Estados Unidos dio la bienvenida el mes pasado a una nueva ley anticorrupción que podría tener implicaciones en el futuro para otros países, entre ellos Colombia.
Se trata de la Ley de Prevención de la Extorsión Extranjera (o FEPA), que fue aprobada por el Congreso y firmada por el presidente Joe Biden el pasado 18 de diciembre.
El objetivo central de la ley es permitir procesos judiciales ante la justicia de EE. UU. contra funcionarios extranjeros que soliciten o acepten sobornos provenientes de estadounidenses o empresas de este país.
Hasta la expedición de esta ley, sólo el ciudadano o empresa estadounidense era sujeto de acción judicial en caso de haber sobornado -o intentado sobornar- a un funcionario de otra nación.
Algo que se venía haciendo de manera rutinaria y que incluía sanciones que van desde 15 años de cárcel hasta cuantiosas multas gracias a otra norma, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), que lleva casi 50 años en vigencia.
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Pero ahora, de acuerdo con expertos y activistas anticorrupción, se perseguirá la otra cara de la moneda: es decir, a los funcionarios de gobiernos extranjeros que se presten para el ilícito.
“Esperamos que esta sea la primera ley ejecutable que persiga a funcionarios extranjeros por exigir o aceptar sobornos. Las implicaciones de eso son enormes y tremendamente positivas para el buen gobierno en todo el mundo”, dijo Scott Greytak, de Transparencia Internacional EE. UU.
Los fiscales estadounidenses podrán a partir de ahora elevar cargos contra cualquier “funcionario extranjero” que solicite o acepte un soborno.
Martín García. ELTIEMPO
Según la ley, los fiscales estadounidenses podrán a partir de ahora elevar cargos contra cualquier “funcionario extranjero” que solicite o acepte un soborno de una empresa o individuo que haga negocios en Estados Unidos, incluso si la actividad ilegal se lleva a cabo fuera de EE. UU.
La ley prevé multas de hasta $250.000 dólares, o tres veces el monto del soborno recibido, así como hasta 15 años de prisión. Los fiscales también podrán solicitar la extradición de personas acusadas conforme a la ley, en el caso de países que tengan un tratado de extradición con Washington.
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La abrumadora mayoría de funcionarios extranjeros corruptos suelen salirse con la suya
En los casos en que un funcionario extranjero permanezca fuera del alcance de las autoridades estadounidenses, los fiscales tendrán herramientas para congelar sus activos y emitir órdenes de arresto en caso de que aparezcan en suelo estadounidense o en un tercer país con un tratado de extradición vigente con EE. UU.
“La abrumadora mayoría de funcionarios extranjeros corruptos suelen salirse con la suya, causando además desconfianza en el gobierno, inestabilidad política y desigualdad económica, entre otras cosas. Esto le da una esperanza real a los ciudadanos de otros países de que si no pueden procesar a sus propios funcionarios corruptos en casa, ahora el gobierno de EE. UU. tiene autoridad para perseguirlos, lo que es un gran cambio potencial”, añadió Greytak en un comunicado donde celebra la decisión.
SERGIO GÓMEZ MASERI
CORRESPONSAL EL TIEMPO
WASHINGTON
En X (antes Twitter): @sergom68