De llegar a materializarse la propuesta de la reforma tributaria que busca eliminar el Régimen Simple de Tributación (RST), más de 130.000 micro y pequeñas empresas del país se verían forzadas a regresar al sistema ordinario, lo que según algunos expertos podría elevar sus cargas fiscales y complicaría el pago de sus impuestos empujándoles de nuevo a la informalidad.
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El régimen simple nació en el gobierno de Iván Duque para que los pequeños negocios como tiendas, minimercados o peluquerías, entre otros, pudieran cumplir con sus obligaciones tributarias de una manera más sencilla y así poder impulsar su formalización. De este modo, desde el 2019 los que se apuntaron pudieron consolidar varios impuestos en una sola declaración anual (renta, industria y comercio, consumo,…) con tasas diferenciadas en función de sus ingresos, lo que ayudó a reducir sus cargas.
En estos seis años, se han inscrito 155.510 pequeños empresarios (con corte a julio del 2024) y en la actualidad quedan vigentes unos 132.000, de los que 59 por ciento son personas jurídicas y 41 por ciento naturales. El mayor número de negocios apuntados se presentó en el 2023, con 50.470.
Además, en este periodo el recaudo acumulado llega a 5,8 billones de pesos. El mejor año fue el 2023 cuando la cifra alcanzó los 1,8 billones de pesos.
La mayoría están inscritos en Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Atlántico, pertenecen a actividades profesionales, científicas y técnicas, de comercio y manufactura y tienen ingresos brutos inferiores a 100.000 UVT, es decir, unos 4.706 millones de pesos al año, unos 392 millones al mes.
Estas cifras contrastan con lo logrado con estrategias anteriores como el monotributo, sistema que fracasó porque solo tuvo 99 inscritos.
Críticas del Gobierno
Una de las razones del Gobierno para eliminarlo es que al régimen se inscribieron una gran cantidad de empresarios que ya estaban formalizados. En cambio, lo que proponen es que las pequeñas empresas, aquellas con una renta inferior a esos 295 millones de pesos, queden con una tarifa permanente de 27 por ciento.
“Más que llevar a la formalidad a personas informales propició que los que pagaban una tarifa normal pasaran al régimen y tuvieran una menor tributación”, aseguró el ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes.
Al revisar las cifras, se evidencia que del total de inscritos desde su creación, el 45 por ciento son contribuyentes que no estaban formalizados y el 55 por ciento de ellos ya tenían registro único tributario (RUT).
Sin embargo, al analizar lo sucedido año a año, sí se evidencia que desde el 2023 empezaron a entrar al régimen más personas formales de las que eran informales. Así, por ejemplo, en ese año el 65 por ciento de los inscritos ya tenían previamente RUT, es decir que ya eran formales, frente a un 35 por ciento que no.
Según Julio Lamprea, exdirector de Ingresos de la Dian, lo sucedido puede explicarse debido a que la nueva administración de la Dian no priorizó su difusión como una herramienta de formalización empresarial.
Otra de las críticas que hizo el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, es que el sistema no logró cumplir las expectativas de recaudo. “La evaluación que hace la Dian es que no funcionó. La prueba empírica es que el recaudo que se tuvo con el impuesto de industria y comercio (ICA) fue muy bajo. Este recauda 14 billones de pesos y en el simple solo se lograron 200.000 millones de pesos en el 2023”, le aseguró a este medio.
En este sentido, las cifras de la Dian indican que el año pasado el recaudo del régimen simple fue de 1,8 billones de pesos, de los que 246.600 millones de pesos fueron a través del ICA. Adicional a ello, en lo acumulado entre enero y julio ya van otros 1,8 billones de pesos.
“Se estima que entre el 10 y el 12 por ciento corresponde al ICA, un impuesto que por ley se debe transferir a los municipios. Estimamos que desde el 2019 se han debido transferir cerca de 650.000 millones de pesos a los municipios y se esperaría que solo en el 2024 se transferirían cerca de 438.000 millones de pesos”, dijo Lamprea.
¿Qué pasa si se elimina?
Hay opiniones divididas entorno a eliminar o no el régimen simple de tributación. Los que piensan que es una mala idea argumentan que les cerraría a muchos la puerta a la formalización.
Para Lisandro Junco, exdirector de la Dian, eliminar el simple sería un “duro” golpe para la economía popular. “Podría revertir lo logrado en términos de formalización. Una pastelería paga una tarifa de 1,6 por ciento, que incluye los impuestos municipales, pero sin el simple tendría que pagar: renta de 27 por ciento e ICA de 1 por ciento, para empezar”, dice el experto, que implementó el sistema.
Igualmente, Lamprea pone el siguiente ejemplo: si una persona natural que se dedica a actividades de peluquería con ingresos de 400 millones al año y una utilidad bruta del 30 por ciento formalizó su negocio y a sus 5 empleados con el simple tendría un incremento del 63 por ciento de su impuesto sin contar con el hecho de que se volvería responsable del IVA y tendría que asumir todas las complejidades relativas al régimen ordinario.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) aseguró en su reciente informe sobre Colombia que hay indicios de que el régimen está ayudando a ampliar la base impositiva, puesto que las empresas ya no tienen que registrarse por separado en las distintas autoridades tributarias, sino que solo tienen que inscribirse una vez en el sistema. “Ampliar el régimen a todas las actividades económicas e incluir gradualmente las de la economía popular sería útil para reducir la informalidad y aportar el crecimiento empresarial”, se puede leer.
De otro lado, hay quienes como el Gobierno consideran que podría ser positivo eliminarlo si al mismo tiempo se introduce una tarifa marginal de renta de 27 por ciento para los pequeños negocios.
“Con la introducción de un régimen de tributación a las empresas con tarifas marginales que inician en el 27 por ciento, consideramos positiva la eliminación del simple”, aseveró Luis Fernando Mejía, director del centro de pensamiento Fedesarrollo, quien en múltiples ocasiones ha alertado sobre la inconveniencia de haber incluido a los independientes de servicios profesionales con altos ingresos como elegibles del simple.