varias oportunidades esa afirmación y así lo reiteró este martes el ministro Néstor Osuna después de ser indagado por varios parlamentarios opositores.

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“El proyecto pretende proteger la propiedad rural. No tiene ningún contenido ni explícito ni nada parecido que tenga que ver con expropiación. Se hace es crear unos jueces que resuelven pleitos que van a poder aplicar el derecho vigente, el derecho que establece la propiedad cuando haya litigiosidad, pleitos (…) pero siempre para proteger el derecho. El proyecto no varía en nada la ley sustancial sobre la propiedad, simplemente crea un mecanismo para proteger esa propiedad”, aseguró a la plenaria de la Cámara. Además, una vez se aprobó el proyecto, agradeció a la corporación. 

Otra de las inquietudes de la oposición que fue sobre el aval fiscal del proyecto.

“Una cosa es decir cuánto cuesta y otra si efectivamente tiene ese aval fiscal”, dijo el representante uribista Hernán Cadavid, quien había preparado una ponencia alternativa, pero esta no pudo ser discutida porque se radicó posteriormente a la positiva, la cual fue votada primero y obtuvo las mayorías.

“Volvemos a caer en el error de apoyar iniciativas sin viabilidad e impacto fiscal. Esto nos lo tenemos que tomar con toda la seriedad”, agregó la representante Carolina Arbeláez, de Cambio Radical.

No obstante, Landinez insistió en que dicho aval fiscal cumple con todos los parámetros y los recursos para la jurisdicción están asegurados.

MATEO GARCÍA – REDACCIÓN POLÍTICA