En las próximas horas, el Gobierno Nacional declarará la emergencia social y económica, una figura que la Constitución Política establece en su artículo 215 y que dice: “este estado se da cuando se presentan hechos que perturben o amenacen de forma grave e inminente el orden económico y social o si constituyen una grave calamidad pública”.
(Además: Gobierno Petro inicia este lunes viaje a La Guajira: ¿qué esperan las comunidades?)
¿Existe en las actuales circunstancias estos elementos que sirvan de sustento para que el jefe del Estado firme una decisión de semejante magnitud?
“Sí”, responde Aurora Vergara, ministra de Educación y una de las funcionarias que a partir de este lunes acompañará al Presidente en su viaje a La Guajira, departamento en donde según ella, existe una situación que no da espera para atender.
(Lea también: Los desafíos del presidente Gustavo Petro para garantizar la gobernabilidad: análisis)
Gustavo Petro, presidente de Colombia.
Según ella, la declaración de emergencia económica en este caso busca responder “estructuralmente” a las consecuencias que este punto del país han dejado las sequías y que se prevén más intensas con el fenómeno de El Niño.
En efecto, el fenómeno de El Niño más el calentamiento global provocarán, dicen los expertos, “eventos climáticos catastróficos” que ya los habitantes de esta región del país sufren a diario.
(Le puede interesar: Presidente Petro anuncia que su gabinete estará desde el 26 de junio en La Guajira)
En la Presidencia argumentan que esta declaratoria buscará atender tres prioridades que no dan espera: la sequía y las consecuencias climáticas; la mala calidad del agua y su escasez; y la desnutrición en los menores de edad.
Así las cosas, el presidente estará durante una semana con buena parte de sus ministros llevarán a cabo encuentros con la comunidad de Riohacha, Uribia, Nazareth, Albania, Manaure y Maicao.
El organismo hizo un recorrido por esta región.
Relatoría Especial DESCA – CIDH
La declaratoria, que debe llevar la firma de todos los ministros, autoriza al presidente de la República para dictar decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a mitigar la crisis, así como la extensión de los efectos que estos tengan.
Es decir, que –según la información oficial que hasta ahora ha trascendido- la emergencia solo será enfocada en las problemáticas que se presentan en este departamento.
(En contexto: Gustavo Petro gobernará desde La Guajira: lecturas políticas de su viaje)
El Gobierno tendrá que enviar a la Corte Constitucional, al día siguiente de su expedición, los decretos en los que dice “en uso de las facultades”, para que los magistrados decidan sobre su constitucionalidad.
Este estado se da cuando se presentan hechos que perturben o amenacen de forma grave e inminente el orden económico y social o si constituyen una grave calamidad pública
Gonzalo Araújo, politólogo de la Universidad Javeriana, máster en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Salamanca y miembro de la firma de análisis Orza, recuerda que, si bien Petro ha venido desde los tiempos de la campaña electoral hablando de esta medida, no es el primer presidente que la usa.
“La figura del estado de excepción previo a la Constitución del 91 y la hoy, declaratoria de emergencia es un mecanismo al que apelan los gobiernos en su mayoría para poder ejecutoriar políticas, programas de manera expedita”, dice Araújo.
Para este analista, hay un sistema que blinda su uso porque debe pasar por el control de la Corte Constitucional.
“Es bueno recordar que es una figura que todos los presidentes han utilizado sin excepción en algún momento de sus periodos este mecanismo”, dice él.
(En otras noticias: La desaprobación del presidente Gustavo Petro llega al 59 % según encuesta)
¿Para que la usan? “De alguna manera les permite navegar las dificultades propias del cargo con mayor facilidad, hasta que se estrellan con el control de constitucional de la corte”, dice Araujo.
En marzo de 2022, cuando estaba en plena campaña presidencial, Petro dijo que, de llegar a la Casa de Nariño, declararía la emergencia económica “teniendo como eje central el hambre”.
Petro en una visita a La Guajira.
En ese momento, argumentaba que la medida le permitiría comprar alimentos a pequeños productos del agro con el propósito de llevar provisiones a la población más vulnerable.
Ya como jefe de Estado, en septiembre de 2022, dijo que el país tenía que entrar en emergencia económica para atender los desastres que causaría el Fenómeno de La Niña.
El noviembre de 2009, el presidente Álvaro Uribe declaró en Manizales, donde se realizó la 54 Cumbre de Gobernadores, la emergencia social para salvar al sector salud de la crisis en la que está sumido por los costos de los servicios que no están incluidos en el POS, el llamado no POS, pero que se deben asumir por fallos judiciales.
En 2010, el presidente Juan Manuel Santos declaró la emergencia económica, social y ecológica para atender la situación que sufre la ciudad de Mocoa, asolada por una avalancha que dejó 262 muertos, y designó al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, como gerente de la reconstrucción.
Luego también Santos anunció la declaratoria de una emergencia social, económica y ecológica por treinta días para afrontar la tragedia invernal que deja cerca de dos millones de damnificados.
En marzo de 2020, el Presidente de la República, Iván Duque, anunció la adopción del Estado de emergencia económica y social a nivel nacional, para enfrentar la pandemia covid-19 en Colombia.
“Ante las condiciones excepcionales hemos decretado el Estado de Emergencia. Mañana anunciaré el paquete de medidas económicas que acompañará este estado”, dijo el presidente, quien invocó el artículo 215 de la Constitución política, que define las condiciones del estado de emergencia.
POLÍTICA
Fuente