Para cumplir con la Regla Fiscal, el Gobierno ordenó congelar hasta nueva orden 20 billones de pesos del Presupuesto General de la Nación, de los cuales 13,4 billones de pesos correspondientes a gastos de funcionamiento (67 por ciento del total) y el restante 33 por ciento corresponden a recursos de inversión (6,4 billones). El congelamiento de esos recursos representan el 5,6 por ciento del PGN.
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En inversión se aplazan partidas dirigidas a programas que son viables de ejecutar en lo que resta del periodo de Gobierno, de tal modo que ello no afectará el cumplimiento de las metas estratégicas del programa de gobierno, indicó el Ministerio de Hacienda, a través de un comunicado.
Los ministerios de Hacienda, con cerca de 10 billones de pesos; de Trabajo, con cerca de 2,1 billones y la Agencia Nacional de Infraestructura, con 1,16 billones son las entidades que más esfuerzo tendrán que hacer en materia de congelamiento de sus gastos y las inversiones. Le sigue el apretón de cinturón del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (Daps) por cerca de 610.000 millones y el del Ministerio de Minas y Energía con unos 478.000 millones.
Esos 20 billones de pesos que el Gobierno se abstendrá de ejecutar representan 1,2 por ciento del producto interno bruto (PIB), indicó Hacienda, que aclaró, no obstante, que es una “medida preventiva dirigida a garantizar que el gasto se ajuste a la disponibilidad real de ingresos, frente a la eventualidad de que, al final del año, el recaudo tributario resulte inferior al proyectado”.
Como se recuerda, en el acumulado de los primeros cuatro meses del año, la caída en el recaudo de impuestos fue de 10,3 por ciento, pero solo en abril, comparado con el mismo mes del año pasado, se registró un desplome de casi la mitad de lo recogido, es decir se recaudó 40,9 por ciento menos.
Analistas del Grupo Bancolombia, señalan que entre enero y abril el recaudo acumulado estuvo varios billones de pesos por debajo de la meta que se había propuesto para ese periodo. Se cobraron 85,8 billones y la meta para ese lapso que era de 92,5 billones de pesos. Solo en abril, fueron 18 billones de pesos, 27 por ciento menos de lo esperado para ese mes, según el análisis de Bancolombia.
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El aplazamiento presupuestal anunciado por el Gobierno contempla principalmente partidas de funcionamiento y cubre algunas asignaciones de inversión aún no comprometidas.
Según lo informado por la cartera de Hacienda, con ello se busca minimizar su impacto sobre la ejecución de programas de gobierno estratégicos, asociados con el impulso de la actividad económica y la transformación productiva con justicia social y justicia ambiental con la cual está comprometido este gobierno.
Pero insistió en que “este aplazamiento presupuestal no afecta proyectos de inversión previamente contratados, que se encuentran en fase de ejecución. Tampoco tiene efectos sobre los sectores de Educación, Salud ni Defensa”.
Agrega que: “Este decreto se centra en las asignaciones que no ponen en riesgo la puesta en marcha de programas estratégicos de inversión pública en lo que resta del presente año.
En inversión se aplazan partidas dirigidas a programas que son viables de ejecutar en las próximas dos vigencias de tal modo que ello no afectará el cumplimiento de las metas estratégicas del programa del gobierno del cambio.
En entrevista reciente con EL TIEMPO, Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda y Crédito público señalo que esa decisión se adoptaba dado que no se habían cumplido con las metas de recaudo tributario en 2023 ni en el 2024, por lo que eso obligaba a hacer una revisión de cómo se estimaron las cifras y qué es lo que ha pasado realmente.
“Se encontró una disminución del recaudo de 15 billones de pesos respecto a las metas, eso significa que en términos reales no se va a financiar totalmente el presupuesto”, dijo en su momento Bonilla.
El equipo económico continuará haciendo un riguroso seguimiento de la ejecución presupuestal para identificar el comportamiento de las cifras fiscales y con base en ello, en caso de ser necesario, adoptar los correctivos requeridos para preservar la sostenibilidad financiera estatal en un marco de responsabilidad fiscal.
Esfuerzo debe ser más amplio
Tras los anuncios el Gobierno de frenar su gasto e inversiones, los economistas del grupo de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, indicaron que los 20 billones de recorte anunciados para este año no sería suficiente y que se requeriría de un recorte de 48 billones de pesos, es decir, 28 billones de pesos más que lo estipulado por el Gobierno Nacional.
“Las alternativas para cumplir la regla fiscal son pocas. Revisar al alza el crecimiento económico del país de 1,5 a 2 por ciento este 2024 solo daría un espacio fiscal de 0,5 billones de pesos y de flexibilizar la regla fiscal con el adelantamiento del período de transición solo significaría un presupuesto adicional de 1,5 billones de pesos”, comentaron los analistas del banco en un reciente informe.
Y es que además del bajo recaudo tributario observado en los primeros meses del 2024, las cuentas del Gobierno se verán impactadas por menores ingresos que se tendrán vía regalías, cuya deducibilidad fue declarada inconstitucional y por dineros esperados producto de algunos litigios fiscales.
Ante esa situación, el Gobierno anunció que continuará haciendo un riguroso seguimiento de la ejecución presupuestal para identificar el comportamiento de las cifras fiscales y con base en ello, en caso de ser necesario, adoptar los correctivos requeridos para preservar la sostenibilidad financiera estatal en un marco de responsabilidad fiscal.