Este viernes se conoció oficialmente la resolución con la que se procede a abrir la investigación e imputar al presidente Gustavo Petro -en calidad de candidato- y a los otros responsables de su campaña por la presunta superación de los topes electorales. En total son 339 páginas en las que se dan detalles de la pesquisas previas y se explican las razones por las que procedió a un proceso formal.
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Más allá de lo que se había conocido en el comunicado de hace dos semanas, la resolución entra a explicar las razones por las que se considera que hay evidencia suficiente para abrir una investigación por presuntamente superar los topes de la primera y segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2022. Según las cuentas de los magistrados del CNE, las infracciones serían por más de 5.000 millones de pesos.
Primer argumento: donación Fecode
Uno de los primeros elementos a consideración para proferir la imputación fue la donación de Fecode. Aunque el giro por 500 millones de pesos fue hecho inicialmente a nombre de Dagoberto Quiroga, entonces representante legal de Colombia Humana, luego este monto fue transferido a Ingenial Media para la coordinación de los testigos electorales de la campaña presidencial de Gustavo Petro.
“Lo que permite inferir que este pago se efectuó durante el periodo de la campaña de primera vuelta y que las actividades pactadas de control electoral (reclutamiento, capacitación y control de testigos electorales) se encontraban previstas como emolumento previo al día de las elecciones, por lo que eran objeto de registro contable”, dice la resolución, en la que se llega a la conclusión de que a pesar de que esos dineros fueron inicialmente para la Colombia Humana, realmente eran para pagar un gasto de la campaña presidencia. Para el CNE, fue una especie de triangulación de recursos.
“Las actividades contractuales fueron propias de la financiación de la campaña y no para el funcionamiento normal de la colectividad política”, es la principal conclusión del tribunal en ese primer punto. Un hecho llamativo de este apartado es que la sala plena explicó por qué no tuvo en cuenta una declaración notariada de Fecode en la que aseveró que la donación que hicieron no tenía como destino la campaña presidencial.
“La fecha de la escritura pública dista de las circunstancias de tiempo y modo que motivaron la donación, es decir, cuando la misma se protocoliza cuatro (4) meses después de finalizado el certamen electoral e incluso declarada la elección, lo que permite colegir, además de la omisión en el informe de ingresos y gastos de la campaña objeto de análisis, la presunta alteración irregular de la información”, fue la explicación para desechar esta declaración.
Segundo argumento: crédito Polo Democrático
El segundo argumento del CNE para aseverar que se superó los topes y abrir investigación a la campaña Petro fue la supuesta omisión del reporte de un préstamo por 500 millones de pesos hecho por el Polo Democrático el 10 de mayo de 2022 a la campaña y que luego se habría pagado. Supuestamente se habría reportado inicialmente en el sistema de Cuentas Claras, pero luego se habría eliminado del reporte final.
“Tales hechos económicos no tendrían reparo alguno, si no se hubieren variado o eliminado en el informe definitivo de ingresos y gastos, en tanto que el registro del préstamo otorgado por el Partido Polo Democrático Alternativo y su consecuente pago, fueron suprimidos de manera injustificada de la contabilidad”, argumentó el tribunal. En ese sentido se aseveró que tales “operaciones contables” fueron hechas para no superar las sumas máximas.
Estas acciones, según infirieron los magistrados, se dieron debido a que el Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales había alertado que no se había reportado una factura por poco más de 360 millones de pesos por propaganda electoral contratada con Caracol Televisión. Entonces, para incluir dicha factura y no superar los topes, se habría procedido a eliminar el reporte del crédito entregado por el Polo y que incluso ya había sido pagado.
“El registro del crédito otorgado por el Partido Polo Democrático Alternativo no podía ser objeto de eliminación, toda vez que era inherente a la campaña al haberse consignado en efectivo en la cuenta única de la misma, en el momento en que acaeció el hecho económico”, fue la conclusión en este aspecto.
Tercer argumento: omisión pago testigos electorales
Entre las pruebas recabadas se encontró lo que serían varios giros a través de distintas empresas (Red Empresarial de Servicios, Supergiros, JER, Matrix Giros y Servicios y SU RED) para el pago de testigos electorales “los cuales no se registraron en los informes individuales y consolidados de ingresos y gastos”.
Inicialmente la campaña se defendió diciendo que estos pagos hicieron parte de un contrato con Ingenial Media -uno de sus pagos fue la donación de Fecode- para la coordinación de testigos electorales, pero una observación más detallada permitió ver que esos recursos no habrían sido parte de los servicios adquiridos. Según el CNE, esos dineros eran ajenos a dicha vinculación y se habrían girado por aparte a dicha empresa para que coordinara los giros a los testigos.
“Tales hechos económicos no fueron reportados dentro del informe de ingresos y gastos de la campaña (…) no existe un rastro del origen de los recursos trasladados”, fueron las conclusiones del CNE. Serían cerca de 900 millones de pesos que “no fueron reportados y a su turno desconoce esta Corporación el origen de tales recursos utilizados para la dispersión de los pagos efectuados a los testigos electorales, lo que permite advertir un presunto ocultamiento de aportes de dinero a la campaña y una presunta triangulación de recursos”.
Cuarto argumento: omisión de reporte de factura por propaganda electoral
Otra de las razones para abrir formalmente la investigación fue la omisión de una factura por 356 millones de pesos por propaganda electoral contratada con Caracol Televisión. Aunque fue reportada en las cuentas de la segunda vuelta, la pauta publicitaria habría sido emitida en mayo, cuando todavía se estaba en la primera vuelta.
“Al tenor de los servicios de propaganda electoral contratados y emitidos por el medio de comunicación Caracol. entre el 2 y el 23 de mayo de 2022 a favor del ciudadano Gustavo Petro , se logra determinar por la sala, que la factura electrónica CI 8136 expedida el 31 de mayo de 2022, pertenece a las actividades propias de la campaña presidencial de primera vuelta, hecho económico que ascendió a la suma $356.102.872 y que se omitió reportar en los informes de ingresos y gastos de la misma”, dice el reporte.
Quinto argumento: omisión de reporte de gastos por campaña al Senado
Los ponentes de la resolución indicaron que hubo otros hallazgos como el contrato celebrado por la campaña del Senado del Pacto Histórico con Ingenial Media para capacitar y controlar testigos electorales por 3.500 millones de pesos. Este gasto se incluyó entre los argumentos de supuesta superación de topes debido a que presuntamente parte de las actividades eran para la campaña presidencial, pues varias de las actividades eran posteriores a las elecciones legislativas.
“Permitiendo inferir una eventual provisión de recursos desde la campaña al Senado de la coalición Pacto Histórico tendiente al pago de rubros propios de la campaña de primera vuelta presidencial objeto de estudio, en tanto que estos recursos hacen referencia y tienen relación directa con la infraestructura y logística para el denominado control de testigos electorales”, dice en este aspecto el texto. De esta forma se habrían pagado poco más de 200 millones que fueron asumidos por la campaña del Pacto Histórico al Senado, pero que realmente eran para el esfuerzo presidencial.
Sexto argumento: vuelos de Saadi
El CNE encontró una supuesta alteración en la generación de pagos de transporte aéreo prestado por la Sociedad Aérea de Ibagué (SADI). “Se logra evidenciar la generación sistemática de facturas electrónicas que posteriormente son objeto de anulación, generando en consecuencia, una nueva facturación que modifica el valor y el concepto inicial”, dice el documento.
En las pesquisas se evidenció una emisión de facturas que comenzó en poco más de 4.000 millones de pesos y luego fue cambiándose en nuevos proceso para ir descendiendo paulatinamente hasta llegar a cerca de 2.270 millones de pesos. Se incluyó este apartado pues supuestamente esta disminución en las horas de vuelo y por ende en la facturación “obedece a una presunta alteración de cifras con el fin de no vulnerar el límite al tope de gastos establecidos por la Corporación”.
Para el tribunal electoral, se eliminaron cerca de 60 horas de vuelo en helicóptero, 17 horas de avión y 60 horas de servicio de ambulancia. A esto se le agrega una supuesta alteración del valor por hora del servicio de ambulancia y se habría eliminado totalmente el cobro de actividades conexas. “Se concluye que existe una modificación sistemática de las cifras con relación a los valores pactados”, indica la resolución.
Séptimo argumento: omisión aporte de la USO
Para abrir la investigación se tuvo en cuenta el acta de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO) en el cual se acuerda el aporte de 600 millones por el sindicato a la campaña. A esto se le suma una relación de pagos de la USO para acciones hechas durante la primera vuelta presidencial, “los cuales guardan relación con la campaña objeto de estudio y que no fueron objeto de reporte en el proceso de rendición de cuentas”.
Otro de los hallazgos incluidos fue una coincidencia entre los pagos realizados por el sindicato y la estructura de testigos electorales que reportó el Pacto Histórico ante la Registraduría. “No se observa que la campaña presidencial de primera vuelta de la coalición Pacto Histórico haya realizado el respectivo reporte sobre la adquisición de bienes y servicios a las mismas, por lo cual se deduce una omisión al respecto”, se concluye.
Octavo argumento: las omisiones de la segunda vuelta
Varias de las omisiones ocurridas en la primera vuelta se habrían replicado en la segunda vuelta, según el Consejo Nacional Electoral. No se habría incluido el pago de testigos electorales; se habría omitido el aporte de la USO y el pago de logística de testigos hecho por la Colombia Humana; y también se habría incurrido en la anulación de facturas y modificación de cobros por SADI. Todas estas prácticas, según los instructores del caso, habrían sido para no superar los topes. En la segunda ronda electoral también se habría omitido la contratación del Movistar Arena para la celebración de la victoria.
Decisiones y compulsa de copias
Bajo los argumentos expuestos anteriormente, el CNE le formuló cargos a Gustavo Petro (candidato) , Ricardo Roa (gerente de la campaña), Lucy Aydee Mogollón (tesorera), y Maria Lucy Soto y Juan Carlos Lemus (auditores). También serán procesados los partidos Colombia Humana y la Unión Patriótica (UP), que fueron los que avalaron la candidatura en 2022.
Todos ellos son señalados por el CNE “por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales” en la primera y segunda vuelta. Estos cargos incluyen la superación de topes, el no reporte de distintos rubros y la presunta financiación prohibida, pues se habría aceptado donaciones de personas jurídicas -algo proscrito en las campañas presidenciales-.
Asimismo, se compulsaron copias a la Fiscalía en contra de Daniel Felipe Becerra, al que se le pagaron 19,5 millones de pesos por el desarrollo de un bot para el reclutamiento de testigos electorales por WhatsApp. Sin embargo, en las diligencias ante el CNE este afirmó que no llevó a cabo esta tarea, a pesar de que quedó registro de sus labores en los documentos analizados. Por eso, el tribunal electoral alertó un posible falso testimonio o falsedad de documento privado que debe ser investigado por el ente acusador.