El martes de esta semana, en medio de una de las reuniones más tensas de los últimos años, Germán Ávila, ministro de Hacienda, protagonizó un hecho inusual: se levantó de la mesa de la Junta Directiva del Banco de la República. Más tarde, desde su despacho, lanzó una acusación frontal en el sentido de que el aumento de la tasa de interés —100 puntos básicos— era “irresponsable”, “inconveniente” y desconectado de la realidad económica colombiana.
Minutos después, Leonardo Villar, gerente del Banco, confirmaba la decisión: un nuevo incremento de 100 puntos básicos que llevó la tasa de intervención a 11,25 por ciento, acumulando 200 puntos en lo que va de 2026. Cuatro miembros votaron a favor, dos pidieron reducirla y uno solicitó mantenerla.
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Pero lo ocurrido ese día no se explica en esos números, sino en lo que vino después, una ruptura —parcial, simbólica o en desarrollo— entre el Ejecutivo y el Emisor que, más que una discusión sobre tasas, expuso una tensión más profunda sobre las reglas del juego económico en el país.
En el fondo, advierten algunos observadores, lo que está en disputa son dos maneras de leer la economía.
Para el Banco de la República, el problema sigue siendo la inflación. Aunque ha mostrado señales de moderación, se mantiene por encima del 5 por ciento y, más preocupante aún, las expectativas de analistas y mercados siguen elevadas, cercanas o incluso superiores al 6 por ciento. Es decir, el riesgo no está solo en el dato actual, sino en que hogares, empresas y mercados empiezan a asumir que esa inflación llegó para quedarse.
“La decisión de aumentar la tasa de interés… se toma para moderar el impacto inflacionario”, explicó Villar, al defender una medida que reconoció como difícil y “dolorosa”, pero necesaria para evitar que la inflación se descontrole y termine erosionando el poder adquisitivo de los colombianos.
No es una postura aislada. Es la lógica que ha guiado la política monetaria moderna y con la que coinciden los analistas: actuar antes de que el problema se consolide. Juan Carlos Echeverry, exministro de Hacienda, lo resume sin rodeos: “A todos nos duele cuando suben las tasas… pero nos duele más cuando la inflación se sale de control”. Y añade que no es cierto que la autoridad monetaria actúe para favorecer a los bancos. De hecho, tasas más altas también encarecen su fondeo y afectan su rentabilidad.
La visión del Gobierno
Desde el Gobierno, el diagnóstico es distinto y apunta en otra dirección. Para el ministro Ávila, el problema inflacionario no está en un exceso de demanda interna, sino en choques externos producto del encarecimiento de la energía, las presiones sobre insumos importados y el impacto de la guerra en Irán. En ese contexto, subir tasas no corrige el origen del problema, pero sí genera uno nuevo: encarece el crédito, frena la inversión y debilita la recuperación económica.
El presidente Gustavo Petro acusa a las directivas del Emisor de querer ‘matar la economía’. Foto:Presidencia
“Es un despropósito adoptar decisiones… que llevan a una contracción de la economía en un momento decisivo”, dijo.
Pero el señalamiento no se detuvo ahí. El ministro fue más lejos y puso en duda el origen de las decisiones del Banco, al advertir que estas estarían influenciadas por visiones de analistas ligados al sistema financiero, “25 entidades que se creen con el derecho de decidir el futuro económico del país”. En su lectura, existe una tensión entre una economía “rentista” y la economía real que el Gobierno busca impulsar.
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La acusación tocó una de las fibras más sensibles del sistema económico, la independencia técnica del Banco de la República. Y ahí fue donde el debate se volvió más complejo.
La respuesta del gerente del Emisor no se hizo esperar. Señaló que la idea de que las decisiones se tomen para favorecer intereses particulares “se cae de su propio peso”. La Junta —insistió— actúa bajo el mandato constitucional de preservar el valor de la moneda, no responder a presiones políticas ni sectoriales.
Asimismo, otros analistas introdujeron un elemento que llevó la discusión más allá: el frente fiscal. Felipe Campos, del Grupo Alianza, dijo que mientras el Banco fija su tasa en 11,25 por ciento, el Gobierno se está endeudando en niveles cercanos al 14 por ciento. “Lo más absurdo es esto: el Gobierno sale cada semana a endeudarse al 14 por ciento y luego quiere convencer al país de que la culpa de la crisis es del Banrep”, advirtió.
Esa brecha es una señal. Refleja el aumento del riesgo país, las dudas sobre la sostenibilidad fiscal y la percepción de incertidumbre que ya están siendo incorporadas por los mercados. En ese contexto, las tasas altas no son solo una decisión del banco central, sino también una consecuencia del entorno macroeconómico en el que opera el país. Dicho de otra manera, la política monetaria no está actuando en el vacío.
Germán Ávila, Ministro de Hacienda defiende la política fiscal del Gobierno, pero acusa al Emisor. Foto:Banco de la República
Problema institucional
Para algunos analistas consultados, es ahí donde el episodio deja de ser una discusión de economistas para convertirse en un problema institucional.
“El problema no es el desacuerdo, sino cómo se expresa”, advierte Víctor Ramírez, socio líder del sector financiero de la consultora BDO, en una frase que sintetiza la preocupación de buena parte del sector financiero. Porque el Banco de la República no es un actor cualquiera. Su autonomía, consagrada en la Constitución de 1991, fue diseñada para evitar que decisiones clave quedaran sometidas a las urgencias políticas del momento. Por eso, cuando el ministro anuncia un distanciamiento de la Junta, el impacto no se mide solo en términos institucionales, sino en la señal que recibe el mercado.
Un análisis de Corficolombiana lo advierte con precisión: el principal riesgo no es que la Junta deje de operar, sino el deterioro de la credibilidad, lo que puede traducirse en mayores presiones sobre la prima de riesgo país. En economía, esa confianza —invisible pero determinante— es una variable crítica, advierte la entidad.
Los gremios empresariales coinciden en ese diagnóstico, y lo expresan sin matices.
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“El Banco de la República no es del Gobierno. No es de los gremios. Es una institución autónoma creada para proteger la estabilidad económica del país”, señaló el Consejo Gremial Nacional, al tiempo que advirtió que deslegitimar sus decisiones no afecta al Banco, sino a la confianza en la economía. Y sin confianza, no hay inversión, ni empleo ni crecimiento.
Bruce Mac Master, presidente de la Andi, fue más allá al cuestionar el mensaje institucional que se envía cuando el Gobierno pone en duda las reglas que está llamado a garantizar. Para él, el país enfrenta un momento que exige algo más que posiciones encontradas: demanda respetar las reglas del juego.
Golpe al bolsillo
Y Felipe Campos añade una advertencia que conecta con experiencias internacionales: si la credibilidad se deteriora, Colombia podría verse obligada a pagar tasas mucho más altas, como ocurrió en Brasil. El verdadero riesgo —dice— no es el nivel actual, sino hasta dónde podrían escalar las tasas si el mercado pierde confianza.
El crédito sigue costoso y todo indica que seguirá así el resto del 2026. Foto:iStock
Y mientras ese debate se da en los niveles más altos, sus efectos ya se sienten en la economía cotidiana. El crédito sigue costoso y todo indica que seguirá así.
“Estamos entrando en una etapa donde las tasas se mantendrán altas por más tiempo”, explica Mauricio Sabogal, decano de la Facultad de Ciencias Empresariales Ibero, al advertir que no se trata de un fenómeno temporal, sino de un cambio en el ciclo monetario.
Eso significa decisiones más difíciles para millones de colombianos. Un crédito hipotecario más costoso puede aplazar la compra de vivienda. Una tasa de consumo elevada puede restringir el gasto de los hogares. Para una pequeña empresa, el encarecimiento del financiamiento puede significar la diferencia entre crecer o reducir operaciones. Incluso decisiones como financiar educación o consolidar deudas pasan a depender de cálculos más estrictos, advierte.
Así, la política monetaria, que suele percibirse como un asunto lejano, termina aterrizando en la vida cotidiana. El problema es que el equilibrio en ese frente depende de algo que hoy está en tensión, la coordinación.
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Luis Fernando Mejía, presidente de la consultora Lumen Economic Intelligence, lo plantea con claridad cuando señala que la presencia del ministro en la Junta no es un formalismo, sino una pieza clave para articular la política económica. Su ausencia no solo rompe un canal institucional, sino que envía una señal de fragmentación en un momento de alta incertidumbre.
Tira y afloje por los $ 25 billones de las pensiones
El disgusto de Germán Ávila, ministro de Hacienda, tras la reunión de la Junta Directiva del Emisor no fue solo por el ajuste en la tasa de interés. El funcionario también dejó ver su malestar por la carta del Banco de la República en la que advierte que es “ilegal” que se trasladen a Colpensiones 25 billones de pesos de los afiliados a los fondos privados (AFP) que se acogieron a la ventana de oportunidad, como pretende el Gobierno.
Colpensiones. Foto:Archivo particular
“Esa comunicación recibió por mi parte una reclamación puesto que no fue discutida en el Banco de la República y, por ende, no podía ser firmada como tal. Creemos que aquí hubo un abuso de la situación comprometiendo a toda la Junta Directiva y, en particular, al Ministerio de Hacienda”, aseguró.
En la misiva enviada al ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, el Emisor advirtió que esa decisión no tiene sustento legal. “El traslado anticipado de los recursos a Colpensiones no se encuentra autorizado por la ley y excedería, por lo tanto, las facultades reglamentarias del Gobierno”, sentenció.
Además de los argumentos legales, el Banco también recordó que la Corte Constitucional, mediante el Auto A-841 de junio de 2025, suspendió la mayoría de los efectos de la reforma pensional mientras decide su fondo.