El 28 de mayo de 2025, la Policía Federal de Brasil descubrió una sofisticada red criminal que ofrecía servicios de espionaje y sicariato en contra de magistrados del Supremo Tribunal Federal y Parlamentario. El grupo, conocido como “Comando de Caza a Comunistas, Corruptos y Criminales” o “Comando C4”, perseguía objetivos políticos e ideológicos con una estructura mercenaria.
La investigación que comenzó tras un caso de corrupción judicial por el asesinato en 2023 del abogado Roberto Zampieri, conocido como “lobista de tribunales”, quien fue ejecutado con 10 disparos frente a su oficina en Cuiabá. Se transformó en el hallazgo de una organización criminal, con pruebas de un esquema de ventas de sentencias judiciales.
Asesino de Roberto Zampieri, le propinó 10 disparos frente a su oficina en Cuiabá. Foto:Archivo EL TIEMPO
Con la información obtenida desde el año 2024, el gobierno brasileño implementó la Operación Sisamnes bajo la supervisión del Supremo Tribunal Federal (STF), cuya investigación permaneció bajo secreto judicial. Como resultado, se desmanteló una red criminal que, según las autoridades, estaba implicada en la persecución y eliminación por encargo de figuras públicas de Brasil.
¿Cómo operaba el grupo ‘Comando C4’?
Gracias al conocimiento táctico y militar de integrantes de la organización, los operativos se llevaban a cabo implementando técnicas de espionaje modernas y métodos clásicos. “El Comando C-4” implementaba el seguimiento aéreo, con drones, hackers para obtener información digital y mujeres como cebo para seducir y comprometer a sus blancos.
Los sistemas de información de Brasil era intervenido por hackers. Foto:istock
En el operativo, las autoridades incautaron un arsenal de armas compuesto por: fusiles de francotirador y pistolas con supresores de sonido, un lanzacohetes portátil tipo AT-4 y minas explosivas con detonación remota.
¿Qué costaba un operativo militar?
En el transcurso de la operación, se encontraron pruebas que, según las autoridades, vincularían en los objetivos del grupo al expresidente del Senado Rodrigo Pacheco con tarifas de precios según el servicio de seguimiento o posible atentado en contra de la figura pública.
La organización criminal estableció el costo de la operación a partir de una tabla de precios que indicaba un costo de 150.000 reales (26.000 dólares) por vigilar a un senador y 250.000 reales (unos 44.000 dólares) por espiar a un ministro del Supremo Tribunal Federal (STF).
Luiz Inácio Lula Da Silva, presidente electo de Brasil Foto:Evaristo SA / AFP
¿Quiénes eran los representantes de la organización?
Durante la investigación, las autoridades concluyeron que Etevaldo Luiz Caçadini de Vargas, exmilitar de 62 años, era el líder del grupo “Comando C-4”. El hombre incitó a varios militares a desconocer el resultado electoral durante las elecciones de 2022, promoviendo una intervención en contra del actual gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
Las autoridades identificaron a varios miembros de la organización, entre los cuales se encuentran nombres como Aníbal Manoel Laurindo, Antonio Gomes da Silva (presunto sicario), Hedilerson Fialho Martins Barbosa (instructor de tiro) y Gilberto Louzada da Silva (exsargento).
ESTEBAN RAMÍREZ MIRANDA
REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS.