El Gobierno de Gustavo Petro ya está preparando la que será su tercera reforma tributaria: la primera la sacó adelante a finales del 2022 por 20 billones de pesos, la meta más ambiciosa de la historia, el segundo intento fue el año pasado a través de una fallida ley de financiamiento por 12 billones de pesos que buscaba resolver su presupuesto desfinanciado y ahora alista su tercer proyecto para encontrar los recursos que le permitan poder cuadrar las cuentas de este 2025.
Si bien lo mínimo que buscará recaudar el ministro de Hacienda, Diego Guevara, serán 12 billones de pesos –los mismos recursos que se encuentran congelados en diferentes carteras y que afectarán a proyectos clave como la primera línea del Metro de Bogotá- sus pretensiones podrían ser mayores.
El Presupuesto del 2025 está desfinanciado por 12 billones de pesos. Foto:iStock
Para ello, lo primero que revisará la cartera económica será volver permanentes los impuestos temporales que se acaban de crear bajo la declaratoria del estado de conmoción interior por la situación de violencia acontecida en la región del Catatumbo, en el Norte de Santander. “Buscaremos el escenario legislativo para incluir los nuevos impuestos de conmoción en la reforma”, confesó esta semana Guevara.
Estos son tres y, de entrada, según el decreto emitido por el Gobierno, se aplicarán hasta el 31 de diciembre de este año. El primero es un IVA de 19 por ciento a los juegos de suerte y azar en línea, el segundo es una tarifa de 1 por ciento a la primera venta de la extracción o exportación de petróleo y carbón y el tercero se trata de un tributo de timbre de 1 por ciento sobre aquellos instrumentos públicos y documentos privados (por ejemplo, títulos valores, avales o garantías).
En total, el Gobierno espera recaudar este año alrededor de 3 billones de pesos por estos tres nuevos tributos: 1,3 billones de pesos vendrían de los juegos de suerte y azar, 1,2 billones de pesos a las industrias extractivas y otros 500.000 millones del timbre.
Los más afectados
Esta noticia no ha sentado bien al sector minero-energético, el cual ya recibió en la tributaria del 2022 una sobretasa de renta en función del precio internacional. Adicional a ello, aunque en esa reforma se les impidió deducir las regalías posteriormente la Corte Constitucional lo declaró inexequible.
Según la Asociación Colombiana de Minería (ACM), la imposición de un impuesto a la primera venta y exportaciones de carbón representa un nuevo “obstáculo” para el desarrollo del sector y desincentiva la inversión en un momento en que el país necesita atraer capital y generar empleo.
El petróleo pagará una nueva tarifa por decreto de conmoción. Foto:iStock
“En lugar de incentivar el crecimiento del sector, el Gobierno con sus decisiones sigue sobrecargándolo de impuestos, regulaciones y restricciones que lo hacen poco atractivo para el capital y la inversión. Este impuesto a las ventas nacionales de carbón afecta los costos de la producción industrial y los de generación eléctrica, es decir, lo terminaremos pagando millones de colombianos con las facturas de la luz y con el incremento del costo de vida”, afirmó Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM.
En la misma línea, Carlos Cante, presidente ejecutivo de Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón), recalca que con este impuesto, que se fija por el resto del año y no solo los 90 días que determina la conmoción interior, se limitan las posibilidades de mover, comercializar, industrializar y exportar los carbones térmicos y metalúrgicos de la pequeña minería del país.
“Grava tanto a los carbones térmicos como metalúrgicos, sin importar la escala de producción. No solo se verá afectada la gran minería de carbón, sino también la mediana y pequeña minería”, sostuvo.
Desde la industria de los juegos también alertaron que la decisión de poner un IVA de 19 por ciento a las plataformas en línea pone en riesgo la estabilidad del sector, pues a diferencia de otros operan con márgenes específicos, sistemas automatizados y contratos preestablecidos, por lo que cualquier cambio tributario exige modificaciones en los términos contractuales y en la configuración de las plataformas.
“Esta medida llevará la carga tributaria del sector al 70,5 por ciento, dejando a las empresas con menos del 29,5 por ciento para operar, lo que afecta gravemente su competitividad y sostenibilidad”, expresó Evert Moreno, presidente de Fecoljuegos, quien dijo que sin un periodo de transición los operadores enfrentarán serias dificultades para cumplir con los nuevos requisitos, lo que podría derivar en la suspensión parcial o total de actividades.
En los juegos de azar están las plataformas digitales, los casinos, tragamonedas y bingos. Foto:iStock / Archivo EL TIEMPO
¿Qué otros impuestos vendrían?
Al igual que en el proyecto de ley de financiamiento que se cayó en el Congreso, el Gobierno contempla analizar la posibilidad de reducir de manera gradual la tarifa general de renta que pagan hoy en día las empresas y que se ubica en 35 por ciento. El año pasado la propuesta fue bajarla a un 30 por ciento, a excepción de las compañías de petróleo y carbón. Adicional a ello, se buscó que las pequeñas pagaran solo un 27 por ciento.
Otro tema que piensa incluir Guevara en la nueva tributaria es la posibilidad de que el Gobierno pueda pagar la deuda de la opción tarifaria que tienen los usuarios de energía eléctrica. Hay que recordar que esta sube cada mes porque las empresas siguen poniendo más de 300.000 millones de pesos para financiar los subsidios a las personas de los estratos 1, 2 y 3.
La situación es tan crítica que hace unos días el gerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM), John Maya, le envió una carta al ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, en la que expresó su preocupación por el riesgo en el que se encuentra la prestación del servicio público domiciliario de energía y advirtió de la “inminente” interrupción del servicio si no llegan el pago de los subsidios.
El Ministerio de Hacienda busca poner más impuestos. Foto:iStock
Finalmente, el ministro también baraja analizar qué impuestos se podrían poner en la nueva era digital. Por ejemplo, en la ley de financiamiento que se cayó se contempló cobrar IVA a la importación de bienes objeto de tráfico postal, envíos urgentes o envíos de entrega rápida cuyo valor no excediera los 200 dólares –hoy exentos– porque se estarían utilizando para actividades irregulares. Dentro de estos, estarían los paquetes de las grandes plataformas tipo Amazon.
De la misma manera, el ministro Guevara también ha abierto la posibilidad de revisar la exención de tributos que tienen hoy en día las iglesias.
¿Qué traía lo que se cayó?
La ley de financiamiento que se hundió también contemplaba un impuesto al carbono, así como la reducción gradual del umbral de entrada al impuesto al patrimonio y el incremento del impuesto a las ganancias ocasionales.
Adicional a ello, en su última versión también buscaba que las personas con multas pendientes impuestas pudieran acogerse, por una única vez, a un descuento del 50 por ciento del total de su deuda y del 100 por ciento de sus respectivos intereses.