La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a dos exfuncionarios de la administración de Daniel Quintero, quienes ejercieron como gerentes de Metroparques, una entidad descentralizada del Conglomerado Público de Medellín— por presunto peculado por apropiación que sería superior a los 2.800 millones de pesos.
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Se trata de Jorge Enrique Liévano Ospina —quien ajustó su tercera imputación esta semana luego de que el ente acusador lo señaló de cometer presuntas irregularidades en contratos para el mantenimiento de zonas verdes y la realización de eventos recreativos y deportivos— y María Eugenia Domínguez Castañeda.
También están implicados en el caso Juan Alexander Pino Jaramillo, Fabio Miguel Mestra Espitia y Yamileth Galíndez Chilito, representantes legales de las empresas JPino S.A.S., Estructuras Zafiro S.A.S. y 1 Soluciones S.A.S., respectivamente, los cuales fueron contratistas de Metroparques para las obras de mantenimiento del Parque de las Aguas.
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Los cinco investigados también deberán responder por los delitos de asociación para cometer delitos contra la administración pública, contratos sin cumplimiento de los requisitos legales e interés indebido en celebración de contratos.
Según la investigación adelantada por la Fiscalía, entre mayo de 2020 y diciembre de 2022, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá habría suscrito tres contratos interadministrativos para entregar a Metroparques 17.450 millones de pesos con el fin de adelantar el mantenimiento del espacio recreativo ubicado al norte del Valle de Aburrá.
La entidad ejecutora, al parecer, entregó mediante invitación privada a la empresa JPino S.A.S más de 2.415 millones de pesos para ejecutar las labores. Con el mismo propósito fueron entregados 1.131 millones de pesos a 1 Soluciones S.A.S., la cual habría resultado ser una empresa de papel porque no se conoce su contabilidad, y 848 millones de pesos a Zafiro S.AS.
Los análisis realizados a la contratación en los años anteriores le permitieron establecer a los investigadores que, a partir de 2020, el Área Metropolitana habría cambiado la modalidad de contratación para el mantenimiento de Parque de las Aguas, “vulnerando la igualdad y la pluralidad de oferentes”, dijo Yiri Milena Amado, directora de Fiscalías Medellín.
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“También se determinó que durante la ejecución de los citados contratos, al parecer, se presentaron sobrecostos en la facturación, mal manejo de los inventarios y no aporte de información de manera clara y oportuna, conductas que habrían permitido que más de 2.800 millones de pesos fueron a parar a manos de particulares”, agregó la fiscal.
Los procesados no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación. En los próximos días y por los mismos hechos, el ente acusador imputará a un exgerente del Área Metropolitana.
Las otras imputaciones
Esta semana se adelantaron otras dos imputaciones por presuntas irregularidades en contratación en el Conglomerado Público de Medellín. El primer caso tiene que ver con el mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad.
Los imputados fueron la exsecretaria de Infraestructura, Natalia Urrego Arias; el exgerente de Metroparques, Jorge Enrique Liévano y la contratista Luz Eliana Henao Rodríguez. A los tres se endilgaron los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, asociación para la comisión de delitos contra la administración pública e interés indebido en la celebración de contratos.
El contrato al que hace alusión la Fiscalía fue firmado en octubre de 2020 y fue suscrito por la secretaría de Infraestructura Física de Medellín con Metroparques por 5.250 millones de pesos para el manejo de las zonas verdes de la ciudad.
Caso zonas verdes Medellín
Ninguno de los tres procesados aceptó los cargos, por lo que el proceso seguirá su curso y, en caso de ser hallados culpables, podrían pagar una pena de 64 meses de prisión.
De acuerdo con el ente acusador, en este proceso, Metroparques, a través de invitación privada, convocó a tres empresas de un mismo núcleo familiar y escogió entre ellas a la que ejecutó el contrato. En la audiencia se informó que eran tres las empresas que buscaban hacerse con dicho contrato: Reforestadora El Líbano, Construgeo SAS y Mascampo.
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El fiscal del caso reveló que Luz Eliana Henao, representante legal de Reforestadora El Líbano es la esposa de Asdrubal Vélez, quien aparece como propietario de Construgeo y sus hijos son los representantes legales. Finalmente, Yuliana Henao Rodríguez, hermana de Luz Eliana Henao, es la representante legal suplente de la tercera empresa participante.
En dicha audiencia, indicaron que tanto la exsecretaria Urrego y el exgerente de Metroparques no realizaron el respectivo estudio de mercado que determinara que esas tres empresas eran las idóneas para la realización de dicha labor, además que la diferencia entre las tres propuestas era de 64.000 pesos.
El segundo caso tiene que ver con presuntas irregularidades en contratos para la recreación y el deporte de los jóvenes de Medellín con recursos del Presupuesto Participativo.
En este proceso fueron imputados el exgerente de Metroparques, Jorge Enrique Liévano; y el representante legal de la empresa contratante Cyan, Mauricio Jaramillo Botero. De acuerdo con la Fiscalía, el contrato investigado fue suscrito en septiembre de 2020 entre las partes “para garantizar el apoyo logístico para la realización de eventos recreativos, deportivos y de actividad física en Medellín”.
“El contrato fue celebrado en septiembre de 2020 y debía ser ejecutado en dos meses; pero habría recibido tres adiciones presupuestales que incrementaron injustificadamente su valor a 24.205 millones de pesos y además, se realizaron prórrogas que prolongaron el plazo de ejecución hasta el 2022″, explicó la Fiscalía.
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Por estos hechos, Liévano fue imputado por los delitos de asociación para cometer delitos contra la administración pública, en calidad de autor; suscripción de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. En estos últimos, la imputación fue en caso de coautor.
Por su parte, a Jaramillo Botero le formularon imputación por los delitos de asociación para cometer delitos contra la administración pública, suscripción de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. El primer delito en calidad de autor y los otros en calidad de coautor.
Ninguno de los dos indiciados se allanó a los cargos. En el caso de peculado por apropiación, la Fiscalía argumentó que el monto sería superior a los 3.700 millones de pesos.
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