Los escenarios políticos para el gobierno Petro que deja el escándalo de la UNGRD y la imputación hecha por la Fiscalía

La imputación de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la UNGRD, respectivamente, por el entramado de corrupción en la entidad que lideraban confirmó las versiones de las extensas ramificaciones que tendría el caso en las esferas políticas nacionales. Fueron salpicados al menos tres funcionarios –Carlos Ramón González (Director de la DNI), Ricardo Bonilla (ministro de Hacienda) y César Augusto Manrique (director de la Función Pública)- y al menos nueve congresistas, incluyendo a los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle.

Apenas el caso comienza en los estrados judiciales, pero la duda es las implicaciones políticas que tendrá en el mundo político. Al consultar a expertos, congresistas y partidos políticos, se puede identificar dos principales áreas de impacto, el Gobierno y el Congreso. Ambos han quedado en entredicho y su legitimidad nuevamente se ha puesto en duda.

“La contundencia en términos probatorios va a tener un impacto en el gobierno y su gobernabilidad, su relación con el Congreso”, indicó el profesor Jorge Iván Cuervo, de la Universidad Externado. Y es que, como dijo el académico, desde antes de la imputación había serias dudas sobre la forma en la que el Ejecutivo había ganado gobernabilidad en el Legislativo.

La oposición ha hecho fehaciente este punto en distintas ocasiones con los señalamientos de que los proyectos sociales habrían sido aprobados gracias a la corrupción.

“Ya no son solamente Sneyder Pinilla y Olmedo López quienes están acusando al Director de la DNI, Carlos Ramón González, y al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, de haber participado en todo el entramado criminal en el que se compraron consciencias de congresistas, sino que ahora es la fiscal 79 ante la Corte Suprema de Justicia”, dijo el representante por el Centro Democrático, Andrés Forero.

En ese sentido, no solo son las dudas de la legitimidad del Gobierno, sino que ya se comienzan a pedir las salidas de los implicados. Congresistas y otros han comenzado a catalogar como insostenibles a González y Bonilla, ambos cercanos al primer mandatario. Sobre este último también está el hecho de que el primer mandatario lo calificó como ‘inamovible’ de su cargo en el remezón recién finalizado, bajo el argumento de que debía haber continuidad en el equipo económico.

Aunque en un principio, antes de las audiencias, el presidente Petro salió en defensa de Bonilla, “es un ministro honesto. Cuando están acorralando gente honesta, tengo que defenderla. Y tengo que decir que el ministro de Hacienda no se ha robado un peso. Los contratos de los que hablan ni siquiera fueron firmados”, ahora ha marcado distancia de los implicados en sus trinos: “No voy a defender a nadie en este proceso de la UNGRD, aunque sé que por defender el botín se acusarán inocentes. La justicia resolverá”.

Ante los señalamientos, el ministro Bonilla aseguró que sigue “con respeto y atención” la labor de la Fiscalía. Además, puntualizó que, a su criterio, “preguntar por un trámite no es ‘direccionar’, que ejecutar un presupuesto no es entregar plata, que reunirse para revisar una agenda oficial no es concertar irregularidades, que recibir congresistas en demanda de soluciones para sus regiones no es comprar votos”. 

El jefe de la cartera de Hacienda insistió que tanto él como su despacho han “cumplido con sus funciones” y reiteró su disposición a “ser escuchado” y a que las autoridades recauden el material necesario. “Cuando esto se haga estoy seguro que la Fiscalía llegará a una sola conclusión: los delitos los cometieron otros y los delincuentes son otros”, concluyó.

“Ante los recientes hechos relacionados con la UNGRD, me veo en la obligación de aclararle a la opinión pública que mi inocencia es irrefutable. Jamás he ordenado a alguien cometer delito alguno”, señaló, por su parte, Carlos Ramón González.

El caso, de llegar a materializarse las denuncias, podría abrir nuevos cambios en el gobierno Petro por fuera del remezón que ya había terminado, según fuentes de la Casa de Nariño.

No obstante, también han salido algunos a tratar de bajarle el alcance a los pedidos de cambios en el gabinete y no necesariamente han sido de los afines al gobierno. Por ejemplo, el nuevo presidente del Senado, Efraín Cepeda, fue uno de los que trató el tema por fuera de los pedidos de renuncia.

“Álvaro Gómez decía que a la gente hay que creerle. Él ministro ha dicho que él no es ejecutor del gasto. Hay que anteponer una presunción de inocencia. Conozco al ministro como un hombre serio, limpio. Creo que va a salir airoso”, dijo Cepeda, que al mismo tiempo pidió un apoyo a la justicia para que pueda cumplir con su tarea.

En ese grupo también estuvo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo: “No conozco la (audiencia de) imputación. El ministro Bonilla ha pedido que lo escuchen en la Fiscalía. Yo creo que todo el país conoce de la trayectoria y la honorabilidad del ministro Bonilla. Tendrá derecho a defenderse en la Fiscalía y de las imputaciones”. 

Por otro lado, como señala Cuervo, la dignidad presidencial comienza a verse en entredicho. Este recordó que algunos de los mencionados son del seno del mandatario. “Estamos muy cerca del presidente, se tiene que indagar la posible responsabilidad del Presidente en términos de conocimiento. Solo lo puede hacer la comisión de acusaciones”, indicó.

Un Congreso con dudas sobre cómo proceder

Por otro lado, en el Congreso, el tema pasa porque las posturas más fuertes están en la oposición. El resto ha buscado no ser tan duro, sobre todo al tener compañeros de bancada salpicados en el escándalo.

“Esperar los pronunciamientos oficiales de las autoridades y atenernos a lo que ellas digan. Pedirle al país mucha prudencia pero, sobre todo, mucha diligencia para que esas autoridades hagan lo que conviene y sancionen esos hechos de corrupción que ponen en riesgo a las instituciones”, dijo Nadia Blel, nueva presidenta del Partido Conservador.

Como Blel, la mayoría de las colectividades han tenido una posición similar, ni siquiera en la oposición han sido vehementes con sus compañeros de bancada. Sin embargo, los consultados coinciden en que es obvio que el tema de la UNGRD va a afectar el desempeño de la agenda legislativa y, al menos, enrarecerá el ambiente.

En este grupo figura el nuevo presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca. “Sí enrarece un poco el ambiente político, es innegable, pero no va a parar lo legislativo. Tenemos la responsabilidad de cumplir con una ambiciosa agenda y hacer las cosas bien en función del país”.

Los expertos sí se atreven a decir que habría afectaciones directas al trámite del paquete legislativo del gobierno Petro. Por ejemplo, para la analista María Lucía Jaimes, va a ser muy difícil que Bonilla tenga legitimidad para tramitar el presupuesto y una reforma tributaria.

“Hay implicaciones de cara al nuevo presupuesto. Las discusiones van a estar marcadas por cómo se involucra el ministro en este escándalo. Hemos visto que el ministro dice que se necesita una nueva tributaria y la legitimidad será muy compleja para pedir la plata. Es un momento en que la oposición tendrá que aprovechar para hacer un control político exhaustivo”, indicó Jaimes.

En ese sentido, Gonzalo Araujo, de la firma analista Orza, indicó que Juan Fernando Cristo tendrá una carga muy fuerte como nuevo ministro del Interior. “Va a tocar navegar las aguas turbulentas de las denuncias y acusaciones producto de las confesiones de los implicados en el escándalo de los carrotanques y lo que se podría llamar la Olmedopolítica”, indicó el experto, que aseguró que Bonilla quedó muy comprometido para impulsar proyectos.

Jorge Iván Cuervo mencionó otro aspecto a tener en cuenta y es la relación Congreso-Gobierno. Este, como había dicho el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, habló de un ambiente enrarecido. “El presidente se le puede ir el tiempo defendiéndose y se le puede enredar la gobernabilidad”, indicó Cuervo, que añadió que esto podría frenar de tajo el paquete social y otras propuestas del gobierno Petro.