El derrumbe que cobró el pasado jueves la vida de tres mineros en Zipaquirá (Cundinamarca) fue una tragedia anunciada. Y aún así, nadie la evitó.
Y es que la mina ‘El Tejadito’, de la vereda de El Empalizado, tenía varias órdenes de suspensión de actividades y desalojo inmediato desde hace seis años. Con todo eso, el lugar siguió operando de noche de forma clandestina.
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La mina colapsó parcialmente en la noche del pasado 4 de junio, dejando a los mineros sin salida, en un entorno con acumulación de gases tóxicos que impidieron el ingreso inmediato de los equipos de rescate.
El hecho ocurrió en una mina ilegal de Zipaquirá, en Cundinamarca. Foto:Fernando Ariza
Las víctimas fueron Luis Enrique Sánchez, Luis Felipe Muchicón y Fredy Silva; quienes quedaron atrapados a 180 metros de profundidad tras una explosión dentro del socavón.
El hallazgo de los tres cuerpos fue confirmado tras 20 horas de difíciles labores de rescate que iniciaron desde las 8:00 p. m.
La Agencia Nacional de Minería había resuelto que cesaran las actividades extractivas de carácter inmediato y definitivo en este punto desde abril de 2019. No fue hasta 2022 que la alcaldía de Zipaquirá hizo efectiva esta orden e impuso los sellos preventivos que anunciaban el cierre del socavón.
Sin embargo, la faena volvió a El Tejadito, esta vez de forma ilegal. Su funcionamiento pasó desapercibido ante los ojos de las autoridades que realizaban inspecciones preventivas al espacio para asegurarse de que no operara.
La estrategia de los trabajadores era sencilla. Cada vez que se avecinaba un operativo, corrían para ocultar sus huellas y las máquinas que usaban. De alguna forma, la información de que habría una nueva inspección era filtrada.
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Este no es el primer incidente en la mina
Hasta que, un día de junio en 2023, ‘El Tejadito’ terminó inundada y fue imposible ocultar que todavía había personas trabajando allí. En esa ocasión, dos mineros quedaron atrapados por dos días, pero el desenlace fue diferente: ellos salieron con vida.
Después de que la emergencia fue superada, la alcaldía municipal realizó una denuncia por la vulneración del cierre y en contra el dueño del predio: Óscar Alfonso Pinzón Pérez.
Pinzón ejerció la extracción de carbón como persona natural desde 2001. Según el Registro Único Empresarial, su matrícula fue cancelada en 2015.
Bomberos de pie al lado de la entrada de la mina. Foto:Fernando Ariza / EL TIEMPO
Sin embargo, el terreno donde está el socavón figura a su nombre, así como los expedientes sancionatorios que se han abierto a partir de la actividad ilegal que siguió desarrollándose en la vereda.
Nuevamente se efectuó una nueva orden de cese de actividades que, otra vez, tampoco fue acatada.
Siguió la explotación en el sitio
La Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca recibió una nueva queja, relacionada con una nueva explotación en el mismo lugar, el 14 de mayo de 2024.
La Dirección Regional Sabana Centro de la CAR fue la encargada de hacer la visita a finales del mismo mes. En su informe detalló que la bocamina contaba con sellos de suspensión por parte del municipio.
La dirección también ordenó la suspensión de actividades de minería y se les notificó al municipio y a la Inspección de Policía para que realizaran las respectivas medidas. El 26 de marzo de este año, la entidad reiteró la solicitud ya que la administración municipal pudo constatarlo durante una visita de seguimiento en ese mismo año.
El derrumbe de esta mina revive el debate sobre la minería ilegal en Colombia. Foto:Fernando Ariza / EL TIEMPO
¿Qué dice el municipio?
Efraín Forero, director técnico de Desarrollo Rural y Ambiente de la Alcaldía de Zipaquirá relató: “No encontramos gente en el momento, pero había indicios de que estaban trabajando: había maquinaria y carbón fresco”.
Forero le contó a EL TIEMPO que la situación fue revelada al fiscal asignado para este caso, quien pidió que todo fuera rectificado. Una vez se recopiló la información necesaria, el municipio le remitió todos los documentos a la Fiscalía para que empezaran a actuar.
“Tuvimos una reunión con Fiscalía, Carabineros y Ejército en septiembre de 2024, en la que se les entregó toda la información y ellos dijeron que coordinarían internamente el operativo de cierre definitivo”, dijo el funcionario, que también agregó que las capacidades del municipio llegaban hasta esa instancia, además de labores de prevención.
La Agencia Nacional de Minería visitó el lugar en diciembre de 2024 para verificar las condiciones de la mina. De acuerdo con el informe, se observó la ausencia de ventilación mecanizada, acondicionamiento de ductos para la ventilación, registros de medición de gases o manila de seguridad.
Además, señaló que frente a la bocamina había carbón acopiado en la zona de descargue de coches, uno de los cuales estaba detenido con una palanca de madera y sujeto por un cable metálico. También se encontraron palancas de madera y residuos frescos de su corte, además de un botadero de estériles con huellas de maquinaria amarilla.
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La tragedia de esta semana reabre el debate sobre la minería informal en Colombia, especialmente en zonas como Zipaquirá, donde la pobreza, la necesidad y la falta de oportunidades empujan a los trabajadores a arriesgar su vida en minas sin ventilación, sin salidas de emergencia y sin garantías laborales.
MARÍA PAULA RODRÍGUEZ ROZO
Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO
marroz@eltiempo.com