En medio del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que salpica a congresistas y hasta ministros del gobierno del presidente Gustavo Petro por presunto desvío de recursos, en el Congreso se radicó un proyecto de ley que busca blindar a la entidad y a otras dependencias con alto riesgo de corrupción.
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La iniciativa, presentada esta semana por el representante Cristian Avendaño, de la Alianza Verde, tiene como propósito, según el parlamentario, erradicar los llamados “contrataderos” o entidades de régimen especial de contratación. Esto busca prevenir que haya casos de corrupción aprovechando la posibilidad de contratar directamente y garantizar que haya transparencia en el manejo de los recursos.
Cristian Avendaño, representante de la Alianza Verde
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“Este proyecto quiere poner freno a la instrumentalización de entidades con régimen especial que, durante años, han utilizado la contratación directa para elegir a contratistas de manera fraudulenta, evadiendo los procesos competitivos, públicos y transparentes”, aseveró Avendaño.
“Realizan contrataciones a dedo porque cuentan con un manual de contratación que se rige casi por el derecho privado, lo que les permite eludir la ley y evitar el proceso de licitación a través de convenios interadministrativos. Esto no lo podemos permitir más”, agregó.
En el caso de la UNGRD, de donde habrían salido recursos para garantizar el apoyo de congresistas a las reformas sociales, Avendaño señaló que esta entidad es en la que hay mayores riesgos teniendo en cuenta que de allí salen los recursos para atender emergencias y calamidades públicas, y la urgencia a la hora de contratar requiere de un régimen especial.
Por eso, el proyecto no busca ponerle trabas a la contratación, pero sí plantea hacerles un mayor control preventivo a los recursos, dándole dientes a la Contraloría.
Realizan contrataciones a dedo porque cuentan con un manual de contratación que se rige casi por el derecho privado, lo que les permite eludir la ley y evitar el proceso de licitación a través de convenios interadministrativos
“Facúltese a la Contraloría General de la República para que ejerza control preventivo y concomitante, y control posterior sobre la contratación y el manejo de los recursos propios del municipio, departamento, inclusive cuando se utilicen recursos propios cuando sean destinados para atención y prevención de desastres, o en su defecto, a cualquier entidad estatal cuando los recursos utilizados provengan del Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres”, dice el articulado.
Sobre este punto Avendaño comentó que “la Unidad de Gestión del Riesgo es el mayor ‘contratadero’. Por eso, implementaremos un control judicial para verificar que las entidades territoriales no inventen calamidades públicas y se roben el dinero a través de la contratación directa. Además, fortaleceremos el control que ejerce la Contraloría General de la República mediante mecanismos de denuncia, publicidad y control inmediato sobre esos recursos”.
MATEO GARCÍA
Subeditor de Política