Detrás de las fallas en el sistema de agendamiento de citas para los pasaportes, hoy atribuidas por la Cancillería a un “actor de amenaza cibernética” que causó caos en Colombia y en los consulados del país en todo el mundo, hay un historial de problemas tecnológicos acumulados desde 2015, que se intentaron corregir mediante un contrato interadministrativo por $ 10.364 millones de pesos que piden a los órganos de control revisar por posibles irregularidades e incumplimientos.
El contrato fue adjudicado de forma directa a la Alianza Pública para el Desarrollo Integral (Aldesarrollo), una entidad que se presenta como sin ánimo de lucro y de naturaleza pública, pero que está envuelta en varios escándalos de presunta corrupción y aparece involucrada en una denuncia ante la Fiscalía por un posible carrusel de contratación que superaría los 1,3 billones de pesos, interpuesta por la Secretaría de Transparencia del mismo Gobierno que la contrató para modernizar el sistema de gestión de trámites del Ministerio de Relaciones Exteriores.
“El software para hacer las citas de entrega de pasaportes no tiene nada que ver con su producción, ni antes ni después. Hay que ver la entidad que contrataron para ello: Aldesarrollo, para mi un intermediario que usa la contratación directa del Estado para subcontratar y dejar que se formen redes de coimas. Aldesarrollo no es creado por ley sino por asociaciones indirectas de entidades públicas y funciona como antes funcionaban las cooperativas de municipios”, señaló este jueves el presidente Gustavo Petro en X.
El objeto del contrato interadministrativo 536 suscrito el 15 de octubre de 2024 (durante la gestión de Luis Gilberto Murillo) establecía la “prestación de servicios para la actualización y mejoramiento de los sistemas de información – fase I Sitac, para la optimización de trámites internos y externos del Ministerio de Relaciones Exteriores”, en un plazo de ejecución de dos meses, es decir, hasta el 31 de diciembre de ese mismo año.
Cerca de 300 personas hacen fila en la oficina pasaportes en Bogotá. Foto:Miltondiazfoto / El Tiempo
Sin embargo, el acuerdo tuvo que prorrogarse en dos ocasiones: primero, hasta el 15 de febrero de 2025, y luego, hasta el 31 de agosto del mismo año. La justificación fue la dependencia de un tercero para garantizar la continuidad de la ejecución. Inicialmente, se argumentó que se requería que Apple y Google Play habilitaran el registro de la aplicación “Cancillería Colombia”, concebida como una herramienta digital de acceso público para “facilitar y agilizar” los trámites y servicios de la entidad. Posteriormente, se adujo que la temporada de fin de año y el cierre de la vigencia fiscal impedían adelantar las capacitaciones de funcionarios, tanto en el país como en el exterior.
Durante la fase de pruebas del módulo de agendamiento, los consulados formularon observaciones y solicitudes de nuevas funcionalidades para mejorar la operación diaria. Esto obligó a ajustar los requerimientos iniciales, modificar el desarrollo del sistema y repetir pruebas con las áreas usuarias, como paso previo a su certificación y eventual puesta en producción.
El Ministerio esperaba recibir una plataforma con una “arquitectura ágil, escalable, segura, adaptada a las necesidades actuales y futuras” mejorando la experiencia de usuario para el ciudadano, pero eso no sucedió.
Largas filas oficinas de pasaportes. Foto:@Soy_Capitalismo
El día 31 de agosto de 2025, cuando expiró el plazo de ejecución del contrato, la Cancillería decidió no aceptar las solicitudes de prórrogas presentadas por el contratista y en su lugar ordenó hacer una revisión integral del expediente contentivo de la ejecución contractual, con miras a determinar la “posibilidad de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria”.
“Durante la ejecución del contrato se presentaron vicisitudes que impidieron la ejecución de la totalidad de las obligaciones contractuales, lo cual obligó al Ministerio de Relaciones Exteriores a iniciar un proceso sancionatorio contractual en el mes de agosto del año 2025 con miras a conminar al cumplimiento de las mismas; así como poner en conocimiento de la Contraloría General de la República posibles irregularidades dadas en la planeación del contrato”, señaló la cartera, que precisó que de dicho contrato solo se desembolsó al contratista un 30 por ciento del valor total del mismo.
La Fiscalía avanza en tres indagaciones contra Aldesarrollo por posibles cargos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la contratación. La Unidad de Datos de EL TIEMPO encontró que ha firmado contratos por $ 131.000 millones con la Unidad para las Víctimas; $ 109.000 millones con Prosperidad Social; $ 52.000 millones con la Agencia Nacional de Hidrocarburos y $ 38.000 millones con el Instituto Colombiano Agropecuario. También ha contratado con entes territoriales y descentralizados, como el municipio de Armenia (Quindío), el municipio de Soledad (Atlántico) y la Contraloría.
Así luce el nuevo pasaporte. Foto:MAURICIO MORENO
A esto se suman otras polémicas. La concejal del Centro Democrático, Diana Diago, denunció el presunto incumplimiento del contrato 332 de 2022 por parte de Aldesarrollo al subcontratar a la fundación Fundesco para la ejecución de un contrato con objeto de apoyar los emprendimientos de la localidad de Rafael Uribe Uribe por valor de casi 4.000 millones de pesos, contrato que no ejecutó, sino que subcontrató con una fundación.
Por su parte, la exministra de Deporte María Isabel Urrutia se vio en problemas por entregar de manera directa un contrato a Aldesarrollo por 4.950 millones para implementar un sistema biométrico en los estadios. Para la Procuraduría “la servidora posiblemente omitió que Aldesarrollo carecía del personal idóneo para cumplir con la labor objeto del negocio jurídico y no estaba en capacidad de cumplir con las obligaciones pactadas”.
Aldesarrollo registra como domicilio el mismo edificio en Usaquén donde, en noviembre de 2024, la hoy candidata presidencial Sondra Macollins hizo el lanzamiento de su movimiento político, Digital Colombia Soy Yo. Incluso, el representante electo Daniel Briceño, una de las personas que más ha seguido los movimientos de esta organización, señaló a la misma de vínculos con políticos del Partido de La ‘U’ y el actual candidato Roy Barreras.
“Esto es una culpa compartida entre varias administraciones de la Cancillería, en general del gobierno Petro, pero el señor Murillo el primer error que cometió fue darle este contrato de actualización del SITAC a una empresa que no sabía hacer esto, que era Aldesarrollo, que se ha denunciado varias veces, es un contratadero”, afirmó Briceño en Caracol Radio.
Luis Gilberto Murillo y Daniel Briceño. Foto:EL TIEMPO
“Señor Briceño. Usted afirmó públicamente que “se robaron $3.100 millones” en un contrato adjudicado durante mi gestión. Eso es un señalamiento infundado sobre la presunta comisión de un delito. Usted lo sabe. Por esa razón, y en vista de que no existen evidencias ni soportes que respalden lo dicho por usted, impondré en su contra las acciones penales por el delito de calumnia e injuria. Será en los estrados donde deberá sustentar con pruebas concretas y serias, cada uno de sus señalamientos”, señaló el excanciller en su defensa.
El director de la Oficina de Transparencia del gobierno Petro, Andrés Idárraga, pidió a la Fiscalía que investigara a los representantes de firmas como Aldesarrollo, Red Summa y Kluster Latam, que se habrían quedado con contratos por 1,3 billones de pesos con entidades del orden nacional, regional y municipal.
Andrés Idárraga. Foto:Fabian Aguilar
Actualmente, el representante legal de Aldesarrollo es Omar Enrique Flórez Escorcia, quien también estuvo vinculado a la firma Red Summa, otra de las empresas consideradas en procesos tecnológicos de la Cancillería.
Hasta ahora, no hay evidencia de que las fallas del Sitac estén relacionadas con el proceso de personalización de pasaportes a cargo de la Imprenta Nacional desde el 1° de abril, que opera de forma paralela al modelo anterior. “El sistema que está fallando nada tiene que ver con el nuevo esquema”, señaló una persona cercana a quienes operan el modelo.
Sin embargo, la crisis estalla justo cuando entra en marcha el nuevo modelo de pasaportes, y cuando la Comisión Accidental de Seguimiento al contrato de pasaportes, liderada en el Congreso, cuestionó a la Imprenta por postergar una visita física a las instalaciones de la entidad para revisar el funcionamiento del modelo.
JUAN PABLO PENAGOS RAMÍREZ
Redacción Política