Este martes se conocerá la ponencia del caso por presunta superación de topes de la campaña del presidente Gustavo Petro en 2022. El sentido del documento en sancionatorio, pues encontró que el esfuerzo presidencial habría superado en 3.500 millones los topes.
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De acuerdo con el sentido de la ponencia, se pudo comprobar que la campaña del primer mandatario superó los topes y recurrió a financiación prohibida. El texto que se conocerá este martes, encontró como responsables a las cabezas de la campaña, salvo el presidente Gustavo Petro, pues no es competencia del CNE según lo determinó la Corte Constitucional.
De esta forma, se pedirá sancionar al gerente de campaña, Ricardo Roa; la tesorera, Lucy Aydée Mogollón; los auditores María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus; y los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica (UP).
Frente a la ponencia de imputación, hay una reducción en cuanto a los montos en los que supuestamente la campaña presidencial sobrepasó los topes. Se pudo comprobar los aportes de Fecode, la USO, el pago de publicidad política a Caracol Televisión y el no reporte de los gastos a testigos electorales. Pero hubo otros temas en los que no se recabó el material suficiente para proceder con la investigación.
Uno de estos temas es el de los vuelos contratados con Sadi, no se encontraron los elementos suficientes para concluir que estos gastos existieron y que no fueron reportados por la campaña del ahora presidente.
Por otro lado, se descartó incluir entre los gastos de campaña el evento de celebración hecho en el Movistar Arena. Se tuvo en cuenta la argumentación de la defensa de que era un gasto posterior. Sin embargo, en la ponencia se le ordena a los responsables de la campaña presidencial que devuelvan los dineros que fueron pagados por este evento en la reposición de votos.
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El tema de los testigos electorales es uno de los puntos de mayor discusión, pues desde las toldas petristas han justificado dichos gastos en que no hacen parte de la campaña, debido a que sos gastos posteriores al cierre de las urnas. En ese sentido, de aprobarse la ponencia, se creará un importante prescedente en cuanto a que la vigilancia de los votos también son gastos de campaña.
La ponencia en detalle
El primer tema en el que se encontró responsabilidades por parte de la campaña presidencial en la ponencia fue el de la donación por 500 millones por parte de Fecode. Aunque fue dirigido a la Colombia Humana, para los magistrados instructores, Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, es claro que solo se usó la colectividad como intermediaria para hacer la donación a la campaña del hoy Presidente.
Señalan que incluso en las cuentas del partido fundado por el presidente Petro se registró dichos recursos como “donación recibida para funcionamiento y financiación campaña candidato avalado por el movimiento político Colombia Humana”, por lo que “siempre fue evidente que el objeto de la donación se mantuvo indemne, esto es, con destino a la financiación a la campaña bajo estudio”.
Dichos dineros fueron usados para pagarle a la empresa Ingenial Media para la “gestión, control y seguridad electoral”, lo que también sería una muestra de que los recursos donados por Fecode se usaron para acciones propiamente de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Esto debido a que hay otro contrato, por 178 millones, firmado directamente entre la campaña e Ingenial Media con los mismos objetivos de campaña.
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El tribunal electoral no le dio validez a la declaración juramentada ante un notario con la que Fecode trató de señalar que la donación nunca fue a la campaña sino al partido Colombia Humana. Tampoco dieron validez a los varios testimonios que trataron de argumentar la misma situación. En cambio hicieron énfasis en las alertas de la auditoría sobre los sobrecostos en el pago de la vigilancia de los votos.
Los dos magistrados encontraron que no solo se vulneró los topes con esa donación que se habría omitido sino que fue una donación irregular pues Fecode es “una fuente proscrita”, en cuanto a que es una persona jurídica, que no puede donar a campañas de índole presidencial.
¿Cómo estaría la votación?
Se espera que el texto sea radicado este martes y pueda comenzar a discutirse desde la siguiente sala plena. El anuncio llega luego de que la sala plena del Consejo Nacional Electoral decidió en una sesión de la semana pasada apartar a la magistrada Alba Lucía Velásquez (Pacto Histórico) del proceso que se lleva en contra de la campaña presidencial.
La decisión, adoptada con una votación de 5-3 a favor de aceptar la recusación del abogado Hollman Ibáñez, fue clave para reanudar el proceso contra la campaña del presidente. Los ponentes habían advertido que no presentarían la ponencia final hasta que se resolviera la recusación, ya que consideraban que hacerlo antes podría viciar las últimas etapas del proceso.
Ahora, para que la ponencia de Prada y Ortiz sea aprobada y tenga carácter vinculante, requiere el apoyo de 6 de los 9 magistrados de la Sala Plena del CNE.Como Velásquez ya no puede participar, a primera vista parecería que las posibilidades de que la ponencia que pide sancionar a los responsables de la campaña sea aprobada se incrementan. Sin embargo, hay otros factores que podrían influir en el resultado. Uno de ellos es el cambio reciente en la composición del tribunal electoral.
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Semanas después de emitirse la imputación, César Lorduy, de Cambio Radical, renunció para explorar posibles aspiraciones políticas de cara a 2026. En su lugar asumió Álvaro Echeverry, quien, aunque fue nominado por el partido Colombia Justa y Libres, mantiene cercanía con el gobierno de Gustavo Petro.
Echeverry fue precisamente el encargado de revisar las cuentas del preconteo de votos del Pacto Histórico y de detectar un faltante en los votos al Senado. Gracias a su intervención se recuperaron cerca de 500.000 votos en el escrutinio, lo que permitió a la coalición obtener aproximadamente tres curules más de las proyectadas inicialmente.
En teoría, la llegada de Echeverry le daría al gobierno un voto adicional. Sin embargo, el precedente de Alba Lucía Velásquez sugiere que podría presentarse una recusación similar contra Echeverry, dado que también participó en la supervisión de los votos de la coalición de izquierda.
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Otro aspecto relevante es el posible vencimiento de los términos del proceso. La defensa del Pacto Histórico sostiene que ya se cumplieron los tres años establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para adelantar la investigación, por lo que el expediente debería ser archivado. Este argumento podría encontrar respaldo en distintos sectores de la sala plena.
El ministro de Defensa confirmó que no se usaron drones. Foto:
JUAN SEBASTIÁN LOMBO DELGADO
Redacción política