Este millonario proceso era, desde el año pasado, una de las ‘obsesiones’ del anterior director de esa poderosa entidad, Ludwig Valero, quien ya había manifestado que buscaría, a través de licitación pública, mejorar un proceso que desde siempre ha sido criticado por corrupción y mala calidad.
Sin embargo, el 12 de marzo, mientras avanzaba el importante proceso licitatorio, a Valero le fue pedida su carta de renuncia. Y si bien los motivos oficiales no trascendieron, diferentes voces atribuyen su salida a que era ‘ficha’ del senador liberal Miguel Ángel Pinto, quien lideró la ponencia que terminó con el hundimiento de la Reforma Laboral presentada por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
¿Qué ocurrió con la Uspec?
La salida de la Minjusticia se dio en medio de denuncias por presiones de Armando Benedetti. Foto:Archivo
La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios está encargada de la alimentación, salud e infraestructura de los centros penitenciarios del país ha sido señalada siempre por ser un fortín para cargos y cuotas burocráticas. De hecho, tal como lo informó este medio, varios altos cargos actuales serían fichas, no solo de Pinto, sino del senador Fabio Amín, también del Partido Liberal.
Sin embargo, las denuncias hechas esta semana por la ex ministra Angela María Buitrago sobre presiones e injerencias indebidas para quitar o poner cargos, parecen mostrar que en el despacho del ministro Benedetti estarían muy interesados en tener el control de una entidad que, este año, moverá un presupuesto de casi dos billones de pesos.
Según Buitrago, tanto Benedetti como Angie Rodríguez, actual directora del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), la presionaron de forma directa para que sacara de “inmediato” a Valero.
Pero no solo eso. De acuerdo con lo manifestado en entrevista con EL TIEMPO, ambos funcionarios habrían presionado a Buitrago para incidir en temas del sistema carcelario “en los movimientos de internos y en ciertas relaciones en particular”.
Pero la salida de Valero no fue la única. Actualmente dos de los cargos más importantes de la entidad están en manos de personas por encargo. Pocos días después de finalizada la licitación de alimentos, entre el 9 y el 12 de mayo, se aceptó la renuncia de dos personas claves en la entidad: el director administrativo y financiero, Juan Carlos Barragán y el jefe de la oficina Jurídica, Sergio Andrés Agón.
Según Buitrago, Benedetti la habría presionado para sacar “de forma inmediata” a Valero
En su lugar, de acuerdo con las resoluciones emitidas por la Uspec, quedaron bajo encargo Naslly Esperanza Fonseca en la Dirección Administrativa, y Fabián Alberto Beltrán como cabeza de la Jurídica. A la fecha, y hasta el cierre de este reportaje, no se han publicado los nombres o las hojas de vida de quienes quedarían de forma definitiva.
Millonarios contratos y un presupuesto jugoso
Pese a que no es de los más altos del Estado, el presupuesto de la Uspec no es un tema menor. Tan solo el contrato de alimentación mueve 946 mil millones de pesos, lo que equivale al 49 por ciento de todo el dinero que se le asignó a esa Unidad en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia del año 2025: 1.9 billones de pesos.
A la fecha, de ese total, teniendo en cuenta que la licitación de alimentos lleva menos de 20 días de firmada, el Uspec ya ejecutó el 16 por ciento representado en su gran mayoría en gastos de funcionamiento.
De acuerdo con las cifras del Portal de Transparencia Económica (PTE) del Ministerio de Hacienda, solo en gastos de nómina la Unidad dispone para este año de 40 mil millones de pesos destinados a rubros salariales para una planta de 508 empleados públicos.
El Plan de Previsión para 2025 de la entidad, conocido por la Unidad de datos de EL TIEMPO, da cuenta que la nómina del Uspec se distribuye entre 12 personas de nivel directivo, cuatro asesores, 116 profesionales, 70 técnicos y 99 servidores de nivel asistencial. Todos, teniendo en cuenta sólo la asignación básica salarial y sin contar primas y otros beneficios salariales, representan recursos por 183 millones de pesos al mes.
Solo en gastos de nómina la Unidad dispone para este año de 40 mil millones de pesos
Alimentación, siempre en el ojo del huracán
La comida en las cárceles viola “el derecho a la alimentación”, señala la Defensoría del Pueblo. Foto:ELTIEMPO
Pero el lado más jugoso del Uspec está en los contratos. Cifras abiertas del Portal Anticorrupción de la Secretaría de Transparencia muestran que solo en el 2023 se firmaron convenios por 1.6 billones de pesos, mientras que para 2024 se registraron recursos por 450 mil millones de pesos.
Esta licitación siempre ha sido altamente cuestionada. Por un lado, organizaciones y ONG como la Corporación Anticorrupción Internacional (Coraci), han señalado que que en los procesos contractuales de alimentación para las prisiones suele haber “concentración de la contratación en los mismos operadores del mercado, los mismos grupos o cárceles específicos en cabeza de empresas que a través del tiempo han ofertado y ejecutado dichos grupos sin competencia clara en este proceso y en eventos de anteriores”.
Llama la atención que, para 2025, aparecen varios de los mismos contratistas que ya estuvieron en 2024, entre ellos la Unión Temporal Macsol y Ardiko A & S Suministros.
Pero no solo eso. La Defensoría del Pueblo ha hecho constantes llamados a mejorar un servicio que ha calificado como “inhumano”. En promedio, con 16.626 pesos, mucho menos de lo que vale un almuerzo corriente de Bogotá, se cubren desayuno, almuerzo, cena y refrigerio de un preso.
En concepto de la Defensoría hay “una flagrante vulneración del derecho fundamental a la alimentación de la población privada de la libertad” debido a que “no se garantiza la inocuidad de los alimentos por falta de mantenimiento de la infraestructura del área del rancho, por falta de dotación de utensilios de cocina, lugares inadecuados o insuficientes para la conservación, refrigeración, preparación y distribución de alimentos”.
Queda por ver si con este nuevo contrato, que apenas va a empezar a ejecutarse, mejoran en algo las condiciones de este servicio.
Una entidad con el presupuesto ‘al alcance de la mano’
La entidad, adscrita al Ministerio de Justicia y Derecho, fue creada mediante el decreto 4150 de 2011, con el objetivo de gestionar y operar el suministro de bienes y la prestación de los servicios, la infraestructura y brindar el apoyo logístico y administrativo requeridos para el adecuado funcionamiento de los servicios penitenciarios y carcelarios a cargo del Inpec, según lo indica el documento.
Para el año de creación de la Uspec, el sector carcelario del país presentó hechos de corrupción que derivaron en indagaciones por parte de los entes de control. Dentro de ese panorama, se encuentra la pena de 22 años a Luis Enrique Murallas Gutiérrez, teniente del Inpec, quien lideraba una red con otros guardias para exigir millonarios pagos a los reos para entrar al programa de reducción de pena por estudio y trabajo, según el dictamen del
Juzgado Segundo Penal del Circuito de Bello, Antioquia en el 2011.
Decreto de creación de la Uspec Foto:ELTIEMPO
Iván Unigarro Dorado, abogado especialista en gestión pública con maestría en derecho público, explicó a EL TIEMPO el panorama frente al accionar estatal y consecuencias que puede traer el reciente huracán mediático sobre la Uspec; así como la cuestión contractual.
“Es cíclica la atención que se le brinda a la entidad. Ocurre cada 2 o 3 años. No es novedad. Esto bajo la razón de ser del Uspec, el por qué se creó y su objetivo”, indica Unigarro. La Unidad Administrativa se creó para dividir completamente las labores del Inpec durante el gobierno de Juan Manuel Santos, bajo la directriz del manejo de los centros penitenciarios y carcelarios en materia de bienes, agrega el experto.
Los bienes categorizan alimentos, colchones y ropa, entre otros implementos necesarios para el funcionamiento de las cárceles. La medida buscó centralizar la gestión de compras para ser más eficiente, añade Unigarro.
“Las entidades que manejan más dinero son las ejecutoras. Una entidad que maneja billones de pesos, como la Uspec, es interesante, porque sus recursos son líquidos”, comenta el abogado, quien realiza la diferenciación entre la Uspec con otras unidades administrativas que no cuentan con esa liquidez presupuestal. Lo anterior encuentra explicación a la imposibilidad de no girar dinero a la Uspec, ya que en ese caso las cárceles dejarían de funcionar. La liquidez en el presupuesto refiere a dinero a la mano, efectivo.
Sin embargo, el experto advierte acerca de la complejidad al momento de prestar el servicio alimentario, razón de mayor gasto presupuestal de la unidad administrativa, debido a las condiciones heterogéneas de los diferentes planteles carcelarios.
El caso, que ha llegado a entrar en la polémica entre la exministra de Justicia y Armando Benedetti, actual ministro del interior, deja distintas aristas frente a la transparencia del gobierno. “En materia de consecuencias jurídicas, puede que mutuamente se hagan las denuncias penales y disciplinarias por las presuntas conductas entre un presunto tráfico de influencias, abuso de poder entre otras circunstancias y, por el otro lado, se incurra en calumnia”.
“Acerca del punto de vista en términos de ética pública y de lucha contra la corrupción, se evidencia que las razones, o lo que se saca a la luz pública, no recaen en los presuntos actos de corrupción, sino los propios desacuerdos que se puedan tener por distintas posturas políticas; todo lo anterior hasta conocer las pruebas y denuncias correspondientes”, contempla Unigarro.
UNIDAD DE DATOS EL TIEMPO