Una nueva reforma tributaria del gobierno del presidente Gustavo Petro no tendría un camino sencillo en el Congreso de la República y hoy los partidos políticos tienen más dudas que certezas sobre la conveniencia de darle el visto bueno a una iniciativa en ese sentido.
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Y es que, expresan algunos parlamentarios, gremios y analistas, cobrarles más impuestos a los colombianos cuando el Gobierno está envuelto en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en el cual se habrían perdido miles de millones de pesos, sería un mal mensaje para la opinión pública cuando no hay certeza que esos nuevos tributos efectivamente serían destinados a mejorar la vida de los colombianos. Más aún cuando es Ricardo Bonilla, el ministro de Hacienda, uno de los mencionados en ese caso cuyos alcances aún son desconocidos.
“¿Para qué otra tributaria si los recursos que ya existen no se destinan correctamente? El debate puede ir más allá del Congreso, sino en la incidencia que pueda tener la ciudadanía al rechazar estos presuntos actos de corrupción y que les va a afectar directamente el bolsillo”, opinó la politóloga María Lucía Jaimes.
Si bien todavía no se ha radicado ese nuevo proyecto de ley, es inminente que se presente pronto, pues el presupuesto del 2025 está desfinanciado y se necesitan unos 12 billones de pesos adicionales para cubrir los gastos de la nación en el siguiente año.
Así lo advirtieron varios parlamentarios y el mismo Gobierno lo reconoce en el texto que fue radicado la semana anterior.
“Siguen contando con ingresos que no van a suceder, ¿cómo esperan que les aprobemos un presupuesto que necesita una reforma tributaria para financiarlo?, lo responsable sería presentar un presupuesto sin asumir la aprobación de 12 billones que no sabemos si pasará. La sola presunción demuestra que este presupuesto presentado por el gobierno está desfinanciado”, argumentó la representante a la Cámara Katherine Miranda, de la Alianza Verde.
Pero más allá de los cálculos políticos, también hay serias dudas sobre lo que implica presentarle al país una nueva tributaria cuando la economía no atraviesa por su mejor momento.
“Una ley de financiamiento (reforma tributaria) de $ 12 billones (0,7 por ciento del PIB) no es una buena idea en una economía que crece poco, en parte debido al impacto de las dos últimas reformas tributarias. Mejor priorizar y hacer más eficiente el presupuesto que aumente el crecimiento”, comentó Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo.
Las voces en los partidos políticos
Lejos quedaron los días cuando el Gobierno del presidente Gustavo Petro, recién posesionado, sacó adelante la reforma tributaria más ambiciosa en la historia reciente del país.
De la mano de su otrora poderosa coalición (Pacto Histórico, Alianza Verde, Comunes y los partidos tradicionales de ‘la U’, Liberal y Conservador), en noviembre del 2022 se aprobó una tributaria por más de 19 billones de pesos.
No obstante, el ambiente es otro. No existe coalición y si bien el Gobierno ha logrado sacar adelante varias de sus iniciativas, como la reforma pensional, el costo ha sido muy alto.
Para la senadora Angélica Lozano, presidenta de una de las comisiones que tramitan las reformas económicas, no ve ambiente para tramitar ese proyecto y dice que es necesario que el Gobierno dé explicaciones sobre los alcances de la iniciativa. “Pareciera que no fueran 12 billones, pareciera que fueran más”, aseveró. Además, reconoció que “este escándalo de corrupción -el de la UNGRD- es indeseable, completamente, para una discusión tan seria y en un momento económico tan complejo”.
Desde el liberalismo, partido que oficialmente sigue en la coalición de gobierno pero su jefe, el expresidente César Gaviria, ha tomado una postura más crítica hacia la Casa de Nariño, hay dudas y varios de sus miembros anunciaron desde ya que no acompañarían el proyecto.
Uno de ellos es el senador Miguel Ángel Pinto, quien reconoció que desconoce la posición que tome el partido, pues todavía no se han reunido para ello y seguramente lo harán una vez se conozca el texto, pero él considera que es “inconveniente tramitar una nueva reforma tributaria, yo no la acompaño”.
Desde el conservatismo, uno de los partidos que inclina la balanza a favor o en contra de las iniciativas del Gobierno, prefieren por ahora no tomar una postura, pues consideran que lo prudente es conocer el texto y evaluar su pertinencia para el país.
Sin embargo, la presidenta de esa colectividad, Nadia Blel, ha insistido en la necesidad de llegar a consensos. Hace una semana, cuando se posesionó, Blel aseveró en diálogo con este diario que “mientras no haya diálogo y concertación, ningún proyecto va a ser viable”.
La oposición, por su parte, cerró filas y advierten además que la figura de Ricardo Bonilla hace bastante ruido para esa iniciativa, así como para el presupuesto.
“El anuncio de una reforma tributaria en estos momentos es inconveniente desde el punto de vista económico e insultante desde el punto de vista político. Las actividades productivas están frenadas, la incertidumbre económica, la reducción en la inversión interna y extranjera son producto de la reforma tributaria que ya aprobó el Gobierno, que mucho se había advertido que iba a crear un frenón en la economía”, afirmó el representante Hernán Cadavid, del Centro Democrático.
Y añadió: “El ministro de Hacienda, con todos los señalamientos posibles, sin responderle al país de manera satisfactoria, con qué garantía de transparencia va a proceder ante el Congreso de la República, cuando no ha estado esclarecida la forma ni motivaciones de muchos de los congresistas que no han respondido ante la justicia, así como no lo ha hecho el ministro. ¿Cuáles van a ser las formas que utilizarán para aprobar una tributaria en el marco de un gobierno desgastado. Es predecible que sigan utilizando la transacción política descarada, ruin, como lo han hecho con la UNGRD”.
En la misma línea opinó el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical: “Es ilegítimo, injusto, que el Gobierno pretenda una nueva reforma tributaria con los escándalos que ha evidenciado el país en materia de corrupción. Y también la baja ejecución de los proyectos, de los presupuestos en diferentes sectores del Gobierno, el despilfarro de muchas dependencias (…). ¿Por qué los colombianos deben ajustarse el cinturón cuando el Gobierno Nacional no hace lo propio?”.
Sacar adelante esta iniciativa en un momento tan complejo para la economía del país será un gran desafío para el Ejecutivo y la primera gran prueba de fuego para el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.
MATEO GARCÍA
Subeditor de Política